Estado Libre Asociado: ‘Como la Cigarra’

Puerto Rico, en los años 40 del siglo XX, estaba sumido en una pobreza extrema que se llegó a llamar “la Casa Pobre del Caribe”. El ingreso per cápita era de $121. Casi la mitad de la población adulta –de un total de 1.1 millones de habitantes– estaba desempleada. Aquellos que tenían empleo trabajaban principalmente en el cultivo de la caña de azúcar; estos empleos, en su mayoría, tenían carácter temporero. Así mismo, el ingreso estaba injustamente distribuido: el 86 por ciento de la población recibía solo el 29 por ciento del ingreso total del país. No se trataba de un panorama halagador, ni inspirador; mucho menos conducente a estimular y promover gran inversión externa, ni desarrollo interno.

Ante esa situación de desesperanza y desasosiego extremo, aquel país arrodillado, pero orgulloso, se levantó gracias a sus propios esfuerzos y voluntad férrea, además de contar con el liderazgo incansable y comprometido de su primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo –Don Luis Muñoz Marín– junto a un puñado de jóvenes, mujeres y hombres comprometidos con los principios de justicia social. Esta unión configuró lo que conocemos hoy como el Partido Popular Democrático y sirvió efectivamente de instrumento patriótico para lograr la gran transformación de Puerto Rico.

Esta histórica transformación del país se le debe en gran parte al éxito del andamiaje constitucional del Estado Libre Asociado, instrumento político constituido en el 1952, que permitió y continúa permitiendo que Puerto Rico transcienda sus grandes limitaciones geográficas y se convierta hoy en un país de 3.7 millones de habitantes con un Producto Doméstico Bruto (PDB) per cápita de $28,500. Este gran andamiaje político, al día de hoy, continúa generando para Puerto Rico un récord en visitas de crucero e importantes desarrollos turísticos, además de inversiones significativas en el sector aeroespacial, investigación científica, turismo médico, proyectos cinematográficos y otras iniciativas de envergadura, como lo son el Puerto de las Américas en Ponce y Roosevelt Roads en Ceiba.

La realidad actual de desarrollo en dichos eslabones del sector privado del Puerto Rico de hoy no reflejan, aún ante la desafortunada –y ampliamente discutida– deuda de $72,000 millones del fisco gubernamental y sus corporaciones públicas, un país sometido al yugo de la pobreza extrema ni de rodillas a merced de la escasez, como gran parte de los comentaristas intentan proyectar. Por el contrario, existen estadísticas recientes que presentan un crecimiento económico, aunque moderado, así como también continúa siendo un país de gran estabilidad política y social. Una isla con un enorme potencial de desarrollo económico, una fuerza laboral educada, productiva, disciplinada, que cuenta con una infraestructura, incomparable con la de nuestros hermanos vecinos caribeños y centroamericanos.

No nos engañemos. Estamos muy conscientes de las dificultades que afrontamos en Puerto Rico ante el peso asfixiante de la enorme deuda pública. A pesar de ello, estamos también esperanzados y convencidos de los resultados positivos que han generando los serios esfuerzos gubernamentales tomados por la administración del gobernador Alejandro García Padilla para confrontar dicha situación en aras de unir voluntades del país, y lograr salir de esta crisis fiscal. Estos pasos están encaminados a una posible y responsable reestructuración y renegociación de la deuda pública. De igual manera, no debemos pasar por alto la gran inversión de tiempo, recursos y compromiso por parte de la administración actual, en encaminar los trabajos y planes del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica. Todos ellos enfocados en el crecimiento económico, creación de empleos, reformas estructurales e institucionales y la búsqueda de una estabilidad financiera, incluyendo la posible creación de una Junta de Control Fiscal. Todos estos pasos, al nivel local, más aquellos al nivel federal –cuyo norte es lograr la posible inclusión de Puerto Rico al Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras y los intentos por revivir la difícil discusión encaminada a excluir a Puerto Rico de la conocida Ley de Cabotaje Federal (Jones Act)– al igual que los agresivos esfuerzos públicos y privados por lograr un trato equitativo en la discriminatoria distribución de los fondos federales de Medicare en Puerto Rico, son componentes esenciales de una estrategia que permitirá a la isla empezar a ver la luz finalmente, luego de esta larga década de dificultades económicas.

Ante estos grandes retos que enfrenta nuestro país al presente, sería injusto afirmar que la administración actual no ha intentado confrontar los mismos con severidad, seriedad, y compromiso patriótico.

Estas circunstancias presentes nos ofrecen además otro reto y una gran oportunidad como país, para meditar sobre las palabras del fundador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Don Luis Muñoz Marín. Allá para el 1962, reflexionando sobre el futuro del ELA, dictaminó: “Nunca creemos que el Estado Libre Asociado, según quedó establecido en 1952, era perfecto. Realmente no hay institución humana a la que pudiéramos llamar perfecta. Pero, específicamente, sabemos que la gran virtud del Estado Libre Asociado era su capacidad para ahondarse y para ensanchar su dimensión”. Debemos remontarnos a la sabiduría de Muñoz Marín, e intentar retar nuestra capacidad creativa para crecer y expandir las dimensiones del Estado Libre Asociado por medio de una Asamblea Constitucional de Estatus, que podría servir para que Puerto Rico ejerza su derecho inalienable a la libre determinación, facilitando de esta manera al pueblo de Puerto Rico la definición de su futuro estado político y su relación con Estados Unidos, tomando en cuenta nuestras realidades sociales y económicas del presente, no del pasado.

Humildemente, considero que este particular momento de nuestra historia, ofrece tanto a los estadistas, independentistas, populares, autonomistas, y conservadores, así como aquellos no afiliados –aún ante las diferencias y encontronazos políticos y filosóficos, que ciertamente existen entre todo el pueblo puertorriqueño– la oportunidad de llevar a cabo un esfuerzo nacional encaminado a lograr una conversación de país que nos permita, justa y equitativamente, confrontar el dilema ya centenario del estatus, no por un capricho ideológico, sino por la exigencia del momento y del país.

La Convención Constituyente del 1952 expresó en su Resolución Número 23 que: “El Pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus relaciones con Estados Unidos de América, de modo que éstas son la expresión de un acuerdo libremente concertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América”. (Aprobado el 4 de febrero de 1952 y remitido al Presidente de Estados Unidos de América).

Todos en Puerto Rico reconocemos que existen diferencias abismales de criterio en cuanto a nuestra visión de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Aún así, sabemos que existe entre todos nosotros, los puertorriqueños, respeto a las aspiraciones ideológicas de los militantes de las creencias filosóficas de partidos que prefieren la estadidad, la independencia o la autonomía. Por lo tanto, en este momento, considerar revivir la discusión de convocar una Asamblea Constitucional de Estatus tendría como único ganador al pueblo de Puerto Rico.

Somos un país muy capacitado, manejar nuestra crisis fiscal y confrontar el impostergable dilema colonial no es inconsistente, ni son estos excluyentes. De hecho, históricamente, algunas de nuestras más capacitadas mentes e intelectos han concentrado su raciocinio y talento a este debate nacional del estatus. En una Asamblea Constitucional de Estatus, estas mentes puertorriqueñas podrían discutir, confrontar y recomendar, no meramente parámetros sobre nuestro futuro político y opciones para una relación política idónea e internacional y constitucionalmente aceptable entre Puerto Rico y Estados Unidos, sino además, aportar recomendaciones de índole económica y social en torno a cómo atender nuestro presente y futuro de país, tanto social y económicamente. Qué mejor momento que el presente para dejar de ser tímidos ante la historia. Puerto Rico puede lograr hablar finalmente con una nueva y sola voz.

Si el país aprovecha esta disyuntiva histórica, no solo en su esfuerzo encaminado a responder a las necesidades urgentes e imponer mayor vigor fiscal gubernamental, sino en continuar nuestra agresiva expansión y progreso en el frente de desarrollo económico público-privado, y atreverse como país a confrontar la impostergable controversia sobre el estatus, por medio de una discusión más amplia sobre el futuro del Estado Libre Asociado, ante una Asamblea Constitucional de Estatus, ganaría Puerto Rico.

No dudo que, de continuar tomando todos estos pasos necesarios, Puerto Rico logrará reclamar triunfalmente a sus detractores aquellas palabras del poema-canción, de la poeta argentina María Elena Walsh, Como la Cigarra: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando”.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de agosto de 2015, 3:47 p. m. with the headline "Estado Libre Asociado: ‘Como la Cigarra’."