Las nuevas víctimas del combate chino a la corrupción

Moría de hambre, lo habían golpeado e interrogado durante varios días sin interrupción dentro de una sala helada. En ella, dormir, sentarse o incluso recargarse contra un muro estaba prohibido. Una golpiza dejó medio sordo a Wang Guanglong, oficial de medio nivel de la provincia china de Fujian, con base en su testimonio posterior.

El suicidio, dijo a sus parientes y abogados más adelante, resultaba tentador.

Al final, dijo, aceptó un trato: firmó una confesión reconociendo que había aceptado $27,000 en sobornos, creyendo erróneamente que sería liberado bajo fianza y tendría la oportunidad de despejar su nombre de un delito que, dice, él no cometió.

“Él hizo lo que le dijeron que hiciera a fin de salvar su propia vida”, dijo su hermana, Wang Xiuyun, en una entrevista.

China atraviesa una abrasadora campaña en contra de la corrupción gubernamental, misma que ha totalizado más de 50 funcionarios de alto nivel y decenas de miles de burócratas ordinarios, como parte del esfuerzo del presidente Xi Jinping por restablecer la confianza popular en el gobernante Partido Comunista. Durante la primera mitad de este año, la fiscalía abrió más de 6,000 investigaciones de funcionarios del partido, con base en estadísticas del gobierno divulgadas en julio.

Además, los dirigentes chinos juran que su limpieza apenas ha empezado.

Sin embargo, admiradores de la campaña anticorrupción de Xi pasan por alto una paradoja clave de la campaña, destacan detractores. Librado en nombre de la ley y la transparencia, el combate a la corrupción opera con frecuencia fuera de la ley un dominio de secretos de dependencias dirigidas por el partido, como la que atrapó a Wang Guanglong, plagada por sus propios abusos y peligros.

En más de una docena de entrevistas, jurisconsultos y abogados que han representado a oficiales caídos dijeron que la defensa de los implicados era particularmente difícil, incluso bajo las normas de un sistema judicial que el partido controla estrechamente.

Ellos dicen que el mayor desafío empieza al momento que un funcionario, es acusado de desaparecer estando bajo custodia de investigadores del partido por todo un mes, durante el cual los interrogadores buscan extraer confesiones, a veces mediante la tortura.

Conocido como ‘shuanggui’, es un proceso secreto y extralegal que deja a los detenidos aislados de abogados, allegados y parientes.

“Priva a los ciudadanos de sus derechos fundamentales”, dijo Mao Lixin, abogado que representó a Wang.

Pero, incluso después de que un caso deja las manos de investigadores del partido y entra al sistema de justicia penal, destacan abogados, ellos tiene limitado acceso a evidencia, testigos y sus clientes. Por si fuera poco, agregan, los juicios con frecuencia son cuestiones presurosas que pasan por alto alegatos de los acusados de coerción y tortura.

Los abogados notan que las cortes chinas rara vez les permiten llamar a testigos de la defensa, en tanto fiscales retienen frecuentemente evidencia crucial.

Rara vez se pone en duda un veredicto de culpabilidad. De los 8,110 funcionarios que recibieron fallos de la corte bajo cargos de soborno y corrupción en la primera mitad de este año, fueron condenados formalmente 99.8 por ciento, con base en cifras gubernamentales. Esto es, solo 14 de los acusados fueron exonerados de los cargos.

Incluso a medida que ellos vitorean la campaña de Xi en contra de la corrupción, abogados defensores y partidarios de la reforma legal están haciendo sonar la alarma con respecto a la falta del proceso debido para personas acusadas de fechorías oficiales. Dicen que sin un cambio sistemático —principalmente, un poder judicial despolitizado e independiente—, los objetivos gemelos del partido de acabar de raíz con la corrupción y recuperar la confianza popular terminarán yéndose a pique a final de cuentas.

“Hay demasiados casos de veredictos injustos y falsos”, dijo Shen Zhigeng, curtido abogado defensor que ha representado a veintenas de funcionarios gubernamentales. “Lo que más odia la gente común no es la corrupción; es el abuso de la ley”.

Esta semana, cuando cientos de miembros del influyente Comité Central del partido se reúnan en la capital del a nación, aprobarán sin duda el artículo principal en la agenda de Xi: “gobernar el país con base en la ley”.

Sin embargo, la mayoría de los analistas coincide en que es probable que cualquier propuesta de reforma sea incremental, en tanto varios abogados expresaron pesimismo en cuanto a que dirigentes del partido renunciarían al poder de arreglar el resultado de casos que ellos creen que pudieran amenazar su autoridad o la fortuna financiera de parientes y amigos.

“Nosotros creemos que en realidad, seguimos trabajando dentro de un viejo sistema que no ha pasado por un solo cambio fundamental”, dijo Li Xiaolin, abogado que representó por un tiempo a Bo Xilai, el ex miembro del Politburó que cumple cadena perpetua por corrupción y otros cargos. “La comunidad legal tiene la teoría de que si te esfuerzas en pos del estado de derecho, entonces cada uno de nosotros pudiera terminar como víctima de la falta del estado de derecho”.

Wang, de 51 años, ex director de la Dependencia de Tierra y Recursos en la ciudad costera de Fuqing, fue condenado en noviembre a 10 años en un juicio fundamentado en su mayoría en su confesión. Su abogado, Mao, dijo que el juicio estuvo plagado de irregularidades, y los dos hombres de quienes se dijo que habían sobornado a Wang no testificaron en el juicio del año pasado. (Uno de ellos rindió testimonio en un segundo juicio tras la apelación de Wang).

La corte desestimó sus alegatos de tortura. Si bien sus reclamos no pudieron ser verificados por el New York Times de manera independiente, su familia se mostró inflexible en cuanto aunque la tortura sí había ocurrido, en tanto las descripciones de Wang coinciden con las de otros casos que han salido a la luz.

Ese tipo de abusos rara vez suscita la indignación popular. Muchos chinos dan por hecho que la gran mayoría de los funcionarios están manchados por la corrupción, y en su mayoría han acogido de buena gana la ola de detenciones incluso al tiempo que reconocen que algunos de los acusados pudieran haber sido capturados por razones políticas.

Lin Zhe, académica en la Escuela Central del Partido, institución en Pekín que entrena a oficiales en ascenso, descartó insinuaciones en el sentido que la política había sido uno de los factores determinantes de los objetivos de la investigación.

“Los que han sido derribados fueron derribados porque tienen problemas, no debido a complicaciones políticas”, destacó.

Wang Qishan, quien supervisa la dependencia de combate a la corrupción del partido, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, y otros funcionarios han dicho que las investigaciones sobre corrupción deberían ceñirse al “estado de derecho”, y que investigadores del partido deberían entregar casos a las autoridades legales con mayor rapidez de lo que lo hacen actualmente.

En una sesión informativa para miembros de un comité asesor del estado en agosto, dijo que la campaña requeriría varios años, dados los arraigados hábitos de funcionarios corruptos.

“Es como dejar de fumar y beber”, dijo. “¿Se puede dejar de fumar o beber así como así?”.

Hasta ahora, Xi y Wang han acumulado detenciones y arrestos que han superado incluso las expectativas más audaces cuando asumieron sus puestos en noviembre del 2012.

En la primera mitad de este año, el partido castigó aproximadamente a 84,000 miembros por infracciones a la disciplina —un aumento de 30 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado— con penas que abarcan desde la degradación a la expulsión del partido, a base de estadísticas oficiales.

Xi ha prometido que mantendrá la presión.

“El partido y la suerte del país ha sido puestos en nuestras manos, y nosotros debemos asumir esa responsabilidad”, dijo Xi, con base en un periódico del partido, en agosto.

Sin embargo, su grito de batalla aún no se ha ganado a muchos abogados chinos, los cuales dicen que sin un cambio sistémico, la campaña está condenada al fracaso y, con el tiempo, la corrupción rampante resurgirá.

Tomando prestada la repetida metáfora de Xi sobre acometer “tanto tigres como moscas” en su impulso por acabar de raíz con la corrupción, Li, el abogado que representó a Bo Xilai, dijo: “Cuando tu fosa séptica sigue ahí, y las moscas son atraídas por el olor, entonces nunca puedes matarlas a todas con el matamoscas”.

Esta historia fue publicada originalmente el 25 de octubre de 2014, 8:45 p. m. with the headline "Las nuevas víctimas del combate chino a la corrupción."