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Trump autoriza demandas a empresas cubanas por propiedades confiscadas

La Casa Blanca permitirá a los estadounidenses demandar en tribunales federales a unas 200 compañías cubanas que ahora controlan en la isla propiedades confiscadas por el gobierno de La Habana hace decenios.

Pero el gobierno del presidente Donald Trump no llegó a autorizar que demanden a empresas extranjeras por el mismo motivo, demandando esa medida al menos 30 días, mientras Washington determina qué hacer para crear apoyo internacional para una campaña de presión contra Venezuela.

“Un país como España, por ejemplo, obviamente tiene muchas compañías que operan en Cuba, pero España pudiera ayudar mucho en aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, dijo una fuente familiarizada con las discusiones. “Pudiera revocar cientos de visas a personeros del régimen de Maduro, lo que sería útil”.

La decisión se anunciará este lunes como una implementación parcial del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a los estadounidenses demandar a compañías que tengan operaciones en Estados Unidos y a las que también les hayan confiscado propiedades en la Isla. Desde que la ley se aprobó, el Congreso ha decidido no aplicar el Título III cada seis meses.

El Departamento de Estado indicó específicamente que anunciaba una prórroga de 30 días al Título III con una exención clave. El gobierno permitiría a estadounidenses demandar a compañías y entidades cubanas en la Lista CubaRestricted del Departamento de Estado, que incluye a empresas y entidades bajo el control de las fuerzas armadas cubanas.

“Seguiremos estudiando las consecuencias de estas suspensión sobre la situación de los derechos humanos en Cuba”, expresó el Departamento de Estado, en un comunicado. “La Lista CubaRestricted identifica a entidades y subentidades bajo el control de los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad de Cuba. Estos servicios son directamente responsables de la represión del pueblo cubano. Alentamos a cualquier personas que haga negocios en Cuba que piense bien si están traficando en propiedades confiscadas y apoyando a la dictadura cubana”.

El gobierno ha estado advirtiendo que tal decisión estaba por llegar. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton dijo a el Nuevo Herald en noviembre que el gobierno estaba “estudiando seriamente” la propuesta de no suspender la cláusula de la Ley Helms-Burton que permite a los estadounidenses demandar.

El senador Marco Rubio, uno de los legisladores que ha presionado para implementar el Título III, dijo que Trump envía un mensaje fuerte de que Estados Unidos “no se quedará con los brazos cruzados” mientras el régimen cubano sigue apoyando al gobernante venezolano Nicolás Maduro”.

“Al comenzar el proceso de implementación del Título III y el Título IV de la Ley Helms-Burton, Estados Unidos responsabiliza al régimen cubano de sus crímenes, incluido su apoyo a la asesina familia mafiosa de Maduro”, dijo Rubio. “La justicia está por llegar, esto acaba de empezar”.

Los que se opusieron en el Departamento de Estado han planteado preocupaciones sobre la carga potencial sobre los tribunales federales estadounidenses y un aumento en las tensiones sobre los aliados europeos y otros que han criticado la aplicación extraterritorial de la ley.

Abogados que representan a compañías con intereses en Cuba han expresado sorpresa y preocupación sobre las consecuencias a largo plazo en los tribunales.

Robert Muse, abogado de Washington especializado en asuntos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, dijo que es poco probable que el gobierno cubano impugne los casos en los tribunales y que ello pudiera crear retos en el futuro, cuando se normalicen las relaciones comerciales.

“Es es demasiado amplio y va a generar litigios inevitablemente”, dijo Muse. “Se correrá pronto la voz que Cuba no se está defendiendo de estas demandas y la gente va a presentar demandas por millones de dólares. Es como una lotería. Uno toma un número y se sienta. Ya llegará la hora. Y entonces le dirán al gobierno federal que tiene la obligación de sacarle dinero al gobierno de Cuba a manera de pago por lo que decidieron los tribunales federales”

El gobierno cubano ha advertido sobre la implementación del Título III, alegando que “fortalecería peligrosamente el bloqueo contra Cuba, violaría flagrantemente las leyes internacionales y sería un ataque directo a la soberanía” de otras naciones.

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