En debate necesidad de ‘ciudades santuario’ para los indocumentados

La presunta culpabilidad de un mexicano en el asesinato de una joven en San Francisco ha puesto en entredicho la polémica política de inmigración del presidente Barack Obama y provocado un debate nacional sobre las “ciudades santuario” donde los inmigrantes indocumentados detenidos por la policía son protegidos contra la deportación.

Kathryn Steinle, de 32 años, fue supuestamente asesinada por Juan Francisco López Sánchez, de 56 años, un jornalero que había sido previamente deportado cinco veces por delitos graves y que iba a ser deportado de nuevo. Sin embargo, López fue puesto en libertad en lugar de ser entregado a las autoridades de inmigración para su deportación, de acuerdo con informes publicados.

No está claro si el homicidio de Steinle el 1º de julio dará lugar a una modificación de las políticas migratorias de Obama o la eliminación de las “ciudades santuario”. Pero lo que sí está claro es que las políticas del gobierno federal de deportar a criminales primero están muy lejos de ser eficientes, y que el fracaso de las esas políticas está poniendo en jaque a los activistas que exigen un menor control de los inmigrantes.

San Francisco, junto con Miami y otras ciudades, son consideradas santuarios donde los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes han obtenido concesiones de parte de la policía local sobre métodos para no transferir automáticamente a inmigrantes indocumentados detenidos a las autoridades de inmigración.

Sin embargo, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo el 9 de julio que la política del Condado es cooperar con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) si los delincuentes detenidos son peligrosos o han cometido delitos graves.

“Detenemos a esta gente para ICE”, dijo Giménez durante una comparecencia la semana pasada ante las juntas editoriales de el Nuevo Herald y Miami Herald. “Un detenido que llega con delitos graves, lo retenemos, no lo dejamos libre, y le avisamos a ICE”.

Sin embargo, las autoridades del Condado en el 2013 dejaron de acatar automáticamente solicitudes de detención provenientes de ICE si eran para inmigrantes indocumentados que no tenía condenas por delitos graves – y si las autoridades de inmigración no los recogían en un plazo de 48 horas. El cambio se produjo después de que Miami-Dade, argumentó que ICE no reembolsaba al Condado por el costo de retener a los inmigrantes detenidos.

“Lo que pasaba era que por 48 horas íbamos a acatar el pedido de ICE si era criminal”, dijo Giménez. “Lo que estaba pasando también era que teníamos esta factura que le dábamos al gobierno federal y que no la pagaban”.

Giménez estimó que la factura era por unos $600,000. Los funcionarios federales familiarizados con el tema han dicho que el gobierno ha reembolsado a Miami-Dade y otros condados a través de un programa llamado Programa de Asistencia Penal por Extranjeros a los Estados (SCAAP, por sus siglas en inglés).

Los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes presionaron a Miami-Dade a ser menos cooperativo con ICE después de que surgiera evidencia de que muchos inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales o que habían sido detenidos por violaciones menores, como conducir sin licencia, estaban siendo entregados a las autoridades de inmigración y luego deportados, separándolos de sus familias. Los activistas dieron la bienvenida a las nuevas políticas del Condado, porque fomentaban la confianza en la policía entre las comunidades de inmigrantes, temerosas de que la cooperación policial llevara a más deportaciones.

Los críticos insistieron, sin embargo, en que la política del Condado podría permitir que algunos criminales peligrosos pudieran salir libres.

Un caso similar al de San Francisco se produjo en Miami-Dade en el 2011, un caso en que ICE se hizo responsable.

Kesler Dufrene, un delincuente condenado dos veces en el 2006, iba a ser deportado, pero fue puesto en libertad en última instancia, porque el gobierno federal prohibió expulsiones a Haití tras el devastador terremoto de Puerto Príncipe en el 2010.

Cuando estaba libre, Dufrene asesinó a tres personas en North Miami. Luego se suicidó cuando la policía lo acorraló en el Condado Manatee.

Más allá de la cooperación entre los condados y ICE, la tragedia de San Francisco también mostró la incapacidad de las autoridades de inmigración para detener o detectar a extranjeros que en repetidas ocasiones se cuelan en el país a pesar de haber sido deportados previamente. El asesinato también parecía confirmar, en la mente de algunos, que el candidato presidencial republicano Donald Trump tenía razón cuando afirmó en el anuncio de su candidatura presidencial el 16 de junio que muchos inmigrantes indocumentados mexicanos “traen drogas, traen crimen y son violadores”.

Los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes respondieron rápidamente con informes que muestran que la mayoría de los inmigrantes son respetuosos de la ley.

“Durante más de un siglo, innumerables estudios han confirmado que los inmigrantes son menos propensos a cometer delitos graves o a estar en la cárcel que los nacidos aquí”, según un comunicado del 8 de julio del Consejo de Inmigración de Estados Unidos. “Esto es válido tanto para los inmigrantes legales como los no autorizados, independientemente de su país de origen o nivel de educación”.

En otras palabras, dice el grupo: “La inmensa mayoría de los inmigrantes no son criminales por ninguna definición comúnmente aceptada del término”.

El grupo emitió el comunicado el mismo día en que dio a conocer un nuevo estudio titulado La criminalización de la inmigración en los Estados Unidos, que sirvió como respuesta a la reacción negativa del público a la tragedia de San Francisco y a las declaraciones de Trump.

Mientras que los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes insisten en que el incidente en San Francisco no es la norma, el asunto quizás más importante en la mente de muchas personas es cuántos delincuentes extranjeros han sido deportados y cuántos han regresado ilegalmente –como López– y por qué sucede esto. El número de criminales convictos deportados se conoce: casi dos millones desde 1997 – cuando entraron en vigor leyes de control de inmigración más duras al año de ser aprobadas por el Congreso.

Cuántos de estos han regresado ilegalmente, no se sabe con precisión, porque las autoridades estadounidenses no tienen un sistema para rastrear los movimientos de los inmigrantes indocumentados.

Pero expertos en inmigración dijeron que el número es probablemente alto, quizás decenas de miles anualmente.

Dan Cadman y Jessica Vaughan, del Centro de Estudios de Inmigración (CIS) en Washington, que han investigado el tema, estiman que alrededor del 25 por ciento de todos los extranjeros detenidos anualmente por las autoridades de inmigración en los últimos años, tanto en el interior del país como en la frontera , han sido expulsados previamente debido a órdenes formales de deportación dictadas por un juez de inmigración.

Eso sugiere que, de los 368,644 extranjeros expulsados en el año fiscal 2014, al menos 92,161 regresarán, quizás dentro de un año.

De los 368,644 extranjeros deportados en el año fiscal 2014, 177,960 tenía antecedentes penales.

Esta historia fue publicada originalmente el 18 de julio de 2015, 6:36 p. m. with the headline "En debate necesidad de ‘ciudades santuario’ para los indocumentados."