EMILIO J. SÁNCHEZ: El maestro, evaluado y devaluado

La semana pasada once maestros de escuelas públicas de Atlanta, Georgia, fueron condenados por delitos de crimen organizado, después de que las autoridades descubrieron que habían falsificado en el 2005 calificaciones de exámenes estandarizados. Según la fiscalía, los docentes buscaban cumplir, mediante recursos ilegales, con los requerimientos federales, lo que les permitiría recibir bonos y mantener sus puestos de trabajo. Los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

Pedir cuentas a maestros (accountability) según la puntuación obtenida por los alumnos es la otra cara de la moneda de esa obsesión por los exámenes (testing), vinculada al movimiento de privatización de la educación, en auge en el país. Porque buena parte de las pruebas que atiborran a los alumnos no busca diagnosticar su nivel de instrucción sino evaluar al docente. Y se trata de algo serio: si este recibe una buena evaluación, podría recibir un bono; si sale mal, podría ser despedido.

Georgia es el caso más reciente y visible, pero se han reportado incidentes de fraude escolar, de mayor o menor cuantía, en 40 estados. Empero, lo que más abunda, cual epidemia de corrupción, son las trampas y trucos para cumplir los requerimientos federales y estatales. Una de las trampas más recurridas es rebajar el nivel de exigencia y acomodar la puntuación necesaria para aumentar la cifra de aprobados. Entre los trucos, el más relevante —y que ya se da como legítimo y natural— es entrenar al estudiante para examinarse, enseñándole técnicas de descarte de preguntas y adivinación de respuestas, y ejercitándole en preguntas-tipo.

Correlacionar puntuación en exámenes con eficiencia docente es no sólo falaz sino profundamente injusto. Someter al maestro a una evaluación basada en un misterioso algoritmo, y dejar fuera de esta el dominio de la materia, la maestría pedagógica y el aporte a la formación cívica y ética del estudiante, degrada la profesión.

En esta alevosa operación se aplica la fórmula denominada Valued Added Modeling (VAM) que, desde su puesta en vigor, tiene a muchos haciendo cábalas. Su esencia, según dicen, es que mientras más estudiantes sobrepasen las expectativas de crecimiento académico en las pruebas, más se eleva la puntuación del educador. Si los avances están por debajo de lo esperado, éste recibe una puntuación negativa. Pero, ¿qué se entiende por avance? ¿Cómo tratar una puntuación sobresaliente pero estable en el tiempo? ¿Qué sucede con los encargados de asignaturas que no se examinan?

Hasta el presente, nadie entiende muy bien la fórmula, desarrollada y aplicada bajo contrato millonario por American Institutes for Research, cuyos técnicos no han puesto un pie en las aulas. VAM —una teleevaluación para complacer a los legisladores, autoridades y funcionarios escolares— ya acumula un expediente de situaciones de pesadilla: maestros que han sido evaluados sobre la base de datos de alumnos que no son suyos; y aquellos que, incluso, han sido calificados de “deficientes”, ¡pese a que la inmensa mayoría de los estudiantes ha obtenido notas sobresalientes!

La simplista fórmula nació torcida, porque es un hecho que los docentes no son los únicos responsables del éxito o fracaso académico. Miles de investigaciones sociológicas confirman que la familia y la comunidad son el factor esencial y, después, la escuela, con sus programas, tutorías, recursos audiovisuales y, sin duda, el aporte valioso del docente, sin dejar a un lado el interés y motivación del propio alumno. Los maestros necesitan ser evaluados para garantizar la calidad de su labor, pero utilizando instrumentos a la altura de la complejidad, dignidad y relevancia de su misión.

Lejos de fomentar la excelencia en el magisterio, VAM penaliza la creatividad y el rigor, por un lado; y premia la mediocridad y la fullería, por otro. Más del 90 por ciento de los investigadores de la educación la cuestionan, pero ello no parece ser suficiente para detener el desastre: la voluntad de legisladores y corporaciones prevalece al amparo del gobierno federal.

Alcanzar a toda costa ciertos resultados académicos —bajo amenaza de garrote o seducción de zanahoria— concentra erróneamente la atención en el examen y no en el conocimiento y, lo peor, genera un esquema de fraude y embuste que socava la noble profesión de educar.

Esta historia fue publicada originalmente el 11 de abril de 2015, 0:00 p. m. with the headline "EMILIO J. SÁNCHEZ: El maestro, evaluado y devaluado."