ONU: Régimen de Nicaragua habría usado fondos públicos para reprimir a opositores
El régimen de Nicaragua estaría financiando la represión contra opositores mediante el desvío de recursos públicos y extendiendo acciones de vigilancia e intimidación contra los exiliados a través de una red transnacional de inteligencia, según expertos de la ONU.
El Grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua encendió las alarmas en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos y divulgado este martes.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, afirmó que la represión y la corrupción institucional se han consolidado como una forma de gobierno del régimen bajo el control del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, Rosario Murillo.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, dijo Simon.
Desvío de fondos públicos para financiar la represión
Basado en decenas de entrevistas y en una amplia recopilación de documentos, el informe detalla que, desde 2018, fondos estatales habrían sido desviados para sostener la represión mediante la creación de una estructura paralela dentro del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Esta estructura habría canalizado recursos para operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias, según el informe.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero originalmente destinado a programas sociales, proyectos de limpieza y gastos administrativos habría sido redirigido para financiar operativos de seguridad violentos, entre ellos la represión de las protestas de 2018 conocida como “Operación Limpieza”.
“El uso indebido y el desvío de fondos públicos han contribuido directamente a graves violaciones de derechos humanos”, señaló Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos. “La represión en Nicaragua no es improvisada: responde a un esquema organizado y financiado dentro de un sistema de corrupción”.
Atacar a los nicaragüenses en el exterior
El informe también describe una amplia red de vigilancia e inteligencia que operaría a nivel internacional para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que residen fuera del país.
Según el documento, el régimen ha retirado de forma arbitraria la nacionalidad a 452 ciudadanos nicaragüenses y ha dejado a miles más en una situación de apatridia de facto al negarse a renovar o emitir documentos. Asimismo, se ha impedido a numerosas personas regresar al país.
El reporte señala que otras víctimas han sufrido vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de INTERPOL, confiscación de propiedades y represalias contra familiares que permanecen en Nicaragua.
Además, se han documentado al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos del gobierno en el exilio, incluido el homicidio en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y opositor Roberto Samcam.
Estructura de inteligencia para acosar a la diáspora
La investigación describe una estructura de inteligencia de varios niveles que involucraría al ejército, la policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del FSLN. Entre las tácticas utilizadas se incluyen vigilancia digital, acoso en línea, hackeos y divulgación de datos personales con el objetivo de silenciar voces críticas. El Grupo de Expertos también señaló que el actual viceministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, “habría formado parte presuntamente de un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional mientras ocupó cargos diplomáticos entre 2021 y 2023”. “Las estructuras diplomáticas y consulares han sido utilizadas para rastrear, vigilar e intimidar a nicaragüenses en el exilio”, afirmó Ariela Peralta, integrante del Grupo de Expertos. “Se trata de una política deliberada para eliminar la disidencia dondequiera que se encuentre”. El informe reiteró además conclusiones previas según las cuales las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde 2018 constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad.
Rendición de cuentas es urgente
El Grupo de Expertos subrayó que, dado que Nicaragua ha suspendido su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y se ha retirado de varios órganos de las Naciones Unidas, la rendición de cuentas internacional es hoy más urgente que nunca.
Hizo un llamado a los Estados a movilizar un marco integral de rendición de cuentas —que incluya jurisdicción universal, sanciones selectivas y litigios basados en tratados internacionales—, al tiempo que se garantiza una protección sólida para la población exiliada y se evita la utilización de mecanismos jurídicos y financieros internacionales por parte de las autoridades nicaragüenses.
“Cuanto más se retrase la acción, mayor será el daño y más profundas las consecuencias”, afirmó Simon. “Sin embargo, la resiliencia de las víctimas —fortalecida por la cuidadosa documentación de sus experiencias— sigue impulsando la búsqueda de la verdad, la justicia y el pleno cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”.
El Gobierno de Nicaragua debería adoptar medidas inmediatas para desmantelar la arquitectura de la represión, derogando todas las reformas legislativas y constitucionales restrictivas adoptadas desde 2018, disolviendo los aparatos paraestatales y restableciendo la separación de poderes, detallaron los expertos.
