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Denuncian masacre de ladrones en Ecuador

El detective Pablo Díaz Naranjo, quien denunció los asesinatos.
El detective Pablo Díaz Naranjo, quien denunció los asesinatos. El Nuevo Herald

Pocos parecían creer en la historia de Pablo Díaz Naranjo. Este detective privado del Ecuador que participó en el 2007 en el frustrado rescate de una histórica custodia religiosa con más de 3,500 incrustaciones de piedras preciosas, aseguraba que la operación había terminado en un fiasco macabro.

Según Díaz, los nueve sospechosos del robo, cinco colombianos y cuatro ecuatorianos, fueron torturados y ejecutados en poder de la policía en una masacre "celebrada con gritos de felicidad''.

Pero sus denuncias no tenían eco.

Pensaban que Díaz era una charlatán que estaba resentido porque el gobierno no quiso pagarle una recompensa de $1 millón por su participación en la operación.

Entonces Díaz, de 57 años, se dedicó a radicar memoriales en numerosas dependencias del gobierno ecuatoriano y de Colombia.

Quería dejar constancia no solamente del desdén oficial sino de la alegría que les causó a algunos funcionarios ecuatorianos enterarse de que las víctimas eran en su mayoría de Colombia, según copias de las denuncias en poder de El Nuevo Herald.

Díaz, quien trabajó en equipo con la policía ecuatoriana durante más de 20 años, tocó las puertas de la presidencia de Ecuador, donde fue recibido. Denunció además los hechos personalmente ante la Fiscalía General del Estado y en noviembre del 2008 ante la policía, describiendo detalles impresionantes.

"Lo que voy a decir es diabólico pero es la verdad. La masacre era celebrada con alaridos y gritos de felicidad cada vez que ejecutaban a cada uno de los secuestrados'', declaró Díaz ante la oficina de Asuntos Internos de la Policía del Ecuador, según una copia de la declaración obtenida por El Nuevo Herald.

La fiscalía desestimó las denuncias. Díaz debió dejar Ecuador bajo amenazas de muerte, según explicó, y se estableció en Miami en agosto del año pasado.

Ahora su insistencia y la perseverancia de su abogada en Ecuador, Djalma Blum, quien también representa a las viudas de dos desaparecidos, están rindiendo frutos.

El Nuevo Herald recibió de la presidencia del Ecuador una serie de documentos que reflejan que la investigación de Asuntos Internos de la Policía ha avanzado ostensiblemente en una dirección contraria a la exoneración de la fiscalía.

En uno de los documentos enviados por el subsecretario de Comunicación de la Presidencia, Patricio Barriga, se afirma que la policía ha realizado diversas diligencias para establecer la responsabilidad de los tenientes coroneles Marcelo González Villagómez y Eduardo Mosquera, que fueron denunciados por Díaz.

A raíz de la solicitud de El Nuevo Herald a la Presidencia sobre la situación de la investigación, Luis Carrera Hara, teniente de la policía a cargo de la pesquisa interna, explicó que se han adelantado numerosas diligencias y pidió una prórroga para la entrega de resultados argumentando la necesidad de practicar más pruebas.

La semana pasada, Blum dijo a El Nuevo Herald que fue informada por parte de la Comandancia General de la Policía que el reporte determinó la desaparición forzosa de dos ecuatorianos en manos de oficiales de la policía.

Según Blum, el informe es explosivo, y este proceso, que comenzó con un estruendoso fracaso policial en la recuperación de la custodia de Riobamba, una venerado tesoro colonial orgullo histórico del Ecuador, podría terminar en una corte internacional de derechos humanos por delitos de lesa humanidad.

Según Blum, el informe ya está en poder del Ministerio de Gobierno.

El Nuevo Herald intentó obtener copia del reporte de 500 páginas a través de Barriga pero los mensajes electrónicos con la solicitud no fueron respondidos.

Hasta ahora sólo se han identificado como desaparecidos a los ecuatorianos Wilson Fernando Bastidas Delgado y Enrique Omar Auria Martínez, alias El Diablo. Díaz y Blum aseguran que hay siete más cuya desaparición no ha sido denunciada posiblemente porque sus familiares temen represalias o no saben de lo ocurrido, dado que no se ha podido determinar su identidad.

En una agenda que se encontró en poder de Auria aparecen anotados nombres y apodos que podrían corresponder a algunos de los demás sospechosos, explicó Blum a El Nuevo Herald. Uno de ellos es "El Dino'', un ecuatoriano de quien se sospecha que organizó el robo de la custodia y otras reliquias. También aparecen "Colombia'', "Filemón'' y ‘‘Gone''.

Dos testigos de los hechos, explicó Blum, declararon que los policías lograron identificar el paradero de los miembros de la banda a través de una cadena de torturas en la que se forzaba al sospechoso a dar la ubicación del siguiente. Al final de la confesión, todos fueron ejecutados, agregó.

En el caso de los dos ecuatorianos identificados, explicó Blum, los captores les permitieron llamar a sus familiares antes de matarlos.

"Wilson llamó y me dijo que quería hablar con mi hija de ocho años, Samanda. Ella tomó el teléfono y cuando terminó de hablar me comentó: ‘Mi papi sonaba como raro. Me dijo que me quería mucho y que me vería pronto' '', recordó Priscila Correa Romero, esposa de Bastidas, en una conversación con El Nuevo Herald.

Después de que Samanda habló con su padre, Correa intentó retomar la conversación pero su esposo ya había colgado. Era el 3 de diciembre del 2007. Fue la última vez que supo de él.

"La niña me sigue preguntando cuándo es que su papá va a regresar'', dijo sollozante Correa.

Los dos sospechosos desaparecidos no tenían antecedentes de homicidio ni robo. Sólo figuraban como registradores de automóviles robados en el exterior, explicó Blum.

En varias entrevistas con El Nuevo Herald en Miami, Díaz aseguró que se enteró de las desapariciones de los sospechosos porque se lo comentó el teniente coronel González, quien entonces era su amigo y que dirigía la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE), de Guayaquil.

El Nuevo Herald trató de comunicarse con González, quien fue nombrado en un grupo élite de la policía en Guayaquil, pero no respondió llamadas a su celular.

Según Díaz "los delincuentes que negociaron la custodia conmigo fueron torturados, secuestrados y mantenidos en cautiverio en las oficinas de UNASE de Guayaquil por un espacio de un mes y medio sin fórmula de juicio y después fueron violentamente asesinados''.

Miembros de UNASE y del Grupo de Intervención y Rescate de la policía (GIR), fueron testigos de la situación, agregó.

Díaz está reclamando una recompensa de $1 millón por su participación en la frustrada recuperación de la custodia y otras reliquias que fueron robadas del Museo del Monasterio de las Madres Conceptas de Riobamba el 13 de octubre del 2007. Algunos han calculado el valor de la custodia en más de $100 millones. La acción fue considerada como "el robo del siglo''.

Con un peso de 36.5 kilos y un metro de altura, la custodia de oro macizo y plata fabricada en 1705, tiene incrustadas 400 esmeraldas, además de diamantes, rubíes, amatistas, zafiros y topacios.

El gobierno ecuatoriano se ha negado a aceptar el reclamo de la recompensa alegando que la participación de Díaz no fue fundamental para la identificación de la banda que se robó el tesoro.

"Díaz está montando una novela policíaca, él quiere que se le pague un millón de dólares para la recuperación y no hay ningún documento que establezca un compromiso con él'', afirmó Barriga.

Según Barriga, Díaz le ofreció un porcentaje de la recompensa a un alto funcionario del gobierno ecuatoriano a cambio de que le ayudara a tramitar el pago. El funcionario la rechazó. Díaz reconoció a El Nuevo Herald que hizo esa oferta porque esa es una costumbre generalizada en Ecuador.

Díaz mostró a El Nuevo Herald declaraciones judiciales del propio González y de monseñor Víctor Corral, en las que ambos afirman que participó activamente en la operación de recuperación de la custodia.

El Nuevo Herald preguntó a Díaz por qué esperó tres meses desde que se enteró de las muertes de los nueve miembros de la banda para denunciarlas y éste respondió que porque temía por su vida.

"Ya había recibido amenazas de muerte y temía por el resto de la banda que tenía la foto de mi familia'', explicó Díaz.

El operativo de recuperación de las reliquias fue una comedia de errores.

Díaz se había infiltrado en la banda presentándose como narcotraficante interesado en comprar la custodia en $5 millones. Para granjearse su confianza, les entregó a los ladrones una fotografía en la que aparecían él, su esposa y sus hijos. Su esposa lo abandonó cuando se enteró del riesgo de muerte en el que puso a la familia, reconoció Díaz.

Después de dos intentos por recuperar la custodia, al tercero los ladrones descubrieron que el dinero que les estaban entregando era falso.

"Un niño lo hubiera notado'', explicó Díaz, quien estaba en la reunión con Bastidas y Auria cuando estos hicieron el reclamo por la falsedad de los billetes en una habitación del Hotel San Ignacio, en Ambato, al sur de Quito.

Díaz sostuvo que él le había advertido a la policía que los ladrones se darían cuenta de inmediato de que el dinero no era auténtico, pero no le prestaron atención.

En medio de la discusión, un grupo de policías irrumpió en la habitación del hotel y los apresó. Díaz asegura que desde el primer momento los dos hombres fueron torturados para sacarles información sobre el paradero de los demás.

"Les metían agujetas por el pene'', relató Díaz.

La custodia nunca se recuperó. Se sospecha que fue desmembrada para venderla por piezas.

En su deambular por oficinas públicas para que escucharan sus denuncias, Díaz recuerda que un grupo de funcionarios ecuatorianos, al enterarse que cinco de los nueve sospechosos asesinados eran colombianos, "entraron en euforia y alagarabía porque según su perverso corazón nos habíamos desquitado con creces de lo que el gobierno de Colombia le hizo al Ecuador en Angostura''.

Se refería a la operación del ejército colombiano en territorio del Ecuador en marzo del 2008, en la que resultaron muertos el cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y el ecuatoriano Franklin Aisalla.

"Vamos cinco a uno'', le comentó uno de los funcionarios, según declaró Díaz.

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