Las construcciones deportivas en Brasil, una tapadera para la corrupción
El deporte brasileño se encuentra, sin quererlo, en el horizonte sin fin de la gran trama de corrupción descubierta alrededor de la petrolera estatal Petrobras.
Nadie sabe aún, tras el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, la cantidad que fue desviada de las obras requeridas para organizar los dos mayores eventos deportivos del mundo.
Leandro Mitidieri, coordinador del grupo de trabajo de la Fiscalía que supervisa los gastos de los Juegos Olímpicos, catalogó como “pésima” la transparencia del Comité Organizador de Río 2016.
Las primeras irregularidades aparecieron con la construcción o reforma de los 12 estadios en los que se jugó la Copa del Mundo de fútbol.
Fue el propio gobierno brasileño, entonces liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT), el que presionó a la Federación Internacional de Fútbol para que el torneo se disputara en 12 ciudades, entre ellas cuatro con una nula tradición futbolística: Brasilia, Manaus, Natal y Cuiabá.
En 2007, cuando fue elegido sede del Mundial de 2014, la candidatura brasileña presentó a la FIFA un coste estimado de unos $1,100 millones para la construcción o reforma de los 12 estadios con un proyecto en el que todo el dinero saldría de la iniciativa privada.
El coste final, sin embargo, fue de unos 8,900 millones de reales (casi 3,000 millones de dólares de la época); el 92 por ciento salió de las arcas públicas y apenas el 8 por ciento fue aportado por privados.
Las obras en los estadios mundialistas fueron realizadas por las principales constructoras del país, las mismas que están salpicadas por la gran trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Solo la reforma del famoso estadio de Maracaná de Río de Janeiro tuvo unos costes un 75 por ciento superiores a los calculados, y acabó saliendo por 1.200 millones de reales (unos $383 millones), pese a que ya había sido remodelado en 2007 con motivo de los Juegos Panamericanos.
El estadio más caro fue el de Brasilia, que debía costar 745 millones de reales (238 millones de dólares) y terminó por 1.400 millones de reales ($447 millones), un 87.8 por ciento más.
El único que salió más barato fue el Castelao de Fortaleza, que costó 20 millones de reales ($166 millones), un 16 por ciento menos de lo proyectado inicialmente.
Según las delaciones de ex ejecutivos de las principales constructoras del país, en algunos casos, como en Brasilia, Río de Janeiro o Manaus, los gobernadores recibieron sobornos de las empresas a cambio de la concesión de las obras.
Además, varias de las obras de movilidad urbana que acompañaban el Mundial ni siquiera salieron del papel, mientras que otras que fueron iniciadas pararon tras destaparse el caso Petrobras, en 2014.
Los desvíos continuaron durante la preparación de los Juegos Olímpicos, celebrados en Río en agosto de 2016, con las mismas constructoras involucradas.
De hecho, la corrupción vinculada a la candidatura olímpica de Río 2016 podría haber empezado incluso antes de ser elegida ganadora por el Comité Olímpico Internacional: la Fiscalía francesa investiga un posible pago de $2 millones a miembros del COI para votar a su favor.
Más de siete meses después de haber finalizado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, todavía nadie conoce la cuantía de los desvíos de las obras de la cita olímpica, cuyo presupuesto total era de 39,100 millones de reales (casi $12,500 millones).
Una cuarta parte, unos 10,400 millones de reales ($3,325 millones) fue destinado a la construcción de la línea 4 del metro, considerada la mayor obra de movilidad en Río para los Juegos Olímpicos.
El gasto total con el metro fue el doble del previsto inicialmente y, según el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), hubo desvíos de al menos 2,500 millones de reales (unos $805 millones).
Se sabe que las obras del Parque de Deodoro, donde se disputaron varias competiciones olímpicas, tuvieron una sobrefacturación de 85 millones de reales (unos $27 millones).
El Parque Olímpico, donde se concentraron la mayoría de competiciones deportivas, tuvo un coste de unos 3,000 millones de reales (casi $1,000 millones).
Todas las obras contaron con la aprobación del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro (TCE-RJ), pero cinco de sus siete consejeros acaban de ser detenidos acusados de cobrar comisiones por el 1 por ciento de las obras.
El ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral (2007-2014), cuyo mandato estuvo marcado por las obras del Mundial y los Juegos, está en prisión desde noviembre pasado acusado, entre otros delitos, del cobro del 5 por ciento de las obras.
Mientras, el Parque Olímpico se encuentra en un estado de abandono, abierto a la población solo los fines de semana y con sus modernas arenas y pabellones sin utilizar.
Esta historia fue publicada originalmente el 17 de abril de 2017, 5:27 p. m. with the headline "Las construcciones deportivas en Brasil, una tapadera para la corrupción."