Trasfondo

Una muerte en la guerra contra las drogas de Duterte resuena entre los filipinos que viven en el extranjero

El cuerpo de Allan Rafael yace en un ataúd blanco mientras los familiares consternados rememoran al hombre golpeado por el cáncer que murió en prisión después de que lo arrestaran.
El cuerpo de Allan Rafael yace en un ataúd blanco mientras los familiares consternados rememoran al hombre golpeado por el cáncer que murió en prisión después de que lo arrestaran. NYT

En una zona pobre ubicada en las cercanías de Manila, la capital filipina, el cuerpo de Allan Rafael yace en un ataúd blanco mientras los familiares consternados rememoran al hombre golpeado por el cáncer que murió en prisión después de que lo arrestaran a causa de la brutal guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte.

Sobre el féretro había fotografías de Rafael, un filipino que trabajaba en el extranjero, algunas tomadas cuando aún era empleado de cocina en el Medio Oriente, y una que donaron activistas que decía: “Justicia para Allan, alto a los asesinatos”.

El 2 de agosto, cuando la policía lo arrestó, Rafael, de 35 años, quien padecía linfoma, intentó explicar por qué se veía demacrado. No era por las drogas. Simplemente estaba muy enfermo después de haber recibido quimioterapia desde el año pasado, cuando regresó de Arabia Saudita para tratarse.

Sin embargo, no escucharon sus razones y la policía lo detuvo, lo golpeó y lo torturó para obtener una confesión, de acuerdo con su hermano menor, Aarun Rafael, quien lo había visitado en la cárcel.

Cuatro días después del arresto, Allan Rafael fue declarado muerto. Como si fuera poco, faltaban algunas de sus pertenencias, entre ellas su billetera, su reloj deportivo y su celular, según su hermano.

La guerra contra las drogas de Duterte ha terminado con la vida de miles de personas, y la mayoría de las muertes por lo general pasan desapercibidas. Sin embargo, miembros de la enorme comunidad de filipinos que trabajan en el extranjero y han sido muy leales a Duterte han sacado provecho del asesinato de Rafael.

El grupo Migrante International, el cual representa a los filipinos que trabajan en el extranjero, ha ayudado a la atribulada familia de Rafael y ha acusado al presidente de propagar una “cultura de la impunidad” que empodera a policías corruptos para que cometan actos de violencia.

“En vez de castigar a los policías deshonestos, el régimen de Duterte solo reubica a salvajes homicidas en otros lugares y, lo que es aún peor, asciende a algunos”, comentó Arman Hernando, el presidente de Migrante International, en el velorio de Rafael.

En el velorio que se llevó a cabo la semana pasada en Dagat-Dagatan, un extenso barrio bajo de Manila, los familiares estaban apiñados debajo de una carpa para escapar de un aguacero torrencial, y los vecinos pasaron a ofrecer sus respetos.

La novia de Allan Rafael, con la que llevaba ocho años y quien se identificó solo como Flordeliz porque quería limitar su exposición en los medios, comentó que la pareja había planeado casarse pronto. Según Flordeliz, Allan era optimista sobre el futuro de los dos.

“Se estaba fortaleciendo, se estaba curando”, dijo Flordeliz entre sollozos. “Después de su tratamiento de quimioterapia, ya había planeado mejorar para por fin volver a trabajar”.

“Solo queremos la verdad”, expresó Flordeliz. “Quería vencer el cáncer, y terminó muerto en prisión”.

La pareja se conoció en la provincia de Leyte, ubicada en el centro de Filipinas, donde Rafael estaba a punto de acabar una carrera en administración hotelera y restaurantera, la cual era el boleto para obtener un trabajo en el extranjero, y una buena posibilidad de dar una mejor vida a su familia.

La vida en la provincia había sido dura, en especial después de que el tifón Haiyan azotó la región en 2013: provocó la muerte de 6,300 personas y devastó una gran parte de Leyte. La familia Rafael sobrevivió esa dura experiencia, después de la cual Allan prometió trabajar para sacar a su familia de la pobreza.

La prima de Rafael, Edmalyn Badeo Germanes, de 44 años, quien a menudo se encargó de cuidar a Allan y a sus hermanos cuando eran pequeños mientras sus padres se ocupaban de la granja de Leyte, describió al hombre asesinado como reservado pero determinado, alguien que “tenía sueños para su familia”.

“Sabíamos de su enfermedad, y estaba en nuestras plegarias. Cuando me enteré de que murió, en un inicio pensé que el cáncer finalmente lo había vencido, pero después supe que había muerto a manos de la policía”, comentó Germanes. “Nunca pensamos que le podría pasar a alguien de nosotros”.

Según Germanes, como muchas familias filipinas, ellos votaron por Duterte en 2016, encandilados con sus promesas de terminar con los grandes monopolios y de erradicar las drogas que han sido el flagelo de muchas comunidades.

“Había elegido otro candidato al principio, pero la familia me persuadió de que Filipinas necesitaba un hombre, un presidente fuerte”, comentó. “Ahora, ya no estoy tan segura”.

Un estimado de diez millones de filipinos trabajan en el extranjero como obreros, marineros y trabajadoras domésticas, y ha sido una costumbre que los políticos busquen su apoyo, en particular Duterte, quien insiste en reunirse con ellos en sus viajes al extranjero.

De acuerdo con la policía, desde que Duterte llegó al poder en junio de 2016, se han asesinado a más de 4,500 drogadictos y traficantes pero, según agrupaciones de derechos humanos, la cantidad de muertos supera los 12,000. Para poner esa cifra en contexto, 3,200 activistas fueron asesinados bajo el régimen del dictador Ferdinand Marcos, cuyo mandato de dos décadas fue famoso por su brutalidad.

El año pasado, Duterte suspendió de forma temporal todos los operativos antidrogas de la policía después de que tres adolescentes fueron asesinados por error, lo cual provocó protestas enormes encabezadas por la influyente Iglesia católica. Sin embargo, en diciembre, Duterte continuó con los operativos policíacos, y comentó que seguirían en marcha hasta que terminara su periodo de seis años.

Los policías que arrestaron a Rafael no respondieron a nuestra solicitud de entrevista, pero en un comunicado que ofreció antes, el Distrito de la Policía de Manila mencionó que había comenzado una “investigación exhaustiva” del caso.

Jacqueline de Guia, vocera de la Comisión de Derechos Humanos, un órgano independiente, exigió una investigación por separado de la muerte de Rafael y un castigo para cualquier oficial que haya actuado de manera ilegal.

“Es alarmante que, incluso después de las declaraciones de una supuesta limpieza interna de la Policía Nacional de Filipinas, continúen los alegatos de abuso de autoridad de nuestros policías”, señaló de Guia.

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