Trasfondo

Se hace más difícil pedir asilo en EEUU mientras aumenta el negocio de las cárceles privadas

Attorney Jose Xavier Orochena enters the CoreCivic Eloy Detention Center to bond out his client, Yeni Gonzalez-Garcia, in Eloy, Ariz., June 28, 2018. As new policies greatly expand the number of migrants held in detention, it is becoming clear that some of the players in this billion-dollar industry have strong ties to the Trump administration. (Gabriella Angotti-Jones/The New York Times)
Attorney Jose Xavier Orochena enters the CoreCivic Eloy Detention Center to bond out his client, Yeni Gonzalez-Garcia, in Eloy, Ariz., June 28, 2018. As new policies greatly expand the number of migrants held in detention, it is becoming clear that some of the players in this billion-dollar industry have strong ties to the Trump administration. (Gabriella Angotti-Jones/The New York Times) NYT

La política de cero tolerancia a la inmigración del presidente Donald Trump está provocando que no se respeten los derechos humanos y las garantías internacionales de las personas que piden asilo en EEUU, que se arreste indiscriminadamente a peticionarios de asilo legítimos y que se separen familias detenidas mientras, por otra parte, prospera el negocio de los centros de detención privados.

La activista Luna Ortiz, del Comité de Solidaridad con Migrantes Detenidos, explicaba este sábado durante la celebración del tercer evento de recaudación de fondos "Cumbia Contra la Migra", que este año comenzaron el proyecto Fondo Fronterizo de Fianzas para pagar finazas a inmigrantes detenidos.

Actualmente, las fianzas para que un inmigrante pueda defender su caso migratorio sin estar detenido en El Paso asciende a $6,000.

"Nos dimos cuenta de que poca gente recibe la oportunidad de salir bajo fianza y mucha gente no pueden pagarla y muchas veces la gente se endeuda muriéndose de hambre por tener que estar pagando estas fianzas", indicó Ortiz satisfecha de haber conseguido sacar esta semana a cuatro inmigrantes de centros de detención para "que puedan seguir sus casos fuera, donde tienen más acceso a abogados, donde pueden estar con sus familias y poder darle seguimiento a sus casos".

Sostuvo que cuando un inmigrante llega a El Paso pidiendo asilo, pueden pasar meses y numerosas vistas en cortes antes de que haya una resolución del caso. Hasta hace poco, todo el proceso se solía defender con el inmigrante en libertad bajo palabra. Solo se arrestaba en aquellos casos en los que el juez consideraba que el peticionario podría ser peligroso de alguna manera o tenían intención de huir. Ahora, lo habitual es que se detenga a todo el que pida asilo.

"El problema es que en este momento, aunque no están obligados a detener a estas personas, cada persona que pasa por ese proceso la están deteniendo y los detienen por meses", lamentaba Ortiz añadiendo que durante muchos años esos trámites se seguían sin ningún tipo de detención entendiendo especialmente que cuando la gente está detenida es mucho más difícil que tenga acceso a los abogados.

"Las leyes de inmigración son muy complicadas. En El Paso, las personas tienen la suerte de que hay un centro de detención que está dentro de la ciudad y los abogados tienen acceso, pero en otras partes del país hay centros de detención que quedan a horas y horas de los recursos legales para poder verdaderamente defender su caso".

Por otra parte, desde el mes pasado, se está impidiendo el acceso de los inmigrantes a los puertos de entrada antes incluso de que lleguen a territorio estadounidense, lo que es ilegal.

En uno de los puentes de acceso a El Paso desde Ciudad Juárez, en territorio de tránsito entre los dos países, a unos cien metros hacia México desde los puestos de aduanas, se pueden ver a oficiales estadounidenses pidiendo la documentación a transeúntes con aspecto centroamericano a los que se les convence de no avanzar más, hasta donde tendrían derecho a pedir asilo.

"A partir del mes pasado, empezamos a ver que en el puente se le está diciendo a la gente que no hay cupo, que no hay capacidad para presentar a la gente y los están regresando antes de que entren a los EEUU, ya que una vez que entran se activa el proceso y las autoridades deben seguirlo", denunció la activista reclamando que "este tipo de abusos dejen de suceder". "No deberíamos penar a la gente simplemente por tratar de migrar a algún otro lado. Creemos que hay otras alternativas y maneras de darle apoyo. Que puedan seguir esos procesos y que puedan tener una oportunidad de demostrar su caso y tratar de quedarse aquí", expresó Ortiz.

La activista insistió en que "el gobierno no está obligado a detener a todas estas personas y sin embargo lo está haciendo. Siempre ha tenido discreción e históricamente esa discreción se ha usado para detener a personas, entre comillas, peligrosas. En este momento, esa discrección se está haciendo para detener a toda persona, independientemente de la fortaleza de su caso, de que sea la primera vez, de que no tengan nigún antecedente ni nada por el estilo, a todo el mundo se le detiene".

"Se supone que no se les detenga en prisiones, porque es un proceso administrativo. Sin embargo, todos estos centros de detención funcionan como si fueran prisiones y los manejan las mismas compañías que manejan las prisiones. Más de la mitad de los centros detención en EEUU lo manejan compañías privadas, subcontratan a compañías privadas", lamentó la activista.

Se supone que esos centros privados funcionan de manera más eficiente, que ahorran dinero al gobierno, "pero investigaciones de parte del gobierno sobre prisiones a nivel federal han mostrado que en realidad no se ahorra suficiente dinero para justificar ese cambio y que hay muchos abusos a derechos humanos en esos centros".

A nivel federal, se ha recomendado que el Departamento de Justicia comiencen a restringir los contratos a las compañías privadas, pero "como Inmigración es un proceso administrativo, no queda bajo el departamento de Justicia, a pesar de que son las mismas compañías. Así que esa recomendación no aplica para esto y no solo siguen habiendo esos contratos sino que siguen surgiendo más contratos".

El autor es periodista independiente radicado en Massachussets. Colabora con periódicos y revistas de Puerto Rico y España, principalmente.

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