Cuba y Trump

Ya sabemos a grandes rasgos cuál será la política de la actual administración norteamericana respecto al castrismo. Tiene aspectos positivos e incoherencias propias de la extraña coherencia de estos tiempos. Demás está decir que la política hacia Cuba no se basa en una estrategia geopolítica global enfocada en el interés nacional norteamericano. Hasta cierto punto, acaso eso convenga a los cubanos opositores al castrismo. Donde el interés nacional de los EEUU prime, los cubanos pierden.

Ni esta política ni la de la administración anterior, aunque se diga, tenían o tienen como objetivo la democratización de Cuba en primer término. La de Obama, se basaba en eliminar un foco de tensión con América Latina ante una política fallida respecto a Cuba, para posicionarse mejor económica y políticamente contra los intentos, sobre todo chinos, de colarse en su trastienda y, por otro lado, darle cierto oxígeno económico a una dictadura cuya económica implosión y abrupto descalabro le crearía un grave problema migratorio y una inestabilidad en su frontera caribeña en la cual estaría forzado a implicarse sin claros beneficios económicos o geoestratégicos. En esa perspectiva se comprende el fin de la política de “pies secos, pies mojados”. Por la también deseada democratización del régimen cubano, Norteamérica podía esperar. Los cubanos no.

La de la actual administración se mueve más por cierto agradecimiento electoral. Y además, ante la crisis política que la chapotea, precisa contentar a su base electoral y sus representantes. El senador Marco Rubio se hace muy importante ante las investigaciones que ocurren en el Senado. No creo que los derechos humanos sean la guía fundamental de la política exterior de la actual administración; al menos no lo son respecto a los saudíes, filipinos, rusos o chinos. Los cubanos carecen a ojos vistas –ni secos ni mojados– de un carácter especial.

Dicho esto, la actual administración ha mantenido las relaciones diplomáticas y la embajada, algo positivo para los intereses norteamericanos. Y también, para los cubanos, que se impida el comercio con las empresas controladas por los militares. En definitiva, mientras más beneficios obtenga el estamento castrense del mayoritario sector económico que mantienen secuestrado, menos interés tendrán en democratizar Cuba. Lo que es bueno para los intereses del pueblo cubano no siempre lo es para Estados Unidos y no es un problema cubano si el actual presidente norteamericano no lo ve. Pero, sería deseable que los cubanos no se duerman en su ya histórica complacencia alquilando a otros su problema. Donde hay volubilidad, no cabe que se espere consistencia.

Igualmente resulta positivo que se mantenga el énfasis de la administración anterior en empoderar el sector privado de la economía, a pesar de las limitaciones que implica ese camino, dadas las obvias complicidades que ese sector debe mantener con el estado para existir y sobrevivir. Sin embargo, si lo que se desea es fortalecer la economía no estatal, parece contraproducente limitar los viajes de norteamericanos en lugar de incentivarlos.

Pareciera más coherente en ese enfoque exigir a los viajeros pruebas de que se han hospedado y consumido en la economía emergente, y limitar que puedan alojarse en los hoteles propiedad de los militares. Una estrategia que se queda a mitad de camino de lo que se propone, deja de serlo. La necesidad de fondos que tiene el régimen lo obligaría, en dicho caso, a abrir y diversificar más la economía, dando más fuerza así a sectores sociales que puedan presionar en el sentido de la democratización.

El tema de los viajes necesita de una definición más calibrada; pero ni la administración anterior ni la actual le han prestado la debida atención. Se trata, por un lado, de la libertad de movimiento de todos los ciudadanos norteamericanos y de que Estados Unidos no se haga cómplice de que a unos ciudadanos norteamericanos Cuba los discrimine en su derecho a viajar.

La Constitución cubana no reconoce la doble ciudadanía, pero de hecho la práctica del gobierno cubano la reconoce en ciertos ámbitos. Los cubanos ciudadanos de Estados Unidos, en su mayoría están obligados entrar a Cuba como cubanos –con su pasaporte– cuando a la vez tienen que pedir permiso para entrar a su país, el mismo donde no puede siquiera votar o entrar libremente. Si todos los ciudadanos norteamericanos no pueden entrar a Cuba bajo idénticas condiciones, como americanos (a no ser que individualmente elijan otra opción) no debería entrar ninguno. Norteamérica no debe permitir la discriminación de sus ciudadanos. Está en las manos del gobierno cubano, interesado en el salvavidas del turismo del norte, resolver el entuerto.

El tema de los derechos humanos debe ser permanente en los foros internacionales al igual que el apoyo, sin imponerles agendas o estrategias, a todos los elementos dentro de la isla, lo mismo en la oposición como en la naciente sociedad civil, donde hay sectores que, si no abiertamente opositores, hacen presión social desde sus ámbitos en dirección al cambio. La sociedad cubana está madura para saber hacia dónde tiene que llegar, no necesita ni le conviene que un poder extranjero ponga condiciones de cual debe ser su régimen político. Eso atañe a la defensa de una soberanía que un estado-partido ha confiscado al pueblo; tampoco debe condicionarla, sospechosamente a su favor, una potencia extranjera.

Buen trabajo a medias de los congresistas y senadores cubanoamericanos. A veces, no siempre, defienden mejor los intereses de Cuba en Washington que los representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana. El juego político implica aprovechar el momento y la oportunidad. Se han comportado en este caso como congresistas cubanos, si norteamericanos, ya no tanto.

Esta historia fue publicada originalmente el 20 de junio de 2017, 5:22 a. m. with the headline "Cuba y Trump."