Acusan a militar venezolano de narcotráfico pese a que sólo tenía 100 bolívares en su cuenta
Una pequeña celda en la mínima de Tocuyito se convirtió en cómplice de la injusticia. Desde hace casi cinco años alberga a uno de los supuestos narcotraficantes del famoso caso de la avioneta cargada de drogas capturada en Islas Canarias: el sargento de la Guardia Nacional Edgardo Salazar Garrido. Todos los presuntos implicados parecen haber caído en el olvido. El proceso judicial marcha más lento que la internet en Venezuela.
Con 100 bolívares (billete marrón) en su cuenta nómina del Banco Venezuela, Salazar Garrido fue enviado a tribunales por su supuesta participación en la salida ilegal de la aeronave, matrícula 9H-FED, desde el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia el 12 de agosto del 2012. Horas después fue imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cooperador de tráfico de droga internacional, corrupción y asociación para delinquir.
“Narcotraficante. ¡Qué palabra! Corrupción. Cuando lo único que tenía en mi cuenta eran 100 bolívares”, relata el sargento desde un caluroso calabozo que comparte con otros siete privados de libertad.
El uniformado tenía poco más de una semana de haber sido trasladado al aeropuerto, tras estar destacado unos meses en Puerto Cabello en el Comando Antidroga de la GN. “Solo tenía 11 días conociendo a dos compañeros. Cómo me pueden acusar de asociación para delinquir”, se pregunta.
La vida de los narcotraficantes se caracteriza por los lujos que ostentan. Salazar Garrido parece ser la excepción. No tiene propiedades en Miami, ni en la Ocean Business Plaza de Panamá, mucho menos en Inglaterra. Su única riqueza era su familia, que estaba en pleno crecimiento. Ni siquiera la suerte de ser beneficiado con la Gran Misión Vivienda Venezuela, para tener su casa propia, había tocado la puerta del humilde hogar donde habitaba con sus padres en La Fría, estado Mérida.
Hoy, su esposa y sus hijos pasan necesidades porque él está preso. Pero el tema económico no es el único que afecta a los Salazar. Desde hace mucho, el calor de padre no arropa a sus pequeños de 4 y 7 años de edad. El año pasado solo los vio dos veces. El menor de los niños lo conoce más por buenas referencias que por compartir juntos. En su casi primer lustro de vida lo ha visto escasas ocho veces.
El reencuentro
Kevin, “El Lobo Feroz”, como se autodenominó, tiene casi 5 años. Es el hijo menor del sargento. Tras 14 horas de viaje desde los Andes venezolanos, llegó a Tocuyito con su mamá Yennifer Pernía. Su inocencia no le permite saber hacia dónde lo lleva el bus donde le tocó pasar la noche.
Tras recorrer casi 500 kilómetros de distancia, entre un estado y otro, atravesaron el portón de entrada a la cárcel. Ya están más cerca de reunirse en familia. Yennifer lleva una bolsa blanca con comida para compartir. En sus brazos va Kevin. Caminan unas cuatro cuadras, saltando entre lodo, para llegar a “La Mínima”, otra cárcel pequeña ubicada detrás de la Comunidad Penitenciaria de Carabobo y donde están privados de libertad hombres de casos emblemáticos, como los prisioneros del régimen de Nicolás Maduro. En principio, el nombre se debía a “mínima seguridad”. Sin embargo, cuando inició la aglomeración excesiva de reos en las cárceles de Venezuela, “La Mínima” pasó a ser de “máxima seguridad”. Aunque hay menor población que en un penal abierto, no escapa del hacinamiento.
Kevin se nota ansioso. En un bolso lleva dibujos hechos por él para entregárselos a su papá, a quien no ve desde diciembre. Se le ve serio pero firme en la cola que dará ingreso al recinto carcelario. No sabía que iría a ver a su padre a “su lugar de trabajo”, de haber sabido no duerme, dice sonriente Yennifer.
Viajar hasta Carabobo (donde está ubicada la cárcel) implica gastar mucho dinero y perder un día de trabajo, cuenta Yennifer, quien no fue fácil de ubicar entre tantas mujeres con camiseta blanca (es una regla para ingresar). En las casas de familia donde trabaja limpiando conocen su condición y acceden a darle permiso. Pero un día sin laborar también pega en el bolsillo.
Rodeada de más mujeres en situación similar, muchas de ellas con sus miradas sobre Yennifer porque concede una entrevista a la prensa en un área donde usar celulares está prohibido y se impone la bota militar, narra que su mayor deseo es que pronto llegue el día de reencontrarse todos en familia. El abrazo de Edgardo con sus hijos, su mamá y su papá, a quien no ve desde que está detenido porque está prohibido el ingreso de hombres a “La Mínima”.
Su exigencia es clara: que el sistema judicial agilice el proceso de juicio y otorgue libertad a las personas inocentes que, desde hace cinco años, mantienen encarceladas por el caso.
Sin levantar sospechas
Poca era la experiencia del sargento como comando antidrogas, menos aún en un aeroclub. Sin embargo, en un par de semanas fue tomando el ritmo de su trabajo y la terminal aérea. Esa noche todo le pareció “normal”.
Era el 11 de agosto del 2012. Faltaban 10 minutos para las 9 de la noche cuando Salazar Garrido es notificado que en breve comenzaría su primer turno junto a un sargento mayor del entonces Destacamento N° 24. Esa noche –recuerda– llegaron dos vuelos nacionales, que chequearon, tomaron nombres de los tripulantes y revisaron equipajes: sin novedad.
Su responsabilidad eran aviones nacionales. A las 11:50 p.m, 10 minutos antes de terminar la guardia, un avión grande (internacional) aterriza por la pista alterna. El tamaño de la aeronave fue lo único que llamó la atención al novato castrense. Esperó que estacionaran. Apagaron el motor y abrieron la compuerta, narra.
Media hora después, el guardia hizo lo que se convirtió en su última revista de la noche y su carrera, por los hangares. Aun todo estaba normal. Caminó y llegó a la Sala de Embarque del Aeropuerto Arturo Michelena a verificar cuándo harían su relevo, su turno culminaba a la medianoche.
“¡Todo sin novedad mi sargento!”, informó Salazar Garrido al jefe de los servicios. La orden no tardó en llegar: te puedes retirar. Su reemplazo hizo lo propio mientras él descansaba hasta las 5:00 a.m cuando, nuevamente, debía volver al aeroclub para chequear la primera embarcación del 12 de agosto. Nunca ocurrió.
Cuando comenzaba el siguiente turno, cerca de las 5:30 a.m, Salazar Garrido es notificado del “robo” de un avión, desde entonces, dice, comenzó su infortunio.
A las 10:00 a.m lo llevaron al Destacamento N° 24 de la Guardia Nacional, supuestamente, en calidad de testigo pero fue enviado a tribunales como uno de los presuntos responsables.
Audiencias fugaces
Sesenta minutos semanales no son suficientes para acelerar el proceso judicial que hoy tiene a 17 personas en calidad de imputados por, supuestamente, estar involucrados con la operación de un avión que salió desde la ciudad de Valencia cargado con 1,588 kilos de cocaína envueltos con un emblema de la Cruz Roja.
El lunes 13 de marzo se celebró la última audiencia de pase a juicio: declaró el efectivo de la Guardia Nacional que recibió la aeronave esa noche junto a una funcionaria del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). En menos de una hora, Ministerio Público y defensores, hicieron la ronda de preguntas.
“Las audiencias las fijan para las 11:30 a.m pero comenzamos a las 2:00 p.m. Se pierden casi dos horas. Se pudiese agilizar el proceso, hasta el triple, si las partes fuesen más diligentes”, comentó uno de los asistentes al acto judicial.
El juicio se detuvo y fue reanudado el pasado 5 de junio sin mucho qué hacer. La audiencia quedó diferida para una semana más tarde. No obstante, nuevamente, fue pospuesta para siete días después.
El caso fue unido a otro similar conocido como Barco-Ucrania, que en teoría, no estarían vinculados. Hace un par de semanas el Tribunal Segundo de Juicio dictaminó separar las causas. Ante el hecho, discreparon las fiscalías 13ª, 5ª, 12ª y 29ª que llevan el expediente.
La fiscalía 29ª, relacionada con la narco-avioneta y 12ª, con el Barco-Ucrania, ambas en materia de droga, apelaron la medida. La representante de la primera de ellas, está decidida a no comparecer hasta que la corte decida.
Lo que se sabe hasta el momento es que un jet privado Bombardier BD-7000 A-910 despegó el 12 de agosto del 2012, fuera de horario, desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, Venezuela. En Islas Canarias, España, lo capturaron. En su interior iban 47 sacos presuntamente cargados de cocaína.
El entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dijo que en primer lugar, se supuso un proceso de interferencia ilícita, lo que supone un robo del Bombardier, pero se constató que se trataba de la misma tripulación.
De acuerdo con declaraciones del piloto a la revista alemana Der Spiegel, mientras estuvo en el aeropuerto Arturo Michelena, la tripulación se mantuvo amenazada por sujetos uniformados de verde. Todo apuntaba a que se trataba –presuntamente– de militares venezolanos, quienes comandaban la operación ilícita.
“Dos vehículos todoterreno de color oscuro aparecen y hombres armados abren las puertas de carga del avión. ‘Deténgase!’, grita el piloto. Sólo entonces se da cuenta de una figura uniformada de camuflaje y con una pistola atada a la pierna que entra en la cabina de pasajeros de la bodega de carga. No era el tipo de persona con la que se puede hablar”, indica el relato publicado por la revista alemana.
Tras la captura del avión en España, 28 personas fueron detenidas en Valencia, pero solo 17 fueron privadas de libertad, entre civiles, trabajadores de la terminal aérea, efectivos del Comando Antidrogas y D-24. Catorce de ellos están en centros de reclusión y tres con medidas cautelares.
El entonces jefe del D-24, coronel Luis Fernando Chávez Arroyo, fue liberado de toda responsabilidad y trasladado a Caracas como jefe de un Comando Nacional Antidrogas. Poco después, habría solicitado la baja. Actualmente está radicado en Orlando, Florida. Mientras, “los más pendejos” siguen encarcelados, recordó un subalterno tras las rejas.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de agosto de 2017, 3:39 p. m..