El otro campo ‘minado’ en Guantánamo: cuando el enemigo es el cáncer

Un grupo de abogados militares que trabajan en la prisión de la base de Guantánamo presentaron una demanda en contra del Departamento de Defensa, en la que argumentan que durante años se han visto obligados a vivir y trabajar en instalaciones que tienen peligrosos niveles de conocidos carcinógenos.

Los demandantes señalan que la Marina de Guerra no investigó de forma correcta los riesgos de salud que existen tras diversos reportes de numerosos casos de cáncer entre el personal –que por otra parte es joven y saludable– de Camp Justice, el complejo judicial donde trabajan los equipos legales en los casos de los detenidos por terrorismo.

En la demanda, que fue presentada el martes, se menciona la “injustificada demora” de la Marina de Guerra para analizar conocidas sustancias ambientalmente peligrosas como el mercurio y el formaldehído, así como su “determinación arbitraria de que el personal siga viviendo y trabajando en áreas contaminadas de Camp Justice sin que se termine una apropiada investigación”.

La presencia de agentes carcinógenos ha sido durante largo tiempo un motivo de ansiedad entre los equipos de abogados militares que representan a los terroristas detenidos en la prisión de la base.

“Esta situación está realmente impactando a nivel humano a las personas que hacen este tipo de trabajo”, dijo Daniel Small, socio del bufete Cohen Milstein Sellers & Toll, que trabaja en la demanda de los abogados sin cobrar.

“Se trata de soldados, marineros, infantes de Marina que realizan uno de los trabajos legales más difíciles de hacer en el Departamento de Defensa, y creo que se merecen una mejor suerte”, dijo.

Funcionarios del Pentágono dijeron que todavía no han visto la demanda, pero que un estudio sobre los riesgos de salud se terminó en febrero y que saldrá dentro de poco a la luz.

La demanda tiene lugar después que un ex abogado de Guantánamo le pidió al Pentagon en julio de 2015 que investigara si el complejo judicial estaba relacionado con siete casos de cáncer entre algunos miembros activos y civiles que trabajaron allí. Una de esas siete personas, el capitán de corbeta William Kuebler, padecía de cáncer de apéndice y murió días después que se presentó la demanda.

En aquella ocasión, el Miami Herald concluyó que 12 personas padecían de varios tipos de cáncer, entre otros en el cerebro, el colon, el estómago y el apéndice.

Los oficiales de alto rango, al igual que jueces y abogados civiles por lo general se alojan en lugares parecidos a hoteles cuando visitan la base. Sin embargo, los abogados defensores militares asignados a cada acusado de terrorismo, entre los que se encuentran abogados, asistentes, guardias de seguridad y linguistas, se hospedan y trabajan en un parque de casas móviles que se levantó en una pista de aeropuerto abandonada.

Los llamados Cuzco trailers, que se inauguraron en el 2008, forman parte de una instalación cuyo costo es $12 millones y que incluye edificios que se cerraron antes de que el Pentágono creara la prisión en 2002. En los años 1990, el área se usó como campamento para emigrantes cubanos que eran recogidos en el mar durante la llamada Crisis de los Balseros.

Uno de los demandantes, Michael Schwartz, ex abogado militar que ha representado a detenidos en Guantánamo desde hace más de cinco años, dijo en una entrevista que se quedó consternado la primera vez que visitó el centro legal en 2011.

Heces y moho en las oficinas

En el 2012, Schwartz y sus colegas expresaron sus preocupaciones sobre “heces fecales de ratas, moho y suciedad en general en la oficina, algo a lo que nadie parecía prestarle atención”, dijo Schwartz. “Pero no obtuvimos ninguna respuesta”.

Además de plomo, moho y asbestos, una evaluación hecha en el 2015 concluyó que “muestras de aire que se examinaron dieron positivas para mercurio y formaldehído, y las muestras del suelo también arrojaron positivas para benzopireno, todas sustancias carcinógenas”, según la demanda.

Aunque estos carcinógenos sobrepasan los niveles de emisión, la Marina de Guerra y el Centro Público de Salud de la Infantería de Marina dijeron que no tienen aún suficiente información y que la investigación era muy limitada para poder analizar los riesgos de salud.

La Marina de Guerra también rechazó analizar 84 de 100 unidades en los trailers Cuzco en busca de formaldehído.

Los militares dijeron que analizarían el impacto potencial de este agente cancerígeno, y verificarían las historias clínicas de 700 personas que viven en el sitio.

Los abogados dijeron que un reporte final de las pruebas de salud que se prometió nunca llegó a concretarse. El Pentágono, por su parte, dijo que dicho reporte debería darse a conocer pronto.

Muchos abogados han pasado un gran trabajo para limitar sus viajes a la base, vivir en otra casa cuando pueden y reducir el número de miembros del equipo para así evitar que resulten expuestos a algún riesgo de salud.

Small dijo que la Marina de Guerra no ha tomado ninguna medida después que varias pruebas hechas en abril del 2016 arrojaron que aún había elevados niveles de carcinógenos.

Los abogados le piden al Departamento de Defensa que termine las pruebas y lleven a cabo una apropiada evaluación de riesgo que establezca las normas de salud. Entretanto, piden vivir en otra casa, ya que, según dijeron, hay viviendas en abundancia.

De las casi 780 personas que se enviaron a la prisión desde 2002, sólo quedan 41, pero el presidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que piensa mantener abierta la cárcel y enviar más prisioneros.

Esta historia fue publicada originalmente el 12 de abril de 2017, 7:26 p. m. with the headline "El otro campo ‘minado’ en Guantánamo: cuando el enemigo es el cáncer."