JORGE DÁVILA MIGUEL: La compensación de la siquitrilla

Los legisladores cubanoamericanos ––que se oponen a la Casa Blanca en su nueva política cubana–– tal vez estén abriendo su propio capítulo de negociación con La Habana, si nos atenemos a su reiterado interés por el pago de los bienes confiscados por la Revolución Cubana en los años sesenta.

La mención al tema ha sido discreta pero constante. Mario Díaz Balart, Marco Rubio, Ileana Ros-Lehtinen y Bob Menéndez, todos han tocado el punto: ¿Cuándo y cómo “los Castro” van a pagar lo que confiscaron? ¿Por qué Obama se hace de la vista gorda con lo de las indemnizaciones y ni lo menciona?

El hecho es que, mientras el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana parece inevitable, los congresistas luchan por impedirla a menos que se cumplan varias condiciones; y entre ellas, el tema de las propiedades confiscadas cobra importancia. El pasado 19 de mayo el senador Marco Rubio presentó un proyecto de ley al respecto: “Ley Cubana de Liquidación de Reclamaciones de Estados Unidos”.

Es un tema de clase que afecta mayormente a las ricas familias cubanas que salieron de Cuba tras el triunfo revolucionario, y que en gran medida han seguido siendo la base de apoyo financiero e ideológico de los actuales políticos cubanoamericanos en el exilio.

Lo relevante es que el ángulo ha cambiado. Antes la corriente tradicional del exilio cubano aspiraba al derrocamiento y la recuperación; ahora, tal vez permeados por los nuevos aires, se transarían por la indemnización.

El gobierno cubano ha sido claro en este tema. Arguye que ya compensó a otros países y que estaría dispuesto a negociar sobre las propiedades confiscadas a norteamericanos, naturales o jurídicos pero que ––aclara–– también tiene su propia demanda, desde el año 2000, por todo lo que Estados Unidos le debe por los daños que el embargo le causó al pueblo cubano durante 53 años: en total, unos 121,000 millones de dólares. El valor de las propiedades confiscadas en Cuba en la década del 60, según la última revalorización, asciende a 7,000-8,000 millones en dólares de hoy en día.

Lo cierto es que en la ley de Estados Unidos esta es una premisa clara desde 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton: La Habana deberá compensar por las confiscaciones antes del levantamiento del embargo. Es un tema que deberá ser tocado, ya restablecidas las relaciones, en el proceso de normalización. La Habana no solo reconoce la existencia de dichas reclamaciones y/o deudas, sino que ha legislado y demandado en su sistema jurídico y tribunales sobre ellas. Aunque una cosa son las reclamaciones de los norteamericanos en aquel momento y otra la de los cubanos que se nacionalizaron norteamericanos después.

Pero la pregunta es, en caso de que el gobierno cubano negociara, decidiera y procediera a indemnizar a ciudadanos cubanos exiliados por la confiscación de sus propiedades, estos, ¿la aceptarían? ¿Se mantendría la tradicional intransigencia, o la aplacaría el bálsamo del dinero? Porque en el momento de aceptar cualquier compensación se confiere legitimidad no solo a la confiscación, de medio siglo atrás, sino al gobierno cubano, que perdura hasta el momento.

Lo que no conocemos del proyecto de ley del senador Marco Rubio es si se ocupa solo de las demandas de personas norteamericanas, naturales o jurídicas en el momento de la confiscación, o también de los cubanos. Las reclamaciones por expropiación presentadas por norteamericanos y por ciudadanos cubanos tienen diferentes perspectivas y fundamentos legales.

Un consejo sería: Senador, preocúpese de las compensaciones a los ciudadanos cubanos, que las de los norteamericanos se van a resolver muy facilito, ya usted verá, porque al fin y al cabo el gobierno cubano va a terminar pagándoles a los dos absolutamente nada.

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de junio de 2015, 11:20 a. m. with the headline "JORGE DÁVILA MIGUEL: La compensación de la siquitrilla."