¿Podrían Raúl Castro y otros funcionarios cubanos terminar en la lista negra de EEUU?

Tomando la política de Estados Unidos hacia Venezuela como ejemplo, varios opositores cubanos han abogado públicamente por sanciones específicas a militares y miembros del gobierno de Raúl Castro, para evitar que se ejecute lo que consideran un “traspaso de poder” y no una verdadera transición política en la isla el próximo año.

Pero la Casa Blanca de Donald Trump no tiene apetito por ese tipo de medidas.

En una entrevista con el Nuevo Herald y el Miami Herald, los disidentes cubanos Antonio G. Rodiles y Ailer González alabaron la nueva política del presidente Donald Trump —quien restringió los viajes individuales de los estadounidenses a Cuba y los negocios con empresas controladas por los militares—, pero pidieron que fuera más allá.

“La coronación que iban a realizar en febrero empieza a hacer aguas desde el momento que Estados Unidos los ubica como una dictadura y les quita lo bendecido que habían estado por la administración anterior”, dijo Rodiles. “Las empresas militares deben ser sancionadas pero estamos en un momento en que tienen que ser sancionados individuos”, subrayó.

Castro dijo que se retiraría al finalizar su segundo mandato al frente del gobierno en febrero del 2018 y se espera que su puesto sea ocupado por el vicepresidente Miguel Díaz-Canel. La pareja de activistas cubanos considera que se avecina un momento político “crucial” en el que la comunidad internacional debe realizar más presión para evitar una aparente transición que supuestamente consolidaría al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del actual gobernante, en el centro del poder.

“Las personas que están siendo parte de todo ese aparato de corrupción, que se están beneficiando de la miseria del pueblo, deben ser sancionadas. Esas personas, o sus familiares, no pueden estar viniendo a Estados Unidos ni viajando por todo el mundo como si fuera los grandes magnates cuando están robando toda la riqueza y están lucrando del desastre”, agregó el opositor cubano.

Estados Unidos ha agregado a varios miembros prominentes del gobierno y la justicia venezolana a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (conocida como lista SDN, por sus siglas en inglés), un gesto que Rodiles cree debe ser imitado con respecto a Cuba. El opositor fue recibido en noviembre por el senador Marco Rubio y el subsecretario interino de Estado para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri en Washington. “Yo he propuesto eso en todas partes y eso debe acabar de ocurrir”, comentó Rodiles en relación a las sanciones.

En una declaración obtenida por el Nuevo Herald, sin embargo, la Casa Blanca descartó sanciones individuales a militares y miembros del gobierno cubano.

“Los funcionarios cubanos no tienen activos significativos, si los hubiera, en los Estados Unidos, por lo que las sanciones son un instrumento ineficaz para tratar con individuos cubanos que son miembros del régimen represivo”, comentó Helen Aguirre Ferré, la directora para asuntos relacionados con los medios en la Casa Blanca y asesora especial del Presidente.

“Existen otras leyes vigentes y órdenes ejecutivas que prohíben numerosas actividades económicas con Cuba y con funcionarios cubanos. Venezuela es una situación diferente, lo que se refleja con una política diferente de [la política hacia] Cuba”.

Parte del problema tiene que ver con la confusión sobre los efectos de las distintas sanciones de EEUU. Venezuela no está bajo un régimen amplio de sanciones como Cuba, que se encuentra bajo un embargo comercial y financiero en pie. La inclusión de personas o compañías en la lista negra del Departamento del Tesoro implica el congelamiento de sus bienes, cuentas y propiedades en EEUU y una prohibición de entrada al país. Los ciudadanos y residentes en EEUU tampoco pueden realizar ningún tipo de transacción con esas personas. El embargo a Cuba, aunque contiene numerosas excepciones, tiene un efecto similar.

En un sentido, todos los funcionarios cubanos y miembros del gobierno ya estarían “bloqueados” sin necesidad de ser nombrados en la lista, aclaró Sean Kane, exsubdirector asistente de políticas en la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, encargada del diseño e implementación de estos programas de sanciones.

La Administración de Trump deshizo los cambios introducidos por la Administración de Barack Obama y retomó la definición más amplia de “funcionarios prohibidos del gobierno cubano” y “miembros prohibidos del Partido Comunista de Cuba” vigente desde el 2004. De este modo, sobre la mayoría de los altos funcionarios del gobierno, las fuerzas armadas y de seguridad, así como del Partido Comunista y otras organizaciones oficialistas recaen prohibiciones adicionales, por ejemplo, para recibir remesas desde EEUU.

“No habría un impacto real al agregar cubanos individuales a la lista SDN por cualquier razón, porque ya están bloqueados”, opinó Kane. “Dicho esto, aún puede ser un movimiento político [que envíe] un fuerte mensaje: lo hemos visto en Irán, donde no es raro que la misma entidad (como el IRGC) [la Guardia Revolucionaria] sea sancionada bajo varias órdenes ejecutivas diferentes para resaltar su conducta. El impacto legal generalmente es nulo pero se ha utilizado para destacar el mal comportamiento”.

Rodiles cree que ese tipo de sanción tendría un efecto disuasorio y simbólico que no tendría el embargo.

“Cuando usted va a un acto de repudio y usted se pierde en la masa, no pasa nada”, dijo, “pero cuando hay una foto y usted va a la embajada americana o una embajada europea y dice ‘yo quiero pedir visa o quiero ir de vacaciones a Europa’ y viene un funcionario y le dice ‘disculpe pero usted no puede ingresar a nuestro país porque ha sido incitador de la violencia, ha participado en violaciones de los derechos humanos’, el día que esto empiece a ocurrir, a muchas personas cuando les digan ‘vamos al acto de repudio’, muchas personas van a decir que no van al acto de repudio”.

El embargo es impopular entre los cubanos en la isla y un ala de la oposición cubana, que no es reconocida por el gobierno, se ha manifestado en contra. Sin embargo, la pareja de disidentes cree que más presión internacional y sanciones de EEUU y la Unión Europea contribuirían a desestabilizar al gobierno de la isla en un momento político delicado y lanzar un fuerte mensaje a la población.

“La gente está muy cansado de un sistema que incluso en los últimos años vendió la esperanza de que con los cambios con Estados Unidos algo podía mejorar”, comentó González.

“Nosotros no tenemos por qué seguir arrastrando un régimen que pretende seguir ocasionando más desastre en la vida de todos. Febrero debe ser un parteaguas no solamente para los cubanos dentro de la isla y los que están fuera, sino también para la comunidad internacional”, dijo Rodiles “Así como se desconoció la asamblea constituyente [en Venezuela], es muy importante que se desconozca esta transferencia de poder”.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de diciembre de 2017, 1:15 p. m. with the headline "¿Podrían Raúl Castro y otros funcionarios cubanos terminar en la lista negra de EEUU?."