Reclamaciones de Cuba y EEUU entorpecen las relaciones
Enfrentados al obstáculo de dar solución a casi seis décadas de reclamaciones y contrarreclamaciones financieras que ascienden a cientos de miles de millones de dólares, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba decidieron la semana pasada echar mano a la respuesta más socorrida de su profesión: acordaron volver a tratar el tema, tomaron sus maletines y se marcharon.
El rápido y aparentemente improductivo final del primer día de negociaciones sobre las reclamaciones no sorprendió a los expertos, quienes dicen que las dificultades de llegar a un arreglo son tanto difíciles como complejas, quizás más que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el año pasado, que exigió 18 meses de conversaciones secretas, el complicado canje de espías e incluso una intervención divina—o, al menos, del Papa.
Pero el aparente desinterés de ambas partes en establecer un cronograma acelerado para las negociaciones —se limitaron a convenir en algún momento del primer trimestre del 2016— desconcertó a muchos observadores.
“No queda mucho tiempo para encontrar una solución”, dijo Mauricio Tamargo, abogado de Arlington, Virginia, y ex jefe de la comisión del gobierno estadounidense que manejó las reclamaciones financieras por propiedades confiscadas en Cuba.
“Al gobierno del presidente Obama le queda un año. Y la economía cubana sufre un alto grado de deterioro desde que Venezuela eliminó los subsidios. La única razón por la que Cuba está dispuesta a negociar es porque han perdido todo el dinero que les daba Venezuela”.
Sin una solución a las reclamaciones, será prácticamente imposible que Estados Unidos y Cuba comercien en términos normales, porque el embargo no puede levantarse hasta que se satisfagan unas 6,000 reclamaciones de empresas y personas estadounidenses por valor de unos $8,000 millones.
Y aunque algunos analistas dicen que el presidente Barack Obama pudiera tener cierto espacio de maniobra jurídica para aliviar el embargo sin la aprobación del Congreso, no puede negociar los $3,000 millones en fallos judiciales contra Cuba a favor de ciudadanos norteamericanos que alegan que sus familiares fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del gobierno cubano.
“A menos que esos fallos se paguen, será como una ley de empleo pleno para los abogados en Estados Unidos” , dijo Nicolás Gutiérrez, asesor jurídico de Miami que trabaja en reclamaciones al gobierno de Cuba. “Cada vez que un avión cubano aterriza en un aeropuerto de Estados Unidos, o un barco cubano atraca en puerto estadounidense, habrá un abogado listo con sus documentos para incautarlo”.
El gobernante Raúl Castro, menos constreñido por medidas legislativas, fallos judiciales o la opinión popular, parecería estar menos atado de manos en cualquier negociación. Pero Castro, quien alega que Estados Unidos le debe a La Habana $302,000 millones en daños y perjuicios por concepto del embargo económico y agresiones como la invasión de Bahía de Cochinos, tiene sus propios problemas.
Se calcula que sólo el 5 por ciento de los activos económicos confiscados por el gobierno cubano eran de ciudadanos estadounidenses. Así que pagar esas reclamaciones estadounidenses sería una luz verde para otras reclamaciones procedentes de otras partes del mundo, entre ellas las de más de un millón de cubanos que viven en el exilio.
Eso no es una amenaza hipotética: Gutiérrez es el representante en Estados Unidos de una empresa de Barcelona, 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, que está inscribiendo clientes españoles que buscan pagos del gobierno cubano. (Aunque España liquidó sus reclamaciones contra Cuba en 1986, algunos tribunales españoles han fallado que el acuerdo no era de cumplimiento obligatorio). Y como España considera español a cualquier persona con un abuelo de ese país, muchos cubanos cuyas propiedades fueron confiscadas podrían ser elegibles para inscribir sus demandas allí.
Incluso los observadores más optimistas piensan que las diferencias políticas a ambos lados del Estrecho de la Florida dificultarán el tema de las reclamaciones. Y dicen que será imposible un acuerdo si un republicano llega a la Casa Blanca en noviembre del 2016.
“Técnicamente, es posible llegar a un acuerdo en 12 meses”, dijo Richard E. Feinberg, alto funcionario encargado de la política latinoamericana en el gobierno de Bill Clinton y autor de un estudio del Brookings Institution sobre las reclamaciones de propiedades, publicado la semana pasada por esa entidad. “En la primera reunión, las dos partes presentan sus argumentos iniciales, sus posturas más estrechas. Y ahí comienzan las negociaciones.
Ahora tenemos que ver en la próxima ronda si las dos partes son más creativas y tratan de buscar un terreno común”.
Las reclamaciones de propiedades están en la raíz de las hostilidades de larga data entre Cuba y Estados Unidos. Algunas granjas propiedad de estadounidenses fueron las primeras propiedades privadas confiscadas cuando Fidel Castro tomó el poder en enero de 1959. Durante los 18 meses siguientes, los dos gobiernos tomaron medidas punitivas económicas, el uno contra el otro.
La situación llegó a su mayor intensidad en julio de 1960 cuando una ley cubana autorizó la confiscación de todos los activos económicos en la isla con participación mayoritaria de estadounidenses: tres meses después, el gobierno del presidente Eisenhower prohibió la venta de todos los productos procedentes de EEUU, excepto alimentos y medicinas, a la isla.
Y como las leyes norteamericanas por lo general prohíben demandar a gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses, las compañías que perdieron propiedades en las confiscaciones sólo podían acudir a la Comisión Federal para la Solución de Reclamaciones en el Extranjero.
Para 1972, cuando la Comisión dejó de aceptar reclamaciones, había documentado casi 6,000 y les había fijado un valor de unos $1,900 millones. Con el interés del 6 por ciento que la Comisión impuso a las reclamaciones impagas, la cifra se ha disparado a $8,000 millones.
Pero esa cifra de $8,000 millones pudiera reducirse. Por una parte, los reclamantes tienen que mantener la continuidad de ciudadanía, es decir: si una compañía estadounidense que perdió una fábrica pasó después a manos de un alemán, esa continuidad se interrumpe. Y puesto que nadie ha actualizado los archivos de la comisión de reclamaciones desde 1972, no se sabe cuántas reclamaciones son válidas en este momento.
También es posible que incluso las reclamaciones válidas puedan liquidarse por menos de su valor nominal. Los negociadores del Departamento de Estado que se reunieron con sus contrapartes cubanos la semana pasada en La Habana tienen la autoridad legal de concretar soluciones vinculantes. Y el estudio del Brookings Institution señaló que que en algunas reclamaciones anteriores contra gobiernos comunistas, la Comisión transó por mucho menos: 10 centavos por cada dólar en propiedades estadounidenses confiscadas por la Unión Soviética, 39 centavos por dólar en China y 45 centavos en otros países de Europa Oriental. En algunos casos no se pagó interés.
Por otra parte, Vietnam pagó el 100 por ciento del capital y 80 por ciento de los intereses en las reclamaciones en su contra, y Alemania pagó 100 por ciento del capital y 50 por ciento de los intereses.
El estudio del Brookings Institution también sugiere otras soluciones, como pagar 100 por ciento de las reclamaciones menores de individuos —unas 5,000 por un valor relativamente pequeño de $229 millones, sin intereses— a la vez que se ofrece a las 900 reclamaciones empresariales de envergadura (que tienen un valor de unos $1,680 millones sin intereses) acuerdos de negocios exclusivos o propiedades en Cuba.
Ahora está por verse si la oportunidad de hacer negocios en Cuba –que a pesar de haber dado algunos pasos hacia la propiedad privada y las prácticas de libre mercado es, en lo fundamental un país comunista– resulta atractiva para las empresas, dicen muchos observadores.
“El gobierno cubano pudiera ofrecer alternativas a la compensación”, dijo Tamargo. “Eso es concebible, es posible, se puede hacer si los cubanos están dispuestos. El problema son las salvaguardas y garantías para los inversionistas estadounidenses. Tiene que existir respeto a los procesos legales establecidos y derechos de propiedad en Cuba, que en estos momentos no existen”.
Y aunque el Departamento de Estado pudiera negociar una compensación menor para las reclamaciones certificadas , no tiene autoridad sobre otra clase de reclamaciones: los daños y perjuicios otorgados en fallos contra Cuba por actos terroristas.
El Congreso creó en 1996 una brecha en la prohibición a las demandas de ciudadanos estadounidenses contra gobiernos extranjeros. En respuesta al aumento de los casos de asesinato y secuestro de norteamericanos por parte de terroristas, el Congreso autorizó a las víctimas a demandar en los tribunales a cualquier gobierno en la lista de estados patrocinadores del terrorismo que compila el Departamento de Estado, que en ese momento incluía a Cuba.
Una docena de estadounidenses —muchos de ellos del sur de la Florida— presentaron demandas, y como Cuba se ha negado a defenderse en los tribunales norteamericanos, la mayoría ganaron fallos de envergadura, que llegan a $1,100 millones en el caso de Gustavo Villoldo, distribuidor de General Motors en La Habana, quien se suicidó en 1959 después que el gobierno cubano le confiscó todas sus propiedades.
Algunos de los primeros fallos se pagaron con dinero que la telefónica AT&T y otras compañías estadounidenses le debían a la empresa telefónica cubana y que estaban en un fondo en fideicomiso. Pero ese dinero se acabó y todavía faltan por pagar $3,000 millones.
“No creo que existe forma alguna en que el presidente o el poder ejecutivo pueda echar atrás esos fallos”, dijo Joseph DeMaria, abogado de Miami que ha trabajado en varias de las primeras demandas presentadas a tenor con la nueva disposición dobre terrorismo. “Eso sería una ley de cancelación de derechos”, una ley que penaliza a alguien sin juicio, una práctica que está proscrita específicamente en la Constitución de Estados Unidos.
Los fallos por daños y perjuicios, si no se pagan, pudieran llevar a una especie de guerra de guerrillas jurídica contra cualquier tipo de comercio futuro entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado ya ha tenido que ayudar a crear un complicado sistema para proteger a las empresas agrícolas estadounidenses que venden sus productos a Cuba, gracias a una de las exenciones al embargo, para evitar que se conviertan en objetivo de los abogados que tratan de cobrar demandas.
Por ejemplo, en casos normales una compañía que envía un cargamento de arroz a Cuba desde Nueva Orleans pudiera firmar el título de propiedad de la mercancíaantes de que el barco saliera del puerto. Pero ante el temor de que el arroz (o el dinero que Cuba haya pagado por el cargamento) sea confiscado por un abogado con un fallo judicial no pagado, las empresas norteamericanas tienen que enviar el arroz sin el título de propiedad , y entonces cobrar con una carta de crédito de Cuba en un banco español, que está fuera del alcance de las leyes estadounidenses.
“Abogados listos ya le han confiscado a Cuba un par de aviones en Estados Unidos, y el gobierno de la isla ha tenido que estar alerta”, dijo el abogado DeMaria. “Cuando establecieron una nueva compañía telefónica, se aseguraron que los propietarios oficiales eran de Francia, España y otros países, para que no les confiscaran el dinero otra vez”.
Algunos abogados prevén demandas a empresas estadounidenses que traten de hacer negocios con Cuba y que sin darse cuenta hagan uso de propiedades norteamericanas confiscadas.
“Eso es equivalente a traficar propiedades robadas”, dijo Tamargo, “y los estadounidenses, a sabiendas o no, lo hacen todo el tiempo. Una de las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana se construyó sobre una propiedad confiscada. Igual sucede con buena parte del Puerto del Mariel, así como la Bahía de La Habana, de hecho, todos los puertos importantes de la isla. Así que cuando alguien viaja a Cuba o realiza actividades comerciales allí, en mi opinión, está traficando propiedades estadounidenses robadas”.
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de diciembre de 2015, 9:17 p. m. with the headline "Reclamaciones de Cuba y EEUU entorpecen las relaciones."