Fabiola Santiago

El conflicto de interés de algunos legisladores en Florida

El presidente de la Cámara de la Florida, Richard Corcoran (centro), y otros legisladores al final de la sesión legislativa, el 8 de mayo, en Tallahassee, Florida.
El presidente de la Cámara de la Florida, Richard Corcoran (centro), y otros legisladores al final de la sesión legislativa, el 8 de mayo, en Tallahassee, Florida. AP

Las abarcadoras leyes de ética de la Florida son una broma.

Si no lo fueran, estas protegerían a los floridanos de legisladores que sacan ganancias de las escuelas charter en su vida privada, y que han estado apoyando y aprobando activamente leyes para financiar escuelas privadas con ánimo de lucro a expensas de la educación pública.

Algunos legisladores ganan un sueldo vinculado con las escuelas charter.

Uno de ellos es el representante Manny Díaz, el republicano de Hialeah que gana un sueldo de seis cifras como director de operaciones de la escuela charter Doral College y es miembro de la Comisión de Educación y de la Subcomisión de Adquisiciones para la Educación de Niveles K-12.

Algunos legisladores tienen parientes cercanos que son fundadores de escuelas charter.

Uno de ellos es Richard Corcoran, el poderoso presidente de la Cámara de Representantes y republicano de Land O’Lakes cuya esposa fundó una escuela charter en el condado Pasco que se beneficia de las leyes por la cuales aboga y vota su esposo. Corcoran estuvo el miércoles en Miami predicando el evangelio de las escuelas charter como “constructoras de mentes magníficas”.

Otros legisladores son fundadores o tienen lazos con fundaciones o entidades conectadas con escuelas charter.

Uno de ellos es el representante Michael Bileca, el republicano de Miami que preside la Comisión de Educación de la Cámara, y quien aparece listado como director ejecutivo de la fundación que financia True North Classical Academy, a la que asisten los hijos de otro legislador. Bileca también fue fundador de esta escuela.

Estos legisladores fueron tres de los principales arquitectos de la aprobación de un proyecto de ley para la educación por valor de $419 millones que desvía millones de dólares de las escuelas públicas para expandir la industria de las escuelas charter en la Florida a expensas de los contribuyentes.

Ellos elaboraron las partes más importantes del proyecto de ley para la educación HB 7069 en secreto, lo cual es una posible violación de las leyes de gobierno abierto que la Legislatura está constantemente tratando de socavar. No se permitió debate alguno y los educadores del estado no tuvieron voz en el proceso.

No es extraño que todo se hizo entre bambalinas. Es un claro conflicto de interés para los miembros de la Legislatura de la Florida que tienen participación en las escuelas charter votar a favor de financiarlas y expandirlas. Sus votos debilitan a la competencia: las escuelas públicas.

Este asunto no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de la opción de escuelas. Se trata de abuso de poder y de posibles violaciones de los estatutos de la Florida.

El proyecto de ley financia, a un nivel de $140 millones, la expansión de escuelas charter con afán de lucro en los barrios donde hay escuelas públicas evaluadas como D y F, lo cual no sólo entrega fondos públicos al sector privado, sino que permite y anima a las escuelas charter a llevarse a los mejores estudiantes. En vez de entregar esos recursos públicos a las escuelas públicas con problemas, la Legislatura está convirtiendo la educación financiada con fondos públicos en dos sistemas escolares. En el sistema de las escuelas públicas, que tiene problemas, pero también presenta grandes logros, donde las opciones ya existen por medio de los programas Magneto, existen sistemas de supervisión y regulaciones que aseguran el cumplimiento de los estándares. El sistema de las escuelas charter –el cual desde su creación ha demostrado una muy amplia gama que incluye fracasos bien documentados– es un relajo. Las corporaciones privadas que operan las escuelas dictan sus propias reglas.

Y, como si regalarles $140 millones no fuera un pillaje suficiente, se exigirá a los distritos escolares que compartan con las escuelas charter fondos federales de Título 1 que se entregan a las escuelas con los estudiantes más necesitados, y fondos provenientes de los impuestos a la propiedad para la construcción de escuelas.

Es escandaloso. No se trata sólo de un regalo, un ejemplo de prestación de fondos públicos a corporaciones privadas, sino además un atraco a las escuelas públicas que necesitan desesperadamente fondos estatales. Y todo en nombre de beneficiar la expansión de una industria de la cual se benefician los legisladores y sus familias.

En el caso de Díaz, él está constantemente proponiendo legislación que beneficia a las escuelas charter. Su voto afecta a su competencia –las escuelas públicas– y beneficia a la industria de la que vive. Y, en lo que se refiere a financiar Miami Dade College, una institución vital para sus constituyentes, ¿sale él en su defensa? De eso nada. Vota para dar al MDC el peor recorte de fondos de su historia: casi $14 millones. Es una pena que los votantes no saquen a Díaz de su puesto.

Hay más legisladores, tanto en la Cámara como en el Senado, que tienen vínculos con las escuelas charter. Sus votos permitieron que este proyecto de ley se aprobara en ambas cámaras. ¿Cuánto más descarados y escandalosos tienen que ser los vínculos de estos legisladores con las escuelas charter antes de que se apliquen las leyes de ética?

El proyecto de ley de presupuesto de la educación está contaminado. El gobernador Rick Scott debería vetarlo y poner a la Legislatura a trabajar de nuevo en él, pero no en la trastienda, sino a la luz.

Estaría enviándoles el mensaje de que está de parte de los floridanos, no de unos legisladores que sacan provecho personal del servicio público.

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