Puerto Rico en 2015 y su futuro político
Residimos en el sureste de la Florida más de 300,000 puertorriqueños, todos ciudadanos estadounidenses y casi un millón en nuestro estado peninsular. La actual situación política de Puerto Rico es preocupante.
Los Casos Insulares (CI) son opiniones jurídicas que emitió el Tribunal Supremo de EEUU entre 1901 y el 1922. De acuerdo con los Casos Insulares, Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. El Tribunal Supremo inventó para Puerto Rico la nueva categoría de territorio no incorporado.
Los CI crearon un estado limbo para Puerto Rico que no nos catalogó ni como territorio incorporado, ni como estado federado. En el último Caso Insular, Balzac v. Porto Rico (1922), el Tribunal Supremo decretó que, a pesar de que los puertorriqueños habíamos recibido la ciudadanía estadounidense en el 1917, no obstante, no podíamos disfrutar de iguales derechos constitucionales en la Isla. Solo si los puertorriqueños emigraban a cualquier estado norteamericano podrían disfrutar de la ciudadanía con igualdad. Esto es aun ley 93 años después.
En el 1952 el Congreso de EEUU creó el Estado Libre Asociado (ELA) que ha regido hasta hoy. Pero en un plebiscito insular en el 2012 (60 años después), el pueblo de Puerto Rico, donde el 85 por ciento del electorado participó en la consulta, votó el 54 por ciento en contra del ELA, así retirando el consentimiento de los gobernados.
Lo que complica aún más es que Puerto Rico se está desinflando, pues casi 50,000 puertorriqueños abandonan la isla anualmente (mayormente emigran a Texas, Washington y a Florida, que pronto tendrá un millón de boricuas, que ya constituyen el segundo bloque electoral latino, después de los cubanos). Consiguientemente la población de la Isla ha rebajado de más de 4 millones a casi 3.5 millones. Los puertorriqueños en los 50 estados ya pasamos los 6.5 millones.
De remate, la deuda pública reconocida (Bonded Debt) de Puerto Rico está en $72,796 millones, que sumada a los compromisos de retiro y otras deudas, llega a la astronómica cifra de deuda pública de $167,500 millones. Más que el estado de Nueva York, que tiene una población cinco veces mayor. La deuda pública de Puerto Rico es, como han señalado Bloomberg y The Economist, casi dos veces el producto interno bruto (PIB), es decir, peor que Grecia. En una economía de $60,000 anuales con $9,000 de impuestos, Puerto Rico no puede pagar su cuantiosa deuda. Con el agravante de que, distinto a un municipio norteamericano (como Detroit), a Puerto Rico no le aplica la ley de insolvencia de gobierno. Consiguientemente, no hay otra salida que no sea una salvación federal. Con un congreso republicano, la probabilidad de un rescate federal es cero. Al no haber un marco legal para reorganizar la deuda pública, habrá copiosos litigios y hasta una sindicatura dictada por los bancos de Wall Street.
Frente a este desastre los gobiernos cobardes de turno no han querido articular la magnitud de los problemas al pueblo. El espiral negativo así adelanta peligrosamente.
La realidad es que aunque la culpa es de Puerto Rico y sus gobernantes, el Congreso de Estados Unidos comparte la culpa del actual desastre.
El Tratado de París del 1898, entre España y Estados Unidos, después de la Guerra Hispano-Americana, funge como ley en EEUU que cedió la responsabilidad cívica de los entonces 900,000 puertorriqueños en la Isla a manos del congreso norteamericano. Aun existe esa obligación bajo el Título III de la Constitución de EEUU, que le concede poderes plenarios sobre los territorios al Congreso de EEUU.
El tema de Puerto Rico no solamente es el reclamo de igualdad de los puertorriqueños, todos ciudadanos estadounidenses, sino la obligación a Puerto Rico del Congreso de EEUU de asegurar el consentimiento de los gobernados. En el segundo voto plebiscitario del 2012, la mayoría que escogieron una forma preferida de gobierno, escogieron la estadidad federada.
El representante, sin voto, de Puerto Rico en la Cámara Baja Federal, el Comisionado Residente Pedro J. Pierluisi, radicó un proyecto de ley recientemente (HR727) que establecería un referéndum federal que, siguiendo el patrón de otros territorios (el último fue Alaska en el 1959) en la que solo hace una pregunta: ¿debe Puerto Rico ser admitido como estado federado de EEUU? Sí o no. A regañadientes el Congreso reconoció el estado 49 después de 63 años como territorio.
El Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre el tema, le pidió al Presidente del Subcomité de Asuntos Indígenos e Insulares, Don Young (R. Alaska) que estableciese vistas y recomiende una solución. Si este Congreso acepta su responsabilidad constitucional, antes de la elección presidencial del 2016, Puerto Rico, después de 118 años bajo la bandera estadounidense, podría estar encaminado a derrocar los Casos Insulares y reclamar la igualdad ciudadana bajo el consentimiento de los gobernados.
Ex alcalde de Miami.
Esta historia fue publicada originalmente el 4 de abril de 2015 a las 0:00 p. m. con el titular "Puerto Rico en 2015 y su futuro político."