La justicia no protege a las mujeres en Afganistán

Farjunda tuvo oportunidad de escapar de la muchedumbre que la perseguía para matarla. Dos policías afganos la subieron al techo de un cobertizo, por encima de la multitud enojada.

Sin embargo, los hombres enfurecidos agarraron varas largas y tablones de madera, y la golpearon hasta que perdió el equilibrio y cayó.

Tenía el rostro ensangrentado y batallaba para ponerse en pie. Con las manos en la cabeza, parecía horrorizada cuando se percató de que sus atacantes le habían arrancado el hijab negro cuando se cayó. La muchedumbre la rodeó pateándola y saltando sobre su frágil constitución.

Las tormentosas horas finales de Farjunda Malikzada, con 27 años de edad, aspirante a estudiar el islam, a quien acusaron de quemar el Corán en un santuario musulmán, impactaron a la población de todo el país. Ello se debe a que muchos de sus asesinos se filmaron mutuamente cuando la golpeaban y publicaron los clips del cuerpo herido en los medios sociales. Otros cientos de hombres observaron, sosteniendo los teléfonos en alto para tratar de ver la violencia, sin hacer algún intento por intervenir. Entre quienes presenciaron el hecho había varios policías.

A diferencias de tantos abusos en contra de las mujeres afganas que suceden en privado, este asesinato, en marzo, provocó la indignación nacional. Farjunda no había quemado un Corán. Más bien, se encontró en una investigación, había confrontado a unos hombres que sí estaban deshonrando el santuario al comerciar con amuletos y, de manera clandestina, con Viagra y condones.

Al principio, el juicio y las condenas que siguieron parecían una victoria en la larga lucha por darles a las mujeres afganas su merecida participación en un tribunal judicial. Sin embargo, un examen más profundo indica otra cosa.

En la apelación, se declaró inocente al adivino que varios investigadores creen que echó a andar los acontecimientos. Al custodio del santuario, quien ideó la acusación falsa de la quema del Corán e incitó a la muchedumbre, le conmutaron la sentencia de muerte. Los policías que no enviaron ayuda y los otros que se quedaron mirando recibieron una amonestación leve, cuando mucho. Algunos de los atacantes identificables en los videos evitaron por completo que los capturaran. Abogados y activistas por los derechos humanos concuerdan en que los juicios de la mayoría de los acusados no fueron justos. La familia de Farjunda, por temor a las represalias y preocupada de que no responsabilizaran a los asesinos, huyó del país.

La muerte de Farjunda y la respuesta del sistema jurídico ponen en duda más de una década de esfuerzos occidentales en Afganistán para inculcar el Estado de derecho y mejorar la situación de las mujeres. Tan solo Estados Unidos ha gastado más de $1,000 millones de dólares para formar abogados y jueces, y mejorar las protecciones legales para las mujeres; países europeos han proporcionado decenas de millones más. Sin embargo, como otros intentos occidentales por ayudar en la reconstrucción de Afganistán, han zozobrado los esfuerzos.

Este sigue siendo un país en el que los vínculos de parentesco y de clan superan a la justicia, y donde el dinero que aporta Occidente ha hecho de la corrupción una forma de vida. Fue frecuente que se diseñaran los programas sobre el Estado de derecho sin considerar las normas legales afganas, dicen abogados internacionales y afganos. Y los esfuerzos occidentales para elevar el estatus jurídico de las mujeres provocaron resentimiento en poderosos personajes religiosos y en muchos afganos comunes.

No obstante, las afganas necesitan mucho que las defienda el sistema jurídico: están indefensas, en gran medida, si no tienen el apoyo de varones de la familia y, por lo general, son ellos los que abusan de ellas.

“¿Dónde está la justicia?”, preguntó Muyibulá Malikzada, el hermano mayor de Farjunda, mientras estaba sentado en un departamento escasamente amueblado en Tayikistán. “En mi país islámico, se linchó y quemó en forma irrespetuosa y deshonrosa a una muchacha, ¿y qué ha pasado? Nosotros abandonamos nuestra casa. Nunca atraparon a toda la gente. ¿Qué debemos hacer ahora?”

Como último recurso, la familia de Farjunda apeló ante la Corte Suprema de Afganistán, la cual tiene amplios poderes para imponer nuevas sentencias u ordenar un nuevo juicio. Está pendiente la decisión.

“Si a ella le hacen justicia, todas las mujeres de Afganistán a las que han dañado, matado o maltratado reciben justicia”, comentó Leena Alam, una actriz de la televisión afgana, quien se unió a cientos de mujeres en el funeral de Farjunda y desafió la tradición al cargar el ataúd. “Si no es así, entonces, todos esto años en los que ha estado aquí la comunidad internacional, todo el apoyo que dio, todo el dinero, toda esta guerra, significan nada. Todo fue un desperdicio”.

El asesinato

Farjunda visitó el santuario Shah Do Shamshira –llamado así por un guerrero extranjero que se dice que ayudó a traer el islam a Afganistán– por primera vez cuatro semanas antes de su muerte.

Era un miércoles, el día para las mujeres en el santuario, cuando no se permite que estén los hombres. Las mujeres se compadecen de su vida. Visitan al adivino para comprar amuletos que las ayuden a embarazarse, a encontrar esposo o a tener hijos varones. Conocidos como “tawiz”, por lo general, los amuletos consisten de papelitos con algo escrito que una mujer puede prenderse al cuerpo o conservar en un bolsillo.

A Farjunda la impactó la forma en la que se estaba explotando la superstición de las mujeres, recordó su hermano Muyibulá. Confrontó al custodio Zainudin y al adivino Mohamad Omran, diciéndoles: “Están abusando de las mujeres. Les están cobrando dinero por algo que no es islámico, que no es religioso”.

A medida que la atmósfera del santuario se volvía tensa, Muyibulá contó, “el custodio le dijo a Farjunda: ‘¿Quién demonios eres tú? ¿Quién eres para decir estas cosas? ¡Lárgate!”.

Resultó que Farjunda tenía razón: algo pasaba en el santuario. Los investigadores de la policía y del Directorio Nacional de Seguridad, el servicio de inteligencia, se enteraron después que el adivino, seguramente con asistencia del custodio, comerciaba con Viagra y condones, dijo Shahla Farid, un integrante del comité de investigación que formó el presidente Ashraf Ghani después del asesinato.

Lo último que quería el adivino era que una joven, encendida por la fe religiosa, perturbara sus medios de ganarse la vida.

El 19 de marzo, el último día de su vida, Farjunda retornó al santuario. Tras sermonear a las mujeres sobre la inutilidad de los amuletos, juntó algunos usados y es posible que les haya prendido fuego en un basurero, dijo Farid, quien también es profesor de derecho en la Universidad de Kabul.

“El custodio Zainudin es analfabeto, y tomó los papeles quemados y les agregó algunas páginas viejas de un Corán quemado y eso fue lo que les mostró a las gentes afuera de la mezquita como prueba de que ella había quemado el Corán”, contó Farid.

Muhamad Naeem, quien vende alimento para pichones frente al santuario, al otro lado de la calle, dijo que oyó que el custodio llamaba a la gente que pasaba caminando: “Una mujer quemó el Corán. Yo no sé si está enferma o perturbada mentalmente, pero ¿qué tipo de musulmán es? Vayan y defiendan su Corán”.

En los videos, al principio, Farjunda parece gritar de dolor por las patadas, pero después, el cuerpo se convulsiona bajo los golpes y, pronto, deja de moverse totalmente. Aun cuando la muchedumbre la saca a la calle y hace que un coche le pase encima, los policías se quedan parados.

Para entonces, era poco más que una masa de ropas con sangre y huesos. No obstante, llegaba todavía más gente a golpearla. Uno de los más fervientes era un joven, Mohamad Yagub, que trabajaba en una óptica. Oyó a la muchedumbre cuando arrastraban a Farjunda detrás del coche y salió corriendo, ansioso por unirse.

Ocho meses después, vestido con esmero, barbita y bigote, no se puede decir que Yagub pareciera alguien capaz de ser violento. No obstante, en los videos se ve tan involucrado en el momento que expresa una ferocidad aterradora.

“La gente estaba diciendo: ‘Si alguien no le pega es un infiel’. Ahí fue cuando me emocioné y la golpeé dos veces”, dijo en una entrevista en la prisión de Pul i Charji, justo al este de Kabul.

Anulación de los veredictos

Dos días después del asesinato, el Ministerio de Asuntos Islámicos y Religiosos anunció que Farjunda era inocente. Pronto, la transformaron de una persona en una causa. Se transmitieron videoclips de su muerte en la televisión afgana, lo que generó vergüenza entre muchos ciudadanos.

La policía, por órdenes del Ministerio de Asuntos Internos, detuvo, finalmente, a más de 50 personas, a 49 de las cuales –incluidos 19 policías– las juzgaron.

Safiulá Muyadidi, el juez nombrado para presidir el juicio, se movilizó con rapidez. Los fiscales les entregaron a los jueces el expediente completo el 27 de abril y el juicio comenzó cinco días después.

Cuando se inició el juicio, menos de siete de los 49 acusados tenían abogado defensor. A ninguno se le notificó la fecha, ni la hora del juicio, dijeron varios de ellos, y solo tres o cuatro estuvieron presentes durante todo el proceso. Pocos, si es que alguno, tuvieron acceso a los documentos recopilados por la fiscalía antes de que comenzara el juicio, así es que no pudieron preparar la defensa de sus clientes, notaron los abogados.

Muyadidi, a quien desde entonces nombraron consejero en la Corte Suprema, dijo en una entrevista que había asistido a la capacitación impartida en varios programas sobre el Estado de derecho, financiados por Estados Unidos y uno por los alemanes. Desde su punto de vista, dijo: “La decisión del tribunal de primera instancia se basó en la ley, con lo que se hizo justicia”.

Yagub fue uno de los cuatro sentenciados a muerte. Los otros fueron Zainudin, el custodio del santuario; Sharaf Baghlani, alguna vez empleado del servicio de inteligencia afgano que alardeó en Facebook sobre el papel que jugó en el asesinato de Farjunda, y Abdul Basheer, un chofer.

A otros ocho se los encontró culpables de haber tenido una función importante en el asesinato de Farjunda y a cada uno lo sentenciaron a 16 años de cárcel. A los otros 18 acusados civiles los encontraron inocentes por falta de pruebas suficientes. De los policías, se desestimó la causa de ocho y a 11 se les dio la pena más ligera posible: se les requirió que siguieran trabajando un año en sus distritos policiales asignados y que desistieran de viajar.

Mientras los partidarios de Farjunda celebraban el fallo del tribunal respecto del juicio, los abogados defensores se reunieron en apoyo de sus clientes. Señalaron que nadie se había tomado la molestia de determinar cuándo había muerto Farjunda. De conformidad con la ley afgana, el castigo es muchísimo más leve por profanar un cuerpo muerto de lo que es por asesinato.

El abogado de Yagub presentó un documento de identificación para decir que su cliente era menor de edad al momento del asesinato. El juez de primera instancia creía que era falsificado, pero el panel de apelaciones consideró menor de edad a Yagub y conmutó la sentencia de muerte por 10 años en la cárcel.

El argumento de que no había evidencia sobre quién había propinado el golpe que mató a Farjunda tuvo sentido tanto para el tribunal de apelaciones como para la Corte Suprema, según personas cercanas a los juzgados. Así es que los jueces conmutaron las sentencias a muerte de los otros tres a 20 años de cárcel.

También revisaron la evidencia de que el adivino no estaba en el santuario cuando mataron a Farjunda y falló que no era culpable porque no había estado presente. Exoneraron a nueve policías, así es que, al final, solo disciplinaron a 10 elementos.

El equipo legal que nombró Ghani decidió que había habido tantas fallas en el caso que el único curso justo era pedirle a la Suprema Corte que ordenara un juicio nuevo, de acuerdo con los abogados Nayla Raheel y Zali Ayubi, que se habían integrado al equipo jurídico en representación de la familia de Farjunda.

La solicitud de un nuevo juicio se hizo en agosto y la Corte Suprema no ha anunciado su decisión. Es frecuente que la Corte, que tiene mucha libertad para incrementar, reducir o desestimar castigos, solo confirme las decisiones de la apelación o las regrese al tribunal de apelaciones para su revisión. Ninguno de los abogados entrevistados para este artículo pudo recordar alguna vez en la que la Corte haya regresado una causa para realizar un nuevo juicio.

La familia de Farjunda está empezando a preocupares de que nunca haya un fallo y que se la esté olvidando. Un viernes reciente, los únicos que estaban cerca de su tumba eran cuatro niños vecinos que utilizan el cementerio como parque para jugar.

Los niños sabían su nombre. Ishag, de seis años, dijo: “Se llamaba Farjunda. Quemó el Corán, así es que la castigaron y la lincharon”.

Esta historia fue publicada originalmente el 31 de diciembre de 2015, 1:29 p. m. with the headline "La justicia no protege a las mujeres en Afganistán."