México y la tragedia de los 43 desaparecidos
Todo comenzó como una típica protesta de estudiantes universitarios —como muchas otras— en el estado de Guerrero, en el sur de México. Sin embargo, en esta ocasión, la protesta en la ciudad de Iguala se hizo sangrienta tras desaparecer 43 estudiantes que todavía no han sido encontrados. Es una historia que revela hechos perturbadores, y demuestra cómo la policía, funcionarios electos y el crimen organizado trabajan juntos en México, cometiendo crímenes atroces. Muchas víctimas han sido torturadas, quemadas, decapitadas y enterradas en fosas colectivas. Hasta ahora esto es todo lo que sabemos.
Hace cuatro semanas, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa fueron a Iguala para protestar contra lo que dijeron eran prácticas laborales injustas. Esto no es nada inusual con los estudiantes, quienes han protestado muchas veces en Iguala. Sin embargo, el 26 de septiembre era un mal día para protestar, según el entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca, ya que su esposa, María de los Angeles Pineda, debía pronunciar un discurso con el que inauguraría un programa de servicio social para familias del que era directora. El evento de Pineda coincidió con la protesta estudiantil, y Abarca ordenó que la protesta se reprimiera a cualquier precio.
La policía confrontó a los estudiantes y en pocos minutos la situación se tornó violenta, según el procurador general. Aparentemente los estudiantes desarmados fueron el blanco porque estaban distrayendo la atención del espectáculo de la esposa del alcalde.
Al final del día, murieron seis personas y 43 estudiantes desaparecieron. En América Latina a los que “desaparecen” de forma misteriosa se les llama “desaparecidos”. A veces, los “desaparecidos” nunca se encuentran, pero nunca se olvidan. Gracias a la atención nacional e internacional, los que cometieron estos crímenes tendrán que responder ante la justicia.
Las sospechas de que el alcalde Abarca y su esposa tienen amistad con el cartel del narcotráfico conocido como “Guerreros Unidos” no son nuevas. Una periodista investigativa de México, Anabel Hernández, dice que María de los Angeles Pineda es un miembro activo de este violento grupo. Se sabe que algunos funcionarios y autoridades conspiran con el crimen organizado en México pero este caso destaca como pocos el nivel de corrupción que está comiéndose vivo al país.
“En los años 70, el gobierno mexicano pensó que podría usar y manipular a los carteles de la droga y controlarlos, pero el crimen organizado se ha vuelto muy poderoso. En la actualidad, estos carteles seleccionan y financian los candidatos políticos, incluyendo las campañas presidenciales”, dijo Hernández en una entrevista telefónica. Hernández vive bajo amenaza de muerte por sus reportajes. México es un país donde los periodistas que le hacen la vida difícil al gobierno y a los narcotraficantes con frecuencia son asesinados. Desde el 2006, 80 periodistas han sido golpeados, asesinados a tiros, decapitados y acuchillados en México.
Hernández también afirma que el presidente Enrique Peña Nieto ha actuado con demasiada lentitud para responder a esta crisis porque su administración está implicada.
“El clamor y las protestas en las calles de México y del extranjero se deben a que Peña Nieto se demoró mucho en reaccionar. Le dio tiempo al alcalde y a su esposa para que escaparan”, dijo Hernández de la pareja, que en la actualidad son fugitivos. Hernández cree que Peña Nieto está tratando de ocultar las conexiones que podrían revelar la participación de su gobierno con narcotraficantes. Hernández sabe de lo que está hablando, ya que es una experta en carteles mexicanos: es la autora del bestseller Los señores del narco, que se publicó en inglés con el título de Narcoland.
Lo que convierte al caso de Iguala en algo más alarmante es que un periódico, Reforma, ha vinculado a los estudiantes con el crimen organizado, y dijo que trabajaban con un cartel rival y estaban armados. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas que respalden esta afirmación. Los estudiantes, los conductores de autobús y hasta los miembros del departamento de policía local que les dispararon a los estudiantes no han hecho semejantes declaraciones. La policía dijo que jefes estatales y federales les dieron la orden de disparar.
En la búsqueda de los estudiantes, se hallaron 11 fosas colectivas con restos de docenas de víctimas cuyas identidades aún se desconocen. Ninguna pertenece a los estudiantes desaparecidos. Increíblemente, pocos han quedado sorprendidos de que este tipo de tumbas existieran. Desafortunadamente, son algo común; más de 70,000 muertes se han atribuido a la violencia del cartel desde el 2006.
Esta tragedia tiene enormes implicaciones no sólo para la estabilidad del gobierno de Peña Nieto sino también para Estados Unidos, que ha invertido mucho y trabajado estrechamente con las fuerzas mexicanas de seguridad para enfrentarse a estos carteles. Los mexicanos tienen razón cuando exigen que Peña Nieto tiene total responsabilidad en lo ocurrido. EEUU no debe exigir menos. Las familias de los estudiantes desaparecidos sólo quieren el regreso de sus hijos y que haya justicia.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de noviembre de 2014, 7:00 a. m. with the headline "México y la tragedia de los 43 desaparecidos."