Abogados apelarán sentencia contra empresario canadiense encarcelado en Cuba

Los abogados del empresario canadiense Cy Tokmakjian anunciaron el jueves que apelarán la sentencia de 15 años a la que su cliente fue condenado en Cuba por presuntos actos de corrupción, según informó la empresa Tokmakjian Group, con sede en Toronto.

El Tribunal Supremo cubano tendrá que decidir si ratifica o no la condena al empresario de origen armenio quien, tras haber realizado negocios con Cuba por más de 20 años, fue detenido en septiembre del 2011 y sentenciado “por delitos de cohecho y falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado, actos de perjuicio de la actividad económica o la contratación, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal”, según informó la semana pasada el diario oficial Granma.

“Cy Tokmakjian fue detenido injustamente y ha tenido suficiente sufrimiento”, dijo Lorne Waldman, una abogada canadiense de derechos humanos, que está asesorando a la familia. “Continuaremos trabajando con el gobierno canadiense para que nos ayude a obtener su liberación”, agregó.

Por su parte, la familia envió un comunicado en el que sostiene la inocencia de Tokmakjian y afirman que este es un “empresario respetable” que ha sido “víctima, junto a otros empresarios extranjeros, de las luchas internas por el poder dentro del cambiante régimen cubano”. Asimismo añaden que las autoridades cubanas han negado sus derechos humanos y civiles fundamentales.

Documentos de la defensa obtenidos por el Nuevo Herald se centran en el hecho de que la justicia cubana procesó criminalmente al empresario canadiense por acusaciones que debían ser dirimidas en una corte de arbitraje de comercio.

Litigios sobre demoras en la entrega de maquinaria o ayuda técnica no ofrecida, son asuntos comerciales, no criminales, afirman los abogados cubanos contratados por el canadiense, y las empresas estatales cubanas, que en teoría son independientes del estado, podían establecer querellas en las instancias correspondientes.

Los abogados subrayaron que el Estado estaba intentando subsanar la mala gestión de sus empresas y reclamar “por prácticas u operaciones que debían haber estado incluidas en los contratos”, pero no lo fueron, por lo cual era “incorrecto” desde el punto de vista legal, reclamar responsabilidades que las partes no acordaron previamente.

Uno de los abogados defensores, Ramón de la Cruz Ochoa, destacó que existía “un gran riesgo” al presentar estas acusaciones “desde un área gris, indeterminada, desde la cual cualquier incumplimiento de contrato podía ser procesado en una corte criminal”.

Un inversor importante

Varios medios de prensa y políticos canadienses han cuestionado la sentencia al empresario y la confiscación de $91 millones en cuentas bancarias y propiedades, en un momento en que el país está buscando agresivamente inversión extranjera para su nuevo puerto del Mariel y otros proyectos como los 29 campos de golf que quiere construir.

En ese mismo proceso fueron condenados otros dos ejecutivos de la empresa Tokmakjian Group, con sede en Ontario, así como funcionarios cubanos, entre ellos el ex-viceministro de la Industria Azucarera, Nelson Labrada, quien debe cumplir una sentencia de 20 años de cárcel.

“Hechos como estos en los que se involucraron ex funcionarios cubanos y empresarios foráneos que, a través de dádivas y prebendas, crearon mecanismos de sobornos y compromisos con el propósito de obtener beneficios patrimoniales ilegítimos, no tienen cabida en la sociedad cubana”, indicó la nota oficial de Granma.

Para Johannes Werner, editor de CubaStandard, una publicación con sede en Miami sobre negocios en Cuba, este juicio puede ser el fin de una etapa de lucha contra la corrupción en la gestión de Raúl Castro y que tendría como objetivo mandar “una señal fuerte sobre el control durante un período complejo de transición”.

El Tokmakjian Group se consideraba el segundo inversor canadiense más importante en Cuba, después de Sherritt, con al menos $80 millones en ventas anuales.Tomakjian distribuía vehículos Hyundai e Isuzu en Cuba, en su mayoría para las industrias de la construcción, el transporte y la minería, y tenía dos instalaciones de mantenimiento de motores de camiones en la isla.

Sobre otros cargos más graves, la defensa alega que la fiscalía no presentó evidencia de los fraudes y supuestos daños causados a la economía cubana. Los cargos de evasión fiscal no procederían pues Tokmakjian International Inc. estaría basada en Barbados, con el que el gobierno cubano tiene un acuerdo fiscal, y la oficina de Tokmakjian Group Inc. no tenía estatus de “representación permanente” en Cuba ni tenía potestad para finalizar acuerdos o tomar decisiones que afectaran a la compañía.

La defensa insistió en que, ni el canadiense ni las compañías extranjeras que él representaba, fueron notificadas de la deuda fiscal que supuestamente tenían con la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. También criticó otras ambigüedades sobre la delimitación de la responsabilidad en los daños civiles que se le imputaban pues, en cualquier caso, eran las entidades comerciales, y no el empresario como “persona natural”, quienes debían pagar en primera instancia por los supuestos perjuicios.

Adicionalmente, el caso de Tokmakjian pone en el centro de la mira la situación anómala de los trabajadores cubanos en estas empresas con capital extranjero. En ese sentido, la defensa subrayó que las autoridades cubanas confundían corrupción con “modos tradicionales de incentivar o recompensar el trabajo de las personas”.

Salarios paralelos

Los empresarios extranjeros no pueden contratar libremente a su personal, sino que deben usar una agencia de empleo estatal, ACOREC, que realiza los contratos con altísimas tasas de ganancia, pues aunque los empresarios deben pagar salarios en divisas, los empleados reciben salarios en pesos cubanos muy por debajo de lo que cobra la agencia. Los inversores extranjeros conocen esta situación y usualmente ofrecen un segundo salario a sus empleados , en dólares o su equivalente, para evitar la falta de productividad que plaga a la economía estatal cubana.

En el caso de Tokmakjian, alrededor de dos millones de dólares fueron empleados para “sobornos” a los trabajadores entre el 2008 y el 2011, según la fiscalía. Pero de acuerdo con la defensa, esto era conocido por las autoridades cubanas.

Asimismo, los abogados alegaron que las supuestas vacaciones pagadas en Varadero a Labrada, eran en realidad vacaciones ofrecidas a su esposa Madeleine Cuesta Cabrera, empleada de Tokmakjian Group, y no fue el único caso, pues esa vacaciones formaban parte de una “política de incentivos” de la compañía con sus empleados.

Más dudosos son los $5,000 que la fiscalía dice que Tokmakjian pagó a Labrada, pero sus abogados sostienen que fue una “ayuda” que el empresario ofreció a la hija de Cuesta Cabrera que estaba “reparando su casa”.

Pero la falta de información sobre el caso no permite conocer los pormenores de las pruebas presentadas por el estado cubano en el juicio. Según reportó Reuters, la sentencia de 168 páginas, describía un patrón de sobornos a empleados y funcionarios cubanos para obtener contratos ventajosos. En el juicio, la defensa había proveído una lista de las más de 12 instancias que debía recorrer uno de esos contratos antes de ser aprobado por las autoridades de la isla.

En rueda de prensa, el vicepresidente financiero de Tokmakjian Group, Lee Hacker, dijo que las autoridades cubanas pidieron $55 millones, más los activos de la compañía, a cambio de liberar al empresario, pero el trato no fructificó porque la compañía no tenía ese dinero y Tokmakjian insistió en declararse inocente de todos los cargos.

El gobierno cubano también encarceló a otro empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, dueño de la empresa importadora Tri-Star Caribbean, pero éste decidió cooperar y describió las prácticas de corrupción en Cuba. Yacubian fue condenado a nueve años pero luego fue “expulsado” de la isla a inicios del 2014.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de octubre de 2014, 5:43 p. m. with the headline "Abogados apelarán sentencia contra empresario canadiense encarcelado en Cuba."