Libertad para Puerto Rico, colonia de Estados Unidos

Por primera vez desde que hace 117 años entró a formar parte de Estados Unidos, Puerto Rico ha comenzado a incumplir sus pagos de acciones. Si el país no efectúa los pagos con interés de los $72,000 millones de deuda pública que tiene, entonces los fondos de pensiones en Estados Unidos no podrán cumplir con sus obligaciones de pago. Pero, por otra parte, si se le permite presentar los documentos para acogerse al Capítulo 9 de Protección contra Bancarrota, como han hecho otras ciudades y condados del país, todo el mundo buscaría tener ese derecho.

Por esta razón, la crisis de Puerto Rico afecta a Estados Unidos también, un problema que ni el presidente Obama ni el Congreso han hecho nada para solucionarlo. Ni siquiera una simple reestructuracción de deuda –en la remota posibilidad que los accionistas accedan a hacerlo– podría resolver el caos que existe. Con una población de 3.6 millones, cada habitante de la isla tendría que pagar $1,400 anuales –nueve por ciento del ingreso per cápita del país– solo para cubrir los $5,000 millones y pagos con interés que deben pagarse este año.

El problema no es Puerto Rico, ni siquiera los buitres inversionistas que se han negado a renegociar la deuda de la isla, sino el amañado capitalismo que Estados Unidos le ha impuesto a su colonia caribeña.

Estados Unidos “liberó” a Puerto Rico de España en 1898. Al siguiente año, el huracán San Ciriaco destruyó millones de dólares en propiedades y casi por completo la cosecha cafetalera de ese año. Los bancos entraron en acción, y comenzaron a comprar tierras a precios muy bajos.

Todavía peor, en el 1901, se subieron los impuestos a la propiedad a cada agricultor que quedaba en Puerto Rico. Estos se vieron obligados a pedir préstamos a los bancos norteamericanos a tasas de usurero; muchos perdieron sus tierras debido a ejecuciones hipotecarias. Para 1930, el 34 por ciento de la tierra que se usaba era administrada a nombre de los dueños ausentes.

Una isla que antes tenía una economía diversificada (café, tabaco, azúcar y frutas) se convirtió en una economía de monocultivo, que depende del azúcar. Para 1930, un puñado de sindicatos controlaban todas las tierras azucareras de la isla.

Sin dinero, cosechas ni tierras, los puertorriqueños se instalaron en ciudades como San Juan, Ponce y Mayagüez. La Legislatura promulgó una ley de salario mínimo, pero la Corte Suprema de Estados Unidos no vino a reconocer la constitucionalidad de la ley hasta décadas después.

En los años 1950, Estados Unidos comenzó a otorgarles a diversas compañías exenciones fiscales para producir productos baratos como sostenes femeninos y cuchillas de afeitar en la isla. Pero después que las corporaciones encontraron mano de obra más barata en Asia, las fábricas desaparecieron.

La ley más injusta de todas es la Ley de Marina Mercante, promulgada en 1920, conocida también como la Ley Jones, la cual exige que todo producto que entra o sale de Puerto Rico –lo mismo automóviles de Japón y motores de Alemania, que alimentos de América del Sur y medicinas de Canadá– debe transportarse en un barco norteamericano.

Un barco con bandera extranjera podría entrar directamente a Puerto Rico, pero únicamente tras pagar impuestos, aduana y tarifas de importación que a menudo son el doble del precio de los artículos que transporta.

No se trata de un modelo empresarial, sino de una extorsión, una forma de precios fijos legalizados, la versión marítima del chantaje. De 1970 al 2010, la Ley Jones le costó a Puerto Rico $29,000 millones.

Si la Ley Jones no existiera, tampoco existiría la deuda de la isla, y las decenas de miles de empleos marítimos irían a la isla procedentes de Jacksonville, Florida, donde empresas gigantes de transporte como Crowley, Horizon Lines y Sea Star Line llevan a cabo su carga y descarga para Puerto Rico.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de agosto de 2015, 4:00 p. m. with the headline "Libertad para Puerto Rico, colonia de Estados Unidos."