Crisis de Nicaragua necesita diálogo, no reformas legales, dicen agricultores
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) señaló este jueves que la crisis económica deriva del conflicto sociopolítico interno y necesita de un diálogo nacional para resolverse y no de reformas fiscales y de seguridad social como las que ha planteado el Gobierno.
“El problema frontal es (la falta) de diálogo, debemos sentarnos a dialogar, no estar haciendo reformas legales”, dijo el presidente de Upanic, Michael Healy, a periodistas.
El Gobierno nicaragüense presentó el lunes ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.
La iniciativa, que además establece reformas a la seguridad social que elevan la cuota de los trabajadores y de los empresarios y baja el monto de las pensiones, busca recaudar recursos tras la fuerte caída de la economía a causa de la crisis.
En la propuesta legislativa se mantiene la previsión del Banco Central nicaragüense de un crecimiento del 1% del producto interno bruto (PIB) en el 2018, muy por debajo del al menos 4.5% calculado antes de la crisis y mucho más optimista que el -4% pronosticado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Aquí debemos estar hablando de que salgan de las cárceles los presos políticos, de terminar el asedio, no estar dialogando sobre un tema económico”, resaltó Healy, quien además es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que afirma sigue esperando que Ortega regrese al diálogo nacional para resolver la crisis, que abandonó de forma unilateral en julio pasado.
Sobre las reformas, en especial la tributaria, el líder agricultor afirmó que “es totalmente confiscatoria”, ya que de ser aprobada y de ejecutarse, según los empresarios, podría hundir la economía de Nicaragua aún más.
Aunque diferentes representantes del Gobierno han insistido en que las reformas tributarias y de seguridad social únicamente afectarán a los grandes empresarios, los documentos demuestran que los efectos negativos alcanzarán a todos los sectores.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 presos, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes “de lesa humanidad”.
Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) inició el proceso para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar en su suspensión del organismo.