Fabiola Santiago

¿Opciones escolares en Florida o desvío de fondos de la educación pública?

La Legislatura de la Florida en Tallahassee.
La Legislatura de la Florida en Tallahassee. AP

Para el legislador de primer año Vance Aloupis, republicano de Miami, la gran cantidad de dinero público que ha repartido la Legislatura de la Florida a las escuelas privadas —a expensas de la educación pública— son un “tema de equidad”.

“Creo que al final de cuentas se trata del sueño americano”, declaró Aloupis en el recinto de la Cámara.

Su comentario sobre un tema estatal tan candente me pareció un poco patriotero. Es algo que los políticos a menudo hacen para convertir todo lo que quieren, y cómo lo quieren, en una cuestión de patriotismo.

En este caso, lo que los republicanos querían, y lo que se adjudicaron a sí mismos con la ayuda de unos cuantos demócratas, fue una sesión legislativa en la que ignoraron una decisión existente de la Corte Suprema y crearon un programa de subvenciones de $130 millones que pagará la matrícula escolar privada de 18,000 estudiantes.

Los legisladores republicanos como Aloupis dicen que esto crea “equidad” para los estudiantes de bajos ingresos que no reciben la educación que necesitan en deficientes escuelas públicas.

“La oportunidad para cada niño debe ser la misma ya sea que vivan en Overtown o Brickell Key”, me dijo Aloupis. “Estamos dándoles más poder a los padres para que tengan una voz mayor en la educación de sus hijos”.

No tengo dudas de que él cree en ello, pero los republicanos establecen el ingreso de la línea de “pobreza” para acceder a las subvenciones en $77,000 para una familia de cuatro personas.

Esto no suena como ayuda a niños de color en vecindarios pobres, sino más bien como sacar a la clase media de las escuelas públicas.

Está más dirigido a Kendall que a Liberty City o Allapattah.

Y este no es el único dinero público que la Legislatura repartió a las escuelas chárter y privadas.

También están obligando a 20 distritos que recientemente aprobaron un aumento de impuestos para financiar escuelas públicas, incluido el condado Miami-Dade, a compartir ese dinero con escuelas charter.

Los republicanos también argumentan que esto representa “equidad” porque “un maestro es un maestro y un estudiante es un estudiante” independientemente de dónde se encuentren. Pero las escuelas charter, administradas por compañías con ánimo de lucro y sin fines de lucro, no funcionan según las mismas reglas y normas que las escuelas públicas.

“¿Son audaces estas propuestas? Absolutamente”, dice Aloupis. “Pero Florida ha hecho cosas notables en educación en los últimos 15 años. Observen nuestras tasas de graduación”.

La tasa de graduación de la escuela secundaria de la Florida alcanzó un récord histórico de 86.1 por ciento el año pasado, pero la tasa de estudiantes negros e hispanos, aunque también está en aumento, aún se queda atrás.

Hay otra inquietud con respecto a la canalización de fondos fiscales a las escuelas charter a costa de la educación pública: Los intereses de trasfondo.

Hay demasiados legisladores poderosos con claros conflictos de interés con respecto a este tema. Reciben salarios de compañías de escuelas charter o son dueños de escuelas privadas, y no se les debería permitir votar, mucho menos proponer e impulsar leyes que beneficien a sus jefes o a sus empresas.

Pero, como lo escribí durante la última sesión legislativa, la Florida es un estado con una ética cuestionable.

Los legisladores se salen con la suya porque los votantes despistados y mal informados, y aquellos de ambos partidos que quieren enviar a sus hijos a donde desean pero no quieren pagar una educación privada, siguen enviándolos a Tallahassee.

Se supone que los legisladores deben financiar y defender la educación pública. Pero en lugar de eso están tomando el dinero de los fondos de ingresos generales que deberían destinarse a mejorar las escuelas públicas que históricamente han recibido menos de lo debido para usarlo en “vouchers” con los cuales subvencionar empresas privadas o religiosas.

Estoy de acuerdo con Aloupis en una cosa: el tema de la equidad es fundamental con respecto a la financiación escolar en la Florida.

Todos los niños —ricos o pobres, gays, heterosexuales o transgénero, nativos o inmigrantes, sanos o con necesidades especiales, negros, marrones o blancos o de cualquier otro color del arco iris humano— tienen el mismo derecho a una educación de calidad.

El único lugar que, por ley y por diseño, garantiza que todos los niños recibirán un trato igualitario y se les dará acceso equitativo es la escuela pública.

Las escuelas privadas, y en particular las religiosas, se rigen por reglas diferentes, generalmente excluyentes por diseño. Estas reglas pueden no estar todas formuladas por escrito, aunque muchas lo están, pero lo que define a estas instituciones es la preferencia.

Las escuelas católicas generalmente requieren la asistencia habitual a la iglesia y la participación de niños y padres, sin mencionar generosas donaciones a la parroquia.

Demasiadas escuelas cristianas quieren “arreglar” a los niños homosexuales. Creen que la homosexualidad es un pecado.

Si las escuelas que se beneficiarán de estas subvenciones no discriminan a los niños homosexuales, por ejemplo, entonces, ¿por qué los legisladores republicanos han rechazado una enmienda propuesta por el representante Carlos Guillermo Smith, demócrata por Orlando, para declarar ilegal que las escuelas privadas obtengan dinero proveniente de subvenciones si niegan la admisión a estudiantes con base en su orientación sexual o identidad de género?

Eso no más dice mucho.

Nuestros impuestos no deben destinarse a instituciones educativas que atienden preferencias y creencias individuales o que sostienen una religión en particular, y que por ello están diseñadas para discriminar a quienes no cumplen con sus requisitos.

No hay equidad con respecto al concepto de escogencia de escuela por parte de la Legislatura de Florida.

Siga a Fabiola Santiago en Twitter: @fabiolasantiago. Correo: fsantiago@miamiherald.com.

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