Cubanos en Ecuador: cronología de una crisis
La comunidad cubana en Ecuador ha vivido una semana intensa desde que el miércoles pasado cientos de migrantes que habían acampado en un parque de Quito fueron desalojados por fuerzas de la Policía Nacional y cerca de 150 fueron detenidos.
Esta semana, el gobierno del país andino anunció que deportará a 47 cubanos, por lo que serían 122 los repatriados desde el sábado, una decisión que expertos califican como ilegal.
Un primer grupo de cubanos fue trasladado en horas de la madrugada del sábado 9 de julio al aeropuerto de Tababela, en Quito, y enviados a Cuba en una aeronave militar ecuatoriana. El mismo proceso se repitió en la mañana del lunes 13, a pesar de que abogados pro derechos humanos habían interpuesto una petición de habeas corpus para los migrantes.
Desde varias semanas antes de que se produjeran las deportaciones, la situación de los migrantes en Quito se había tornado tensa: varias decenas habían acampado frente a la embajada de México pidiendo un puente aéreo a ese país para de ahí continuar su travesía a Estados Unidos, similar a los que trasladaron a los cubanos varados Costa Rica y Panamá a comienzos de año. Los migrantes también se manifestaron frente a las embajadas cubana y estadounidense, realizaron marchas y entregaron cartas solicitando un mecanismo seguro para llegar a EEUU.
Lejos de disipar las tensiones en Quito, el gobierno de Rafael Correa se ha convertido en centro de críticas por parte de defensores de los derechos humanos, y los abogados de los migrantes cubanos dicen indignados que pedirán escrutinio de organismos internacionales.
A continuación les presentamos un resumen de cómo se desarrollaron los hechos:
Desalojo
El miércoles 6 de julio un campamento provisional de cientos de cubanos en el parque El Arbolito, en Quito,
fue desmantelado por fuerzas de la Policía Nacional en horas de la madrugada. Activistas de derechos humanos denunciaron que el desalojo fue violento y que los cubanos fueron golpeados y arrastrados, entre ellos mujeres y niños. Efraín Sánchez Mateo, líder de los cubanos, fue sentenciado a 5 días de cárcel por supuestamente agredir a un policía durante el operativo.
Días antes, los cubanos habían acampado frente a la embajada de México en Quito, de donde habían sido desalojados, y se habían trasladado al parque La Carolina y posteriormente al Arbolito. Los migrantes habían solicitado un permiso de la Secretaría de Inclusión Social para utilizar el espacio público, el cual fue otorgado. Un funcionario municipal confirmó que cerca de 600 cubanos habían acampado en El Arbolito en “una acción colectiva, una protesta” y la alcaldía les había proporcionado un lugar seguro “para que no estuvieran amedrentados por la policía”.
“Alegando que se trataba de un control migratorio, un desmedido operativo policial, incluyendo a grupos de fuerzas especiales y vehículos antimotines, desalojaron a las personas sin ningún aviso previo, en horas de la madrugada, obligando a salir de las carpas donde pernoctaban, y confiscando todos sus bienes (carpas, cobijas, enseres para alimentación, ropa, documentos de identidad y pasaportes)”, reportó en un comunicado Francisco Hurtado, coordinador de derechos humanos y de la Coalición por las Migraciones y el Refugio en Ecuador.
El ministro ecuatoriano del interior, José Serrano, dijo tras el desalojo que habían sido detenidas 63 personas y trasladadas a la Unidad de Flagrancia, en Quito, para evaluar su situación migratoria. El ministro dijo que los cubanos que estuvieran “de manera irregular en el país” serían deportados a Cuba “inmediatamente, luego del procedimiento legal”.
Pero un conteo preliminar llevado a cabo por activistas por los derechos humanos señaló que se trataba de cerca de 150 migrantes detenidos, los cuales habían sido trasladados en al menos cinco buses a la unidad de policía.
Detención arbitraria
Horas más tarde el mismo miércoles, 6 de julio, abogados defensores y activistas de derechos humanos contactaron con los cubanos detenidos en la Unidad Penal de Fragancia y determinaron que se trataba de cerca de 150 personas, entre ellos cinco menores de edad, incluyendo un adolescente con un brazo quebrado, y dos mujeres embarazadas.
Los abogados pidieron la liberación inmediata de los detenidos y
presentaron un habeas corpus al Tribunal de Garantías Penales de Quito como medida cautelar para imapedir las audiencias de deportación. También responsabilizaron al estado ecuatoriano por violaciones de derechos humanos. No obstante, el 7 de julio, comenzaron las audiencias de deportación y fueron liberados 13 cubanos, entre ellos todos los menores de edad. Según Hurtado, los liberados tenían situación migratoria regular en Ecuador, “lo que demuestra que nunca se trató en estricto sentido de un control migratorio”.
Un equipo de abogados pro derechos humanos denunciaron violaciones al debido proceso durante las audiencias de deportación, citando, entre otras irregularidades, que no tuvieron tiempo para conversar con sus defendidos, que los reportes policiales les fueron proporcionados en el momento de la audiencia y que los mismos omitían que los acusados habían sido detenidos de manera arbitraria. Tampoco recibieron fecha de audiencia para la solicitud de habeas corpus, la cual debía producirse dentro de un plazo de 24 horas según las leyes ecuatorianas. “Los jueces y autoridades en general no mencionan a las personas cubanas que tienen derecho a solicitar refugio en el Ecuador”, escribió Hurtado.
Un grupo de cubanos fue trasladado al Hotel Carrión, un centro de detención temporal para extranjeros en proceso de deportación.
¿Deportación o expulsión colectiva?
En la madrugada del sábado 9 de julio, 29 cubanos, 20 hombres y nueve mujeres, fueron trasladados en un operativo policial al aeropuerto de Tababela, en Quito, y enviados a Cuba en una aeronave militar ecuatoriana a las 6:00 a.m custodiados por 25 efectivos de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior de Ecuador dijo en un comunicado que se trataba de migrantes “que no justificaron de manera legal su permanencia en el Ecuador”, y que la deportación se produjo “con total respeto a los derechos humanos”.
El abogado defensor de los cubanos, Juan Pablo Albán, rechazó rotundamente que se hubieran respetado los derechos humanos de los migrantes, y calificó la acción del gobierno ecuatoriano de “expulsión colectiva de extranjeros”, advirtiendo que la misma constituía “un acto de persecución” y “un crimen de lesa humanidad”. Albán también advirtió que en el momento de la deportación ya se habían emitido resoluciones favorables a los cubanos que negaban las deportaciones.
Otro grupo de 46 cubanos, 31 hombres y 15 mujeres, fue deportado el lunes en la madrugada, causando una ola de críticas y protestas dentro y fuera de Ecuador.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, recordó al gobierno ecuatoriano la obligación jurídica de respetar el principio de no devolución — no pueden devolverse a refugiados a un lugar donde sus vidas o libertades se encuentren amenazadas.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador emitió una declaración sobre el caso de los cubanos en la que manifiesta su preocupación porque “las decisiones judiciales sobre la deportación de personas puedan estar sometidas a una nueva instancia en el ámbito administrativo, como lo establecen los artículos 28 y 29 de la Ley de Migración. A entender de la Defensoría del Pueblo, dichos artículos son inconstitucionales porque estarían en contradicción con el principio de independencia judicial establecido en la Constitución”.
Esa institución solicitó al Ministerio del Interior que no aplicara esas normas hasta tanto no se resuelva esa contradicción en la Corte Constitucional de ese país.
El martes 12 de julio cubanos y ecuatorianos organizaron “un plantón contra la xenofobia” en la avenida 10 de agosto de Quito, a partir de las 3 p.m., cuando comenzó la audiencia de habeas corpus en la Unidad de Garantías Penales. “Casi trece horas después, se negó el recurso. Con esto parecería que se cierra el muy lamentable proceso de las últimas semanas, pero no es así; la sentencia prorroga y justifica — desde diferentes lugares — la xenofobia, la ilegalidad, la violencia y la peor torpeza política”, comentó Ailynn Torres Santana, investigadora y profesora cubana residente en esa ciudad.
“El gobierno del Ecuador ha hecho gala de desapego a la Constitución, y no han sido mejores las notas de los medios de prensa cubanos con sus comunicados oficiales. Mientras tanto, en la avenida 10 de agosto de Quito, ciudadanos de distintas nacionalidades coreaban ayer: “los ecuatorianos también somos migrantes”, “somos migrantes, no delincuentes”, “justicia” y “Estado de derecho”.
Por su parte, la CEDOCUT, el principal sindicato ecuatoriano publicó un comunicado en el que se solidariza con la situación de los cubanos y califica la actitud del gobierno de Rafael Correa de “cruel e ilegal”.
“Esto es inaudito y repudiable, es un hecho que no se ha registrado jamás en la historia del país y que quedará escrito en las páginas de la vergüenza nacional como una de las patrañas más nefastas que gobierno alguno haya adoptado en contra de un colectivo de seres humanos, que buscaban ayuda y solidaridad”, dijo Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT.
“Ha quedado en evidencia ante los ojos y la comunidad internacional que en el Ecuador no existe independencia de la justicia, donde las decisiones de los jueces para expulsar a los cubanos son sometidas a revisión del gobierno; que no se respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como tampoco la Constitución y los tratados internacionales sobre refugiados y asilados, que en todo momento protegen a los ciudadanos en esta condición”, agregó.
Ya de regreso a Cuba, varios cubanos deportados fueron a la embajada de Estados Unidos a solicitar asilo político. Según las declaraciones de Carlos Salazar a
14ymedio, fueron interrogados brevemente por la policía cubana al salir del edificio. La esposa de Salazar se encuentra aún en Ecuador pero él corrió con distinta suerte.
“Estábamos en un centro de detención conocido como Flagrancia donde pasamos 72 horas en un sótano que era un garaje. Dormíamos en el piso. De allí nos montaron en un ómnibus donde no pudimos llevar teléfonos ni nada. La primera vez que vimos a nuestros abogados fue al entrar a la audiencia, pero a ellos ni siquiera les permitieron acercase a nosotros para preguntarnos algo. Antes de conocer la sentencia nos montaron en un avión que, tras una escala para reabastecerse de gasolina, aterrizó en la Terminal número 5 del aeropuerto José Martí de La Habana”, comentó.
El gobierno cubano
se pronunció sobre la crisis migratoria a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba, en la que confirma las deportaciones y asegura que se respetaron “las garantías procesales establecidas para estos casos” y “las normas internacionales vigentes”.
El gobierno de la isla culpó una vez más a Estados Unidos de “la situación creada con los migrantes irregulares cubanos en la región…alentados por la política de pies secos-pies mojados, el programa de
parole para profesionales médicos cubanos y la ley de Ajuste Cubano”.
Puede seguir a Nora Gámez Torres y a Abel Fernández en Twitter @ngameztorres @abelfglez
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de julio de 2016, 8:58 a. m. with the headline "Cubanos en Ecuador: cronología de una crisis."