Presidente Trump, detenga a Maduro

Ante el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro Moros por parte de la Administración Trump, al haber votado positivamente por el repudio del gobernante y su séquito gubernamental en la Organización de Estados Americanos, y por la causa que por lavado de dinero se le sigue al dictador venezolano según acusación o indictment que cursa en Miami, le sugerimos al presidente Donald Trump: ya es tiempo de considerar el sometimiento al Usurpador.

El esbirro Maduro, en su cada vez más absurda conducta, ofrece de nuevo la fábula del diálogo, cuento que solo sirvió para ganar tiempo y someter aún más a los parroquianos ante burlonas promesas. ¡Sobre tal falsedad nada, hay que actuar y punto!

Sabemos que Estados Unidos tiene la capacidad probada y sobrada de extraer mediante una operación militar relámpago al malvado Usurpador y a su comparsa de delincuentes de la cuna de Simón Bolívar, tal como aconteció con Manuel Noriega, pasado hombre fuerte panameño, y Maurice Bishop, en la isla caribeña de Granada en fechas y motivaciones diferentes.

Puede ser que diplomáticamente no sea bien visto. Pero habiendo una acusación federal contra Nicolás Maduro, la orden de captura va a ser automática. La instrucción judicial deberá ejecutarse en algún momento, porque así funciona la implacable maquinaria de la justicia norteamericana. Y esta orden de búsqueda y captura abarcará por igual los países con los cuales la autoridad federal mantiene relaciones bilaterales y convenios internacionales de colaboración en materia delictiva.

El Usurpador, como ya es conocido, ha sido vinculado al caso del lavado de dinero por $1,200 millones, en el cual el principal indiciado es el banquero Matthias Krull, operador de los hijastros de Maduro, hoy sentenciado por el Juzgado Federal del Sur de Florida.

Las indagaciones de vicisitudes criminales parten de una denuncia o acto violatorio de las leyes norteamericanas, acto en el que, según los investigadores federales, ya Maduro incurrió.

Durante el proceso de búsqueda, las informaciones recabadas, direcciones físicas o nombres de personas proporcionadas por el denunciante, los testigos y/o el profesional investigador, conforman un expediente el cual ha sido sustanciado con las diligencias que otras agencias policiales realizaron sobre el caso.

La Fiscalía de Miami, donde la agresión criminal ha sido registrada, ha determinado si los elementos que conforman el legajo son suficientes para ser llevado ante el juez o el Gran Jurado.

Como lo establece el proceso, una vez recibido el visto bueno del magistrado, se ordena la apertura del juicio, basado en la acusación. Es cuando el juzgado emite las órdenes de captura e instruye al ente de resguardo del orden público, en este caso la agencia federal “US Marshals Service”, ejecutar la captura de los indiciados.

En cualquier eventualidad, los delitos por corrupción administrativa y/o lavado de dinero en Estados Unidos no prescriben, razón por la cual muchos de los criminales acusados prefieren ponerse a derecho y en considerables oportunidades deciden colaborar con las autoridades.

Nicolás Maduro Moros, en su actual circunstancia de Usurpador, puede ser requerido por la ley para rendir cuentas. La justicia norteamericana le permitirá que demuestre su inocencia ante los indicios de diversas causas probables que hasta los momentos cuentan con testigos claves.

Antes de su repudio, Maduro gozaba del privilegio de los acuerdos diplomáticos suscritos con naciones en el mundo a través de las Naciones Unidas, privilegio que otorgaba protección a los jerarcas en caso de ser presentados ante autoridad policial o juez local. Es lo que se conoce como el “privilegio de la Majestad Presidencial”.

Pero después del 10 de enero de 2019, el Usurpador perdió sus privilegios de inmunidad, ya que no es reconocido como presidente de Venezuela no sólo por Estados Unidos, sino por la Unión Europea y una gran mayoría de los países latinoamericanos.

Pero por si fuera poco, al Usurpador se le relacionan o responsabilizan de otras contravenciones como malversación de fondos, violación de derechos humanos, secuestro y tortura de ciudadanos, desaparición forzosa de opositores, amén de un juicio punitivo en la Corte Internacional de la Haya por ofensas de Lesa Humanidad, los cuales no prescriben según lo establecido en la Convención de Palermo, de la cual Venezuela es signataria.

Sea ahora o sea después, el presidente Donald Trump tiene la oportunidad de hacer historia y justicia en nombre de quienes fueron asesinados por pensar diferente, en Venezuela.

El venezolano de a pié no quiere recompensa económica por las atrocidades cometidas por Hugo Chávez, y Nicolás Maduro; su aspiración es evitar la impunidad.

Un pueblo sin jueces probos pierde el sentido de la nacionalidad y solo será un conglomerado humano errante en peligro de ser esclavizado.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de enero de 2019, 3:10 p. m..