Trama de telenovela y escape a lo Houdini en Brasil: quién paga por la corrupción y quién queda libre
Durante más de tres años los brasileños han venido siguiendo casi a diario las noticias y titulares de una investigación sobre corrupción cuyo nombre, Operation Lava Jato (Lavado de Autos), viene de una gasolinera de Brasilia donde las ganancias ilícitas se lavaban a través de un servicio de intercambio de dinero.
Sin embargo, el sonado caso, que comenzó el 17 de mayo de 2014, en la actualidad ha trascendido mucho más allá del blanqueado de dinero a una pesquisa de corrupción sobre Petrobras, la compañía petrolera estatal y a sobornos que pagaron algunas de las mayores compañías de Brasil a políticos con altos cargos en el gobierno.
La Operation Lava Jato ha tenido más giros y altibajos inesperados que los populares culebrones brasileños e incluso se ha acercado peligrosamente al actual presidente Michel Temer. A principios de agosto, la Cámara Baja de Diputados de Brasil votó a favor de no seguir adelante con un caso de corrupción en contra de Temer que se ventilaría en la Corte Suprema, aunque la Fiscalía ha dicho que otros cargos contra el presidente podrían formularse en un futuro.
Temer gastó mucho capital político para lograr su victoria, incluyendo la entrega de dinero para varios nuevos proyectos en distritos de legisladores, y los problemas que enfrenta para defenderse podrían distraerlo de su agenda legislativa y de la crucial reforma de pensiones que se discute y hace falta para balancear las cuentas de Brasil y de este modo evitar una crisis fiscal.
Si Rodrigo Janot, el principal fiscal federal, finalmente decide no presentar otros cargos contra Temer, la Cámara Baja podría una vez más determinar que el caso se discuta en la Corte Suprema.
Hasta ahora han surgido tantas situaciones dramáticas en la investigación de Lava Jato que fácilmente recuerda a cualquier telenovela brasileña. Han tenido lugar redadas, una grabación secreta del presidente que hizo un empresario sobre el que pesan muchas sospechas, un misterioso accidente de avión, cuentas en bancos suizos, dinero mal habido, rastreos de bolsas llenas de dinero en efectivo, y un robo que terminó a tiro limpio y donde una gran cantidad de dinero presuntamente relacionado con sobornos se desperdigó sobre una plaza de Rio de Janeiro.
La investigación, a cargo del juez federal Sérgio Moro, ha implicado a ex presidentes y magnates multimillonarios en confabulaciones donde los sobornos se han usado para obtener contratos a precios exorbitantes y se han intercambiado otros favores. Pagos ilegales de más de $5,000 millones se han hecho, y la investigación todavía está lejos de finalizar.
De igual modo, el caso Lava Jato ha desatado muchas otras investigaciones y hasta ha traspasado las fronteras de Brasil vinculando por lo menos a 12 países mientras varias compañías brasileñas son acusadas de pagar sobornos para obtener contratos e influir en ejecutivos y empresarios.
El camino hasta Petrobras
La brecha que llevó el caso Lava Jato de una simple investigación de lavado de dinero en una gasolinera de Brasilia hasta una exhaustiva investigación sobre corrupción tuvo lugar cuando los fiscales pudieron vincular a Alberto Youssef, un negociante del mercado negro, con Paulo Roberto Costa, ex director de Petrobras.
Los dos aceptaron llegar a sendos acuerdos con la Fiscalía, y Costa le declaró a los investigadores que Petrobras le pagó jugosas cifras de dinero, desde contratos de construcción hasta refinerías de petróleo, torres de perforación y plataformas petrolíferas. A cambio de contratos garantizados, dijo, las compañías que trabajaban con Petrobras accedieron a otorgar contratos millonarios.
La infinidad de sobornos cuyo objetivo era mantener a políticos en el poder se pagó con dinero contante y sonante, autos de lujo y otras tentaciones de la dulce vida, según dijeron los investigadores.
La investigación sobre Lava Jato no tardó en ampliarse a otros círculos relacionados con nueve de las mayores compañías de construcción de Brasil, JBS –una de las firmas empacadoras de carne más grandes del mundo–, contratos públicos y los políticos que presuntamente han obtenido ganancias de los sobornos.
Odebrecht, un emporio global con intereses no solo en el sector de construcción y de la ingeniería, sino también en la industria del petróleo y el gas, logística y bioenergía fue desde una fecha temprana un blanco de Lava Jato. En diciembre, Odebrecht se declaró culpable de pagar sobornos a funcionarios y políticos corruptos por todo el mundo para de este modo asegurar contratos y estuvo de acuerdo en pagar multas de hasta $2,600 millones para resolver las acusaciones en su contra por autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Odebrecht utilizó el sistema financiero global, entre otros el sistema bancario de EEUU, para ocultar la fuente y pago de los sobornos y canalizarlos a través de compañías fantasmas. Braskem –una compañía petroquímica controlada por Odebrecht– también se declaró culpable de aceptar sobornos en Brasil y accedió a pagar multas y penalidades que en total suman $957 millones adicionales.
Marcelo Odebrecht, jefe ejecutivo de Odebrecht y nieto del fundador de la firma, fue arrestado en 2015, hallado culpable de pagar más de $30 millones en sobornos a ejecutivos de Petrobras y sentenciado a 19 años de cárcel. En la actualidad, los abogados de Odebrecht tratan de que se le reduzca la condena, y podría salir en libertad antes de las Navidades de 2018. Unos 80 ejecutivos de Odebrecht han llegado a acuerdos con los fiscales y hoy día están en arresto domiciliario.
¿No hay cárcel para los políticos?
Sin embargo, según los analistas los principales protagonistas a estas alturas del impactante caso no son los ejecutivos empresariales, sino los políticos, quienes, hasta el presente, han podido escapar de ser encausados.
Hasta ahora, más de 100 políticos ya han sido encausados en la operación, entre ellos el ex presidente Fernando Collor, pero solo unos pocos están cumpliendo condenas de cárcel.
El personaje más importante de todos es sin duda el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dejó su cargo en el 2011. En julio fue encontrado culpable de corrupción y sentenciado a año y medio de cárcel pero apeló y no ha cumplido ni un solo día tras las rejas. Los partidarios de Lula da Silva esperan que su apelación tenga éxito, de modo que pueda aspirar a la presidencia en 2018. Ya está inmerso en actividades de campaña.
El caso de Lava Jato ha impulsado el testimonio de informantes, así como una verdadera avalancha de acuerdos de culpabilidad a medida que confiesan los que han sido atrapados.
En el pasado, era muy extraño que acaudalados ejecutivos pasaran siquiera un tiempo mínimo presos, pero en esta ocasión los fiscales con frecuencia les han negado la fianza y han empleado lo que se conoce como detención preventiva para mantenerlos bajo control. Muchos han demostrado un gran interés en cooperar y han aceptado cumplir sentencias de arresto domiciliario luego de implicar a otros, en lugar de encarar la fría realidad de una celda.
Los acuerdos de culpabilidad son un arma relativamente nueva que tienen los fiscales brasileños. Ponerlos en vigor fue una de las nuevas leyes que buscaban acabar con la corrupción que tanto aumentó durante el gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff.
La propia Rousseff se vio acusada y destituida de su cargo por mover grandes cantidades de dinero entre cuentas con el fin de que las finanzas de su gobierno se vieran en un mejor estado de lo que de verdad estaban. Otros presidentes han hecho maniobras parecidas sin afrontar graves consecuencias.
Lo que sucedió con Rousseff es que ya arrastraba muchos otros problemas. Su política económica era muy impopular y se le culpó de la recesión que vive actualmente Brasil, pero además de eso, algunos analistas piensan incluso que su postura anticorrupción fue uno de los factores que contribuyeron a su estridente desplome en agosto del año pasado.
Rousseff hizo muy poco para proteger a altos funcionarios de su administración acusados de corrupción, y todo el movimiento para sacarla del poder lo organizó Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados que en marzo fue sentenciado a 15 años de prisión por blanqueado de dinero, corrupción y evasión de divisas. Los cargos en contra de Cunha vienen de los $1,600 millones en soborno que se dice recibió de manos de Petrobras.
En las últimas semanas, Rousseff, quien afirma que la condena a Lula de Silva es una “burla”, ha aparecido junto al veterano político en manifestaciones que buscan que regrese a la presidencia en 2018.
Entretanto, los brasileños necesitan llevar la cuenta de quienes ya han sido condenados, acusados y arrestados y la investigación de Lava Jato ha provocado en el país innumerables escándalos, para muchos, demasiados.
El pasado 19 de enero, una avioneta donde viajaba el juez de la Corte Suprema Teori Zavascki, quien tenía a su cargo los juicios de Lava Jato, se estrelló en el mar cerca de la localidad de Paraty. Zavascki y otras cuatro personas que iban a bordo perecieron. Aunque es cierto que el tiempo estaba tormentoso, los investigadores dijeron que al parecer la nave no tuvo ningún problema mecánico.
“Hoy en día, Brasil está viviendo tres crisis: una ética, otra política y una tercera económica”, dijo el fiscal Janot, durante un viaje que hizo en julio a Washington. Janot afirmó que la rampante corrupción de un sistema en el que ciertas compañías encuentran la manera de impedir la competencia y mantenerse a sí mismos mediante sobornos.
Mientras los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los brasileños respaldan los operativos, detenciones y redadas contra la corrupción, la población no se ha lanzado a las calles en grandes oleadas para expresar su preocupación por el juicio a Temer como hicieron en el 2013 cuando millones de ciudadanos llenaron en masa las calles para protestar por el aumento del pago de los autobuses, la corrupción y la poca calidad en el campo del cuidado de salud y el sector de la educación pública.
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de septiembre de 2017, 5:36 p. m. with the headline "Trama de telenovela y escape a lo Houdini en Brasil: quién paga por la corrupción y quién queda libre."