Una tendencia creciente en EEUU: el retorno forzado de migrantes a sus países por temor
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Durante 14 años, Jessika Cifuentes forjó una vida estable en Estados Unidos: tenía un negocio propio, vínculos con la comunidad y hasta logró obtener la ciudadanía. Pero el clima hostil hacia los migrantes, impulsado por políticas más severas y las crecientes dificultades económicas, la llevaron a tomar una decisión impensable: volver a Guatemala.
Cifuentes, una profesional de 51 años, empacó sus maletas, dejó el estado de Utah donde residía y regresó con sus dos hijas a Antigua, una ciudad rodeada de volcanes en el sur de Guatemala, donde solo conserva algunas amistades. Allí planea abrir un negocio de comida con su hija mayor.
Tras sentir temor por los cambios en la política de inmigración de la administración de Trump, pasar varios meses sin conseguir empleo tras perder el suyo por recortes de personal en la empresa donde trabajaba, y carecer de apoyo para sostener su emprendimiento gastronómico, optó por regresar a su país de origen el pasado abril.
“Ahora, por lo que he visto, ya no vale que uno sea ciudadano; con ser latino basta. No me quería exponer a esa situación. No iba a seguir en un lugar donde me están discriminando, sin ni siquiera saber quién soy solo porque tengo un apellido latino”, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald desde Guatemala.
Su caso no es el único: muchos migrantes están volviendo a sus países voluntariamente tras el endurecimiento de las detenciones, las deportaciones, la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos países y del parole humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como por la suspensión del procesamiento de nuevas solicitudes del programa DACA.
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Muchos de esos migrantes habían construido una vida estable en Estados Unidos: tenían familias, trabajos, propiedades, y estaban profundamente integrados en sus comunidades. Sin embargo, ante el riesgo de detención, separación familiar y la imposibilidad de regularizar su situación, optaron por regresar a sus países, a pesar de no haber vivido allí por décadas.
Y no todos están utilizando la aplicación “CBP Home” lanzada en marzo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite a los migrantes indocumentados o con permisos revocados autodeportarse voluntariamente y solicitar una asistencia financiera de $1,000.
Juana Iris Estrada, de origen mexicano, está en el proceso de empacar gran parte de sus pertenencias para trasladarlas en el verano a Puebla, una ciudad en el centro-este de México conocida por su arquitectura colonial y gastronomía. Allí comenzará de nuevo desde cero con sus dos niñas, de 9 y 5 años, y su esposo.
Estrada llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años y actualmente está protegida de la deportación mediante el programa DACA, al igual que su esposo. Pero teme que en cualquier momento puedan perder ese amparo migratorio.
“Una de las razones por la que nos vamos es por todo lo que está pasando ahora con la administración de este presidente. La verdad que la situación es muy difícil emocionalmente. Soy madre. Mi esposo y yo tenemos DACA que en cualquier momento nos lo pueden revocar y nos quedemos sin esta protección”, dijo a el Nuevo Herald desde el estado de Washington.
Ante esa posibilidad, Estrada decidió que era hora de partir. “Es algo que ya no está en discusión, no vamos a esperar a ver qué pasa con todo esto”.
Una decisión que, según dijo, le genera mucho estrés, ya que implica reunir la documentación necesaria para su país de destino, enfrentar el peso emocional de abandonar la nación donde creció, gestionar los trámites para vender su casa, y hacerlo todo mientras se multiplican las noticias sobre redadas y deportaciones.
El presidente Donald Trump anunció al asumir el cargo que realizaría deportaciones masivas y se centraría en los migrantes con antecedentes penales, pero organizaciones de derechos humanos han denunciado que han expulsado a personas que no son delincuentes y sin el debido proceso, exponiendo a los migrantes a persecución.
El DHS informó en abril que durante los primeros 100 días de la administración de Trump realizaron más de 142,000 deportaciones.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo 190 vuelos de deportación en mayo, un número mayor frente a los 125 de abril, y 1,083 vuelos en total, incluyendo retornos de deportaciones y traslados nacionales, de acuerdo con datos recopilados por el activista de inmigración Thomas H. Cartwright.
Cartwright dijo en su cuenta X, antiguo Twitter, que el total de vuelos de mayo es el nivel más alto desde que comenzó a registrarlos en enero de 2020.
Migrantes en alerta: miedo, redadas y discriminación en EEUU
Richard Hein, abogado de inmigración, dijo que la vida de los migrantes está siendo impactada por el temor que sienten ante la actual situación. Algunos evitan salir a la calle, y otros están regresando a sus países de origen de manera voluntaria.
Consideró que se está creando un ambiente de “terror y miedo” en Estados Unidos, incluso con agentes sin ningún tipo de identificación visible, únicamente con el logo de agencias gubernamentales en sus uniformes, que realizan redadas y detenciones.
Mencionó la falta del debido proceso que afirmó es fundamental en una sociedad civilizada y que se está “tratando de derrumbar”.
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“Tenemos realmente una administración que está fuera de la ley y que está ignorando una sentencia de la Corte Suprema, en el caso particular de Kilmar Abrego García, para facilitar su devolución a Estados Unidos. Y no se ha levantado ni un dedo para respetar esa sentencia de la Corte Suprema”, argumentó el abogado de Hein Law Firm, en St. Louis, Missouri.
En las audiencias de inmigración se observa un trato de falta de respeto a las personas como “no he escuchado desde hace unos 15 o 20 años”.
Estrada, a su vez, resaltó que “ahora ya no importa de qué país seas, ni si eres ciudadano, residente o si estás indocumentado. Aquí vamos todos parejos. Siento, incluso, que ya no hay casi ni leyes que nos protejan. Cualquier cosa que tú hagas, cualquier movimiento, ya todo está en tu contra”.
Relató que su esposo fue blanco de discriminación cuando un día estaba cruzando la calle y una persona “solo por verlo hispano comenzó a gritarle ‘regresa a tu país’” y aseguró que nunca antes habían sentido la discriminación como ahora.
A una de sus niñas, dijo, también le afecta mucho el anuncio de la secretaria de DHS, Kristi Noem, donde afirma que si las personas ingresan a EEUU ilegalmente, serán capturadas, deportadas y nunca más regresarán.
Cambios aceleran la partida
Mireya Valladares llegó a Estados Unidos cuando tenía 20 años, cruzando la frontera, y su intención nunca fue quedarse en este país. Ella y su esposo se fijaron una meta: regresar antes de que tuvieran más de 40 años. Con base en ello, trabajaron muy duro para lograrlo.
Luego decidieron esperar un par de años porque ella se embarazó, pero cuando comenzaron a ver los cambios vertiginosos en materia de inmigración, las redadas y deportaciones constantes, optaron por adelantar su viaje.
“Debido a la situación migratoria y todo esto que está pasando, adelantamos nuestro viaje y dijimos: ‘no vamos a esperar más. Vámonos ya, porque esto aquí ya no se puede vivir más’”, dijo en una entrevista desde Tampa, Florida.
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Ni ella ni su esposo, de 38 años, tienen estatus legal, aunque intentaron obtenerlo durante un tiempo. A Valladares le emitieron una orden de deportación “desde hace años”, dijo.
Lamentó que a personas como ella y su familia —que tienen empresas registradas en Florida, pagan impuestos, generan empleo y no tienen antecedentes penales— no hayan tenido la oportunidad de resolver su estatus.
“Estamos tomando una decisión bastante arriesgada, que es irnos y no poder volver, dejando prácticamente todo lo que tenemos y nuestras empresas que están funcionando”, comentó.
Pero su mayor preocupación es que su hijo de 10 años y el bebé, no crezcan en un ambiente de “racismo y discriminación”.
“Sinceramente no estoy dispuesta a exponerlos a eso. Además, quiero vivir tranquila, que nos levantamos y que nadie venga a tocarme la puerta para sacarme de aquí y dejar a mis hijos solos. No, no estoy dispuesta a eso”, expresó.
Valladares tenía previsto reiniciar su vida en el Departamento de Olancho, en la parte nororiental de Honduras.
Otros migrantes de ese país también planean regresar. Las autoridades consulares en Florida informaron a el Nuevo Herald que han registrado un incremento de solicitudes de ciudadanía para hijos de hondureños nacidos en Estados Unidos.
Deysi Suyapa Tosta, cónsul general de Honduras en Miami, detalló que tanto en esta ciudad como en Tampa, donde tienen una sede consular, están recibiendo peticiones de documentos, especialmente de ciudadanía.
“Estamos atendiendo estos casos. Pues a partir de esta situación, ellos (los hondureños) están acudiendo a la doble ciudadanía y están inscribiendo a los niños que son recién nacidos, que antes no lo hacían hasta cuando ellos necesitaban ir a la escuela. Y entonces también hay un mayor número de personas solicitando este tipo de documentos”, agregó.
La diplomática dijo que están atendiendo a los hondureños incluso sin cita previa y también los sábados.
Valladares fue una de las personas que acudió a su consulado para obtener la documentación que necesitaba para regresar a su país.
“Sí, nos vamos a regresar. Yo prefiero intentarlo que quedarme aquí con estas políticas, estas leyes que están tratando de cambiar día a día”, manifestó.
Esta historia fue publicada originalmente el 5 de junio de 2025, 7:00 a. m..
