Funcionarios de Puerto Rico cabildean al Congreso contra ‘devastadora’ reforma tributaria

Puerto Rico sigue abrumado por la crisis que dejó el huracán María, pero ahora enfrenta una nueva crisis: la reforma tributaria que se negocia en Washington y que funcionarios de la isla temen que pudiera devastar la economía de la isla.

El miércoles, el gobernador Ricardo Rosselló y el vicegobernador Luis Rivera Marín iniciarán una última campaña de cabildeo con la esperanza de convencer a los líderes republicanos de excluir a la isla de un impuesto especial del 20 por ciento sobre los bienes que las empresas estadounidenses importan de sus filiales en el extranjero.

La medida en la iniciativa tributaria del Partido Republicano tiene por fin impedir que las empresas estadounidenses burlen los impuestos enviando ganancias al extranjero. Pero la medida se aplicaría también a Puerto Rico porque el código tributario federal considera la isla tanto una entidad nacional como extranjera.

Es un golpe que los funcionarios electos de Puerto Rico dicen que la economía isla no puede resistir.

“Si el Congreso de Estados Unidos ignora nuestra situación y da este golpe mortal a nuestra economía, el efecto inmediato y directo será que los puertorriqueños se suban a los aviones”, dijo Rivera Marín.

Puerto Rico ya batallaba con una profunda recesión económica desde antes que los huracanes Irma y María golpearan a la isla en septiembre. El índice de desempleo estaba en alrededor de 10 por ciento y el país tiene una deuda de $72,000 millones. Desde las tormentas, miles de puertorriqueños han perdido el empleo porque muchas empresas y negocios siguen sin servicio eléctrico y no pueden reanudar sus operaciones.

Rivera Marín dijo que el impuesto en cuestión puede devastar el sector manufacturero de la isla y eliminar una tercera parte de los ingresos del país por concepto de impuestos, lo que haría que miles de familias se fueran a la Florida y Nueva York.

Comparado con el daño económico potencial de la ley tributaria, “María parecería un aguacero”, dijo Rivera Marín.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington y Jenniffer González-Colón, representante sin derecho a voto de la isla en el Congreso, han estado cabildeando a legisladores durante semanas para excluir a Puerto Rico de la cláusula.

Pero hasta ahora no lo han logrado. La versión de la ley de la Cámara impone un impuesto especial de 20 por ciento a los bienes producidos por filiales extranjeras de empresas estadounidenses. La versión del Senado incluye impuestos más limitados, que funcionarios puertorriqueños dicen serían menos onerosos, pero incluso así una amenaza seria a la economía de la isla.

Negociadores de la Cámara y el Senado están negociando un acuerdo que pudiera ser aprobado en ambos foros y enviado al presidente Trump para su firma.

Rosselló y Rivera Marín se reunirán con asesores económicos de la Casa Blanca y personal del Congreso, dijo Rivera Marín. La visita da inicio a 10 días de visitas constantes de políticos de Puerto Rico, entre ellos legisladores locales y alcaldes.

Los fabricantes de Puerto Rico producen aproximadamente el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla y los funcionarios predicen que la reforma tendría un impacto en más de 200,000 empleos vinculados directa o indirectamente con la manufactura. El actual código de impuestos permite a las subsidiarias de los Estados Unidos operar en Puerto Rico sin pagar impuestos federales, proporcionando un incentivo para que los fabricantes se establezcan en la isla.

“Se supone que esto es una reforma que salve empleos en Estados Unidos, pero van a matar los empleos en Puerto Rico”, dijo Rivera Marín. Si los fabricantes de Estados Unidos abandonan la isla debido a la reforma tributaria, “no se van a llevar los trabajos a Michigan, sino que los llevarán a Singapur, los llevarán a Irlanda”, agregó.

Grupos del sector privado en Puerto Rico también están preocupados por los impactos del proyecto de ley de reforma tributaria. La Coalición del Sector Privado de Puerto Rico, que representa a varias industrias en la isla, también ha estado cabildeando en Washington. La mayoría de los legisladores se han mostrado “receptivos” las preocupaciones del sector empresarial, pero no han prometido exentar a Puerto Rico de la cláusula del impuesto especial, dijo Ramón Ponte, presidente de la Asociación de Contadores Públicos Certificados de la isla y miembro de la coalición

El destino de Puerto Rico en la factura tributaria puede depender de la voluntad de los miembros del comité de gastar capital político para abordar las preocupaciones de la isla cuando todavía tienen desacuerdos mayores que resolver.

A finales de noviembre, el representante Kevin Brady, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, dijo a los periodistas que la comisión estaban trabajando con González-Colón para abordar las preocupaciones de Puerto Rico. “Continuamos conversando con ella y hay una lista de opciones en las que estamos trabajando para tratar de llegar al mejor enfoque”, dijo. Brady agregó que la Cámara había hecho dos cambios al proyecto de ley para ayudar a Puerto Rico, pero que están “tratando de hacer más”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también ha prometido mantener a Puerto Rico en mente en momentos que la Cámara y el Senado se ponen de acuerdo sobre la versión final del proyecto de ley. Después que la Cámara aprobó su versión a mediados de noviembre, Ryan y González-Colón emitieron una declaración conjunta sobre incentivos fiscales para Puerto Rico. “Nuestra intención es mejorar la legislación de la reforma tributaria en lo relativo a Puerto Rico cuando nos reunamos para la conciliación de versiones”, expresó la declaración.

Orrin Hatch, republicano por Utah y presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, se negó a decir qué posibles medidas se están estudiando.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de diciembre de 2017, 1:23 p. m. with the headline "Funcionarios de Puerto Rico cabildean al Congreso contra ‘devastadora’ reforma tributaria."