Trasfondo

China está deteniendo a musulmanes en grandes cantidades. La meta: ‘Transformación’

Los propios documentos del gobierno describen una extensa red de campamentos —generalmente llamados centros de “transformación mediante educación”— que se ha expandido sin debate público, autoridad legislativa específica ni sistema de apelación alguno para los detenidos.
Los propios documentos del gobierno describen una extensa red de campamentos —generalmente llamados centros de “transformación mediante educación”— que se ha expandido sin debate público, autoridad legislativa específica ni sistema de apelación alguno para los detenidos. NYT

Al borde de un desierto en el extremo occidental de China, hay un imponente edificio detrás de una cerca con alambre de púas en lo alto. Enormes ideogramas rojos en la fachada instan a la gente a aprender chino, estudiar Derecho y adquirir habilidades laborales. Los guardias dejan claro que los visitantes no son bienvenidos.

En el interior, cientos de musulmanes de la etnia uigur pasan sus días en un programa de adoctrinamiento de alta presión, donde los obligan a escuchar ponencias, cantar himnos de alabanza al Partido Comunista Chino y escribir ensayos de “autocrítica”, de acuerdo con detenidos que han sido liberados.

El objetivo es liberarlos de la devoción al islam.

Abdusalam Muhemet, de 41 años, dijo que la policía lo detuvo por recitar un verso del Corán en un funeral. Después de dos meses en un campamento cercano, les ordenaron a él y a 30 prisioneros más que renunciaran a sus vidas pasadas. Muhemet dice que aceptó, pero en silencio se sintió furioso.

“Ese no era un lugar para deshacerse del extremismo”, recordó. “Era un sitio que engendrará sentimientos vengativos y borrará la identidad uigur”.

Este campamento afuera de Jotán, una antigua ciudad-oasis en el desierto Taklamakán, es uno de cientos que China ha construido en los últimos años. Es parte de una campaña de impresionante escala y ferocidad que ha sometido a cientos de miles de musulmanes chinos a semanas o meses de lo que describen los críticos como manipulación mental, generalmente sin cargos penales.

Aunque se limita a la región occidental de Sinkiang, es el programa de internamiento más extenso desde la época de Mao, así como objeto de una ola creciente de críticas en todo el mundo.

China ha buscado durante décadas restringir la práctica del islam y mantener un control férreo en Sinkiang, una región casi tan grande como Alaska donde más de la mitad de la población de 24 millones pertenece a etnias musulmanas minoritarias. La mayoría son uigures, cuya religión, lengua y cultura, junto con un historial de movimientos independentistas y resistencia al gobierno chino, desde hace mucho han conmocionado a Pekín.

Después de que una serie de ataques violentos contra el gobierno llegó a un punto álgido en 2014, Xi Jinping, dirigente del Partido Comunista, aumentó drásticamente las medidas enérgicas, organizando una iniciativa implacable para convertir a los uigures y otras minorías musulmanas en ciudadanos leales y simpatizantes del partido.

“Sinkiang está pasando por un periodo activo de actividades terroristas, una intensa lucha contra el separatismo y la dolorosa intervención para tratar estos males”, dijo Xi a algunos funcionarios, de acuerdo con reportajes en los medios noticiosos del Estado en 2017.

Además de las detenciones masivas, los funcionarios han intensificado el uso de informantes y expandido la vigilancia policiaca, incluso instalando cámaras en las casas de algunas personas. Los activistas de derechos humanos dicen que la campaña ha traumatizado a la sociedad uigur, dando como resultado comunidades y familias divididas.

“La invasión de la vida cotidiana ahora es casi total”, dijo Michael Clarke, experto en Sinkiang en la Universidad Nacional Australiana en Canberra, la capital de Australia. “Por ejemplo, con la identidad étnica, la de los uigures, en particular, se está señalando como si fuera una especie de patología”.

China ha negado categóricamente los reportes de abusos en Sinkiang. En una reunión de un panel de la ONU en Ginebra el mes pasado, precisó que no opera campamentos de reeducación y describió las instalaciones en cuestión como instituciones correccionales moderadas que proporcionan capacitación laboral.

“No hay detenciones arbitrarias”, le dijo Hu Lianhe, un funcionario que participa en la gestión de políticas en Sinkiang, al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. “No existen los centros de reeducación”.

El comité presionó a Pekín para que revelara cuántas personas han sido detenidas y para que las liberara, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó la petición por “no basarse en hechos” y dijo que las medidas de seguridad en China eran comparables con las de otros países.

Sin embargo, evidencias abrumadoras contradicen la defensa de “aquí no pasa nada” del gobierno, entre ellas, órdenes oficiales, estudios, reportajes noticiosos y planes de construcción que se han publicado en línea, así como testimonios de un creciente número de exdetenidos que han escapado a países como Turquía y Kazajistán.

Los propios documentos del gobierno describen una extensa red de campamentos —generalmente llamados centros de “transformación mediante educación”— que se ha expandido sin debate público, autoridad legislativa específica ni sistema de apelación alguno para los detenidos.

The New York Times entrevistó a cuatro reclusos recientes de Sinkiang que describieron el abuso físico y verbal por parte de los guardias; pesadas rutinas de canto, conferencias y reuniones de autocrítica; así como la ansiedad persistente de no saber cuándo los liberarían. Sus recuentos fueron confirmados por entrevistas con más de una decena de familiares de uigures que estuvieron en los campamentos o que habían desaparecido, muchos de quienes hablaron bajo la condición de mantener su anonimato para evitar las represalias del gobierno.

The Times también descubrió informes en línea escritos por equipos de funcionarios chinos a quienes se les asignó la tarea de monitorear a las familias de los detenidos, así como un estudio de 2017 que señaló que funcionarios en algunas partes de Sinkiang estaban enviando a miembros de la etnia uigur indiscriminadamente a los campamentos con el fin de cumplir con sus cuotas.

El estudio, de Qiu Yuanyuan, académica en la Escuela del Partido de Sinkiang, donde capacitan a los funcionarios, advertía que las detenciones podrían ser contraproducentes y atizar el radicalismo. “Establecer de manera impertinente objetivos numéricos de transformación a través de la educación ha sido un gran error” en algunas zonas, escribió. “Los criterios de detención son poco precisos y el alcance ha estado aumentando”.

El gobierno de Sinkiang emitió reglas de “desradicalización” en 2017 que daban autorización ambigua a los campamentos, y en muchos condados ahora hay varios de ellos, de acuerdo con documentos gubernamentales, entre ellos solicitudes de licitación por parte de empresas de construcción para encargarse de estos proyectos.

En los documentos del gobierno, los funcionarios locales a veces comparan a los reclusos con pacientes que necesitan aislamiento e intervención de emergencia.

“Cualquiera que se haya infectado de un ‘virus’ ideológico debe ser enviado inmediatamente a un centro de ‘cuidado residencial’ con clases de transformación a través de la educación antes de que la enfermedad se manifieste”, decía un documento emitido por funcionarios del partido en Jotán.

No se sabe con exactitud el número de uigures, así como kazajos y otras minorías musulmanas, que han sido detenidos. Los cálculos van de los varios cientos de miles a la cifra probable de un millón, mientras que los grupos de uigures exiliados dicen que la cantidad es aún mayor.

El gobierno chino dice que está ganando una guerra contra el extremismo y el separatismo islámicos, tendencias a las que culpa por los ataques que han asesinado a cientos de personas en años recientes. La información acerca de este tipo de violencia está censurada e incompleta, pero los incidentes parecen haber disminuido drásticamente desde 2014.

Aun así, muchos de quienes han salido del programa de adoctrinamiento dicen que la iniciativa ha endurecido las actitudes públicas contra Pekín.

“No sirvió absolutamente de nada”, dijo Omurbek Eli, un empresario kazajo, acerca del tiempo que pasó en un campamento en 2017. “El resultado será lo opuesto. Se harán aún más resistentes a la influencia china”.

(Austin Ramzy colaboró con el reportaje desde Hong Kong).

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