Opinión Sobre Cuba

ORESTES RODRÍGUEZ: La propiedad y su función social

Un debate tuvo lugar recientemente en estas páginas entre dos prominentes cubanos: el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner y el sacerdote jesuita Eduardo M. Barrios, en torno a la doctrina social de la Iglesia Católica. Al margen de las tesis de ambos compatriotas y que es un tema de suma importancia en el mundo político, social y económico de cualquier Estado, se trata de dos cubanos que desean que su común patria goce del reinado de un Estado de Derecho y que, obviamente, retomemos el curso de la nación que fue abruptamente interrumpido por una decrépita dictadura. En este contexto, entro para abundar sobre ese concepto de “función social”, con permiso de tan caros connacionales míos.

En su arsenal jurídico republicano, Cuba conserva los recuerdos que dieron origen a la Constitución de 1940, cuyo tema sobre el concepto de función social, utilidad pública o interés nacional, causó el debate de aquellos constituyentistas, para elaborar una Carta Magna, atendiendo a las modernas corrientes del constitucionalismo universal, por lo que en su artículo 87 se definió que el Estado cubano reconoce la existencia y la legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellos que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley.

No faltaron las enmiendas a ese precepto, y en tal sentido los comunistas (que gozaron de la libertad de ser constituyentistas) mostraron su actitud estatista, porque entendían que se reconociera la propiedad privada, pero su uso y explotación estuviera subordinados al interés de la economía nacional y de bienestar colectivo, lo que solo lograron cuando las condiciones en Cuba cambiaron con el arribo de la revolución devenida en comunista y, por supuesto, ese extraviado “uso y explotación”, desguazaron la economía cubana, lo que perdura hasta nuestros días.

El constituyentista José Manuel Cortina, en su obra La función social de la propiedad (La Habana, 1946), esclarece el sentido y alcance de la norma superlegal contenida en el precitado artículo 87, y postula que tal función social “no puede trascender en el derecho al Gobierno de asumir la dirección total de la propiedad y condicionarla, regularla y limitarla por decreto, en la forma que tenga por conveniente”.

Y para evitar el ejercicio arbitrario de naturaleza administrativa, la propia Constitución se encargó de dejar en manos de los tribunales de justicia, la decisión de determinar la causa de utilidad pública o interés social, en caso de impugnación y siempre con la correspondiente indemnización a quien resulte expropiado por esa causa.

Como colofón al debate de los compatriotas aludidos, y yendo más allá de la zona de su discusión, resulta meritorio pensar que en el futuro de Cuba, una vez que la noche oscura del nefasto castrismo haya desaparecido, los cubanos para entonces contarán con una fecunda herramienta en los postulados de la Constitución de 1940, una de las más democráticas y avanzadas del universo, para darle paso a la sustituta con el apoyo de aquellos precedentes, de las controversias y de los apasionados debates, que encenderán el candelero para que su luz pueda alumbrar el nuevo quehacer en las esferas que abarquen el disfrute de un Estado de Derecho.

Abogado cubano. Reside en Miami.

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