Libertad para reprimir

El principio de la no intervención en asuntos internos de cualquier país está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, suscrita en San Francisco en 1945, y también en la Carta de la OEA. Ha sido confirmado reiteradamente por resoluciones de la Asamblea General de las NNUU, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y la Carta Democrática Interamericana. No cabe duda pues, que se trata de un apropiado medio de protección de la soberanía de Estados, sobre todo los que no figuran entre los más fuertes y por lo tanto con menos capacidad de amenazar que de ser amenazados.

Y sin embargo, con pasión todavía mayor, se ha expandido la causa de los DDHH al punto de reconocérsele supremacía constitucional virtual o hasta expresa (por ejemplo: en las Leyes fundamentales de Venezuela y México) sobre la No Intervención, especialmente cuando inermes ciudadanos sean despreciados, humillados y despojados por gobiernos de signo autocrático o de vocación totalitaria.

¿Cómo conciliar en esos casos la No Intervención con la defensa de los DDHH?

La doctrina que se ha ido imponiendo en el universo, salvo en los dominios totalitarios, es que, con toda su pertinencia, el principio de No Intervención no puede ser usado para reinar sobre pueblos condenados a la arbitrariedad y carentes de libertad y derechos. Siendo plenamente válido, no es lícito sin embargo que se erija en valladar contra la solidaridad internacional para con las víctimas de sistemáticos atropellos a la condición humana, política, económica o social. Razones sobran para que mueva a la sospecha la sinceridad de algunos aviesos dictadores –o en camino de serlo– que invocan, usualmente en forma sentenciosa y estentórea el “sagrado principio de no intervención”. Pudieran abrigar el deseo de que les dejen manos libres en la vesania contra sus propios compatriotas, en argucia inaceptable que el mundo está rechazando en nombre de la libertad y la defensa de los DDHH.

Como es natural el sistema internacional ha sido extremadamente cuidadoso en la investigación de violaciones de las libertades precisamente para no cometer el error de aplicar medidas sancionatorias sin disponer de todas las informaciones posibles ni del respaldo de mayorías calificadas: dos tercios de los Estados Miembros en NNUU y en la Asamblea General de la OEA, por citar solo las cumbres de la organización internacional e interamericana. Es un sistema cómodo para democracias verdaderas, e incómodo para regímenes antidemocráticos en trance de ser desenmascarados. Quien no sea un reiterado pecador puede arrojar las piedras que quiera.

Venezuela está sometida a una falacia revolucionaria sobre la que cabalga en pelo el presidente Maduro. Ese régimen ha cometido graves y asazmente documentadas violaciones a la Constitución que nos han ido llevando de la mano a lo que se ha dado en llamar “una tormenta perfecta”. Ruedan por el suelo las libertades públicas, los DDHH, el pluralismo democrático, la independencia de los poderes, la educación libre, la libertad de expresión y prensa, los derechos y garantías políticas, sociales y económicas. Todo en medio de una crisis económica y social jamás esperada y en todo caso insalvable si no hay un cambio completo de política y una incruenta remezón de la élite del poder. Sin esas condiciones no vale imaginar soluciones dignas de ese nombre. Nunca como ahora el gobierno ha levantado en su contra tantas voces críticas internas y exógenas.

Maduro está de espaldas al mundo, la MUD en cambio gana diariamente simpatías internas e internacionales, y eso tiene su lógica.

Primero, por su tenaz apego a salidas “constitucionales, democráticas, electorales y pacíficas” que no ha podido desvirtuar el gobierno con su retórica de los golpes, magnicidios e invasiones, no solo desprovistas de pruebas o simples indicios sino que a lo largo de meses y años nunca aterrizaron.

Y segundo, porque muchos factores notables se incorporan. Condenan esas prácticas inhumanas cada vez más gobiernos, parlamentos, partidos, organismos defensores de DDHH, incluidas las directivas de las NNUU, la OEA e igualmente de Unasur, Mercosur y aquellos sistemas de integración regional que exigen en forma insoslayable la cláusula democrática como requisito de ingreso, vale decir, la legitimidad electoral y el apego a las exigencias de la democracia representativa. Si la MUD, por desesperación que no tiene, se apartara del cauce democrático y decolara hacia fórmulas extremistas como quiere el régimen, sería reducida al aislamiento al igual que el desolado régimen madurista. El gobierno tendría que dialogar con la oposición pero con plena seriedad, sin inútiles subterfugios o con el despropósito de “ganar tiempo”, que no sería sino una manera de perderlo en horas tan críticas como las que lo atormentan.

El revocatorio encauza esos propósitos, prueba de lo cual es el poderoso apoyo de los electores. Por insistentes que sean los obstáculos interpuestos por el gobierno para no contarse, la perseverancia opositora presiona con buenos resultados. En lo mismo están los secretarios generales de la ONU, la OEA y cada vez más países miembros de esas y otras organizaciones, además de incontables amigos de la paz. El Papa y la Iglesia han tomado un lugar principalísimo en semejante obra. Los factores de peso mundial recomiendan negociar y se ofrecen para facilitar o mediar.

Pero duras contradicciones internas inmovilizan al gobierno. Temen flexibilizarse en su retroceso. Insisten en la puerilidad de “no mostrar debilidad”, preocupación insignificante frente al enorme logro de un cambio democrático para todos, incluyendo a los que dialogan, en una Venezuela no entregada a la venganza sino a la convivencia.

La autocracia, como la noche de Jan Valtin, quedará atrás.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de mayo de 2016, 5:34 p. m. with the headline "Libertad para reprimir."