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Fabiola Santiago

Trump no para de intentar empeorarle la vida a los inmigrantes con nuevas reglas

Sandro Laguerre, de 9 años, celebra su naturalización como ciudadano de EEUU el 12 de agosto en Miami.
Sandro Laguerre, de 9 años, celebra su naturalización como ciudadano de EEUU el 12 de agosto en Miami. skaestle@miamiherald.com

Nada está fuera de límites para el presidente Donald Trump en su afán de dar marcha atrás a los cambios demográficos que hacen de Estados Unidos una nación diversa.

Esto quedó claro cuando no tuvo reparos en ordenar que separaran a los niños centroamericanos de sus padres que buscaban asilo en la frontera, y sigue siéndolo, ya que ahora viola una orden judicial de reunir a todos los niños con sus seres queridos.

Después del horror de la separación, es difícil creer que la vida pueda empeorar para los inmigrantes en este país.

Pero, en la búsqueda de estrategias que desalientan y restringen la inmigración, legal o de otro tipo, Trump no se detiene al utilizar a los niños para perseguir a los padres inmigrantes.

Su última vil idea es una regla que amplía la definición de lo que es “una carga pública”. Bajo regulaciones más estrictas, su administración negaría las tarjetas verdes de residencia y la ciudadanía a los inmigrantes que utilizan programas de asistencia pública como Medicare, Medicaid, CHIP y SNAP. La asistencia para la vivienda y los subsidios de medicamentos de Medicare para personas mayores de bajos ingresos también quedan incluidos.

Con esta medida, una vez más, los padres se verán obligados a tomar decisiones salomónicas.

¿Eligen renunciar a la atención médica para ellos y para sus hijos, o corren el riesgo de que se les niegue un estatus legal permanente? ¿Dejan sin medicamentos caros a los abuelitos que cuidan a los niños para que ellos puedan trabajar?

¿Rechazan el almuerzo escolar y el desayuno gratuito al que tendrían derecho los niños? Bajo Trump algo tan inocuo como esto en su historial, puede convertirse en la excusa para negarles la residencia y, finalmente, la ciudadanía.

En estados con altas poblaciones de inmigrantes como la Florida, esto significa que cientos de miles de niños no recibirán atención médica, ni comidas con cupones de alimentos o almuerzos y desayunos escolares.

No solo está castigando a los adultos que ingresaron ilegalmente, o a adultos, ya documentados que trabajan arduamente para merecer la ciudadanía. También está castigando a los estadounidenses. Muchos de los niños afectados son ciudadanos estadounidenses, nacidos aquí en hogares donde uno o ambos padres son inmigrantes. Ellos serán los votantes del mañana.

Las mujeres embarazadas también resultarán afectadas.

Negarles beneficios médicos del embarazo equivale a que los republicanos envíen a las mujeres inmigrantes a abortar porque no podrán permitirse dar a luz a sus bebés o proporcionarles alimentos y atención médica. Esto es hipocresía del más alto nivel por parte del partido que se opone a la elección en cuanto al derecho al aborto y que alguna vez se promocionó a sí mismo como el partido defensor de los más preciados valores de la familia.

Con esta regla, Trump está abriendo una pavorosa caja de Pandora.

A los médicos les preocupa que puedan poner a sus pacientes en riesgo de ser separadas de sus familias por utilizar los beneficios médicos para los cuales califican. Los maestros están horrorizados de pensar en tener que enseñar a niños hambrientos. Los legisladores demócratas están legítimamente poniendo el grito en el cielo.

Veintidós senadores del Partido Demócrata enviaron una carta a la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, expresando “graves preocupaciones” y pidiéndole a la administración que retirara el reglamento sobre cargos públicos, publicado el pasado miércoles en el Registro Federal. El público ahora tiene 60 días para enviar sus comentarios.

“Bajo la ley de inmigración actual, los inmigrantes ya tienen la obligación de demostrar que no serán una carga para nuestro país. Deben demostrar que tienen medios adecuados de apoyo financiero y no pueden depender de asistencia en dinero en efectivo del gobierno”, escribieron los senadores. “Si esta regla entra en vigencia, las familias trabajadoras intentarán sobrevivir con menos recursos, vulnerando a los niños, por la única razón de promover la agenda antinmigración de esta administración”.

La carta cayó en oídos sordos, pero según la ley, la administración tiene la obligación de revisar los comentarios serios que se les envíen sobre este tema.

Los efectos en el sur de la Florida serán devastadores.

Según el Proyecto de Justicia de la Salud de Florida, más de 233,000 niños inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria son ciudadanos de Estados Unidos que viven en familias de “estatus mixto” donde uno o más padres no son ciudadanos. Alrededor de la mitad de ellos viven en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Según la Encuesta de la Comunidad Americana de 2016, más de 400,000 niños ciudadanos de Estados Unidos en la Florida inscritos en Medicaid o CHIP tienen un padre no ciudadano. La mitad de ellos también vive en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Una de las cosas que diferencia a Estados Unidos del tercer mundo es que no se ven niños en las calles mendigando o vendiendo chucherías para ayudar a sus padres a sobrevivir en lugar de ir a la escuela.

¿Es esto lo que realmente queremos? ¿Quitar las redes de seguridad?

Si Trump se sale con la suya, la narrativa de inmigración de alcanzar el “Sueño Americano” que construyó y ha sostenido a este país, escribirá su último capítulo.

Para el presidente, los inmigrantes que trabajan arduamente y sus hijos estadounidenses solo son daños colaterales que deben descartarse.

Siga a Fabiola Santiago en Twitter @fabiolasantiago.

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de octubre de 2018, 5:41 p. m..

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