Se agota la paciencia con las dificultades del proceso de paz en Colombia

Mientras el presidente colombiano Juan Manuel Santos se esforzaba por forjar un histórico acuerdo de paz con el grupo guerrillero más antiguo y más sangriento del hemisferio, a menudo señalaba que prefería una paz imperfecta a una guerra perfecta.

Seis meses después de firmar un polémico acuerdo, sus declaraciones parecen proféticas: la siembra de la coca se agiganta, los asesinatos planeados aumentan, la paz está siendo cuestionada en los tribunales y nuevos grupos armados se apresuran a llenar el vacío dejado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Si en el pasado la guerra se llevó a cabo con precisión militar, en estos momentos todo, desde la lluvia a los problemas de las carreteras, parece estar derrumbando los planes de paz establecidos con tanto cuidado. El lunes, Santos anunció que las FARC necesitarían unos 20 días adicionales para entregar las armas. La demora no se debió a la falta de buena voluntad, sino más bien –al menos en parte – debido a que los contenedores de envíos donde se supone que las FARC almacenen sus armas no están todavía en su lugar.

En un reciente día de entre semana, Gregory Morales, veterano combatiente, estaba guiando a los visitantes en un recorrido por la zona de “normalización” de Antonio Nariño, a unas dos horas de viaje al sur de la capital, donde alrededor de 300 miembros de las FARC se han agrupado desde diciembre. El gobierno no cumplió con un plazo del 30 de abril para construir albergues y un comedor y brindar servicios básicos. En lugar de eso, los ex guerrilleros estaban durmiendo en tiendas de campaña improvisadas en una loma fangosa, usando letrinas y bebiendo agua del río sin purificar, o sea, lo que siempre habían hecho antes.

“Estamos tratando de mantenernos positivos”, dijo Morales. “No queremos pensar que estas demoras se hayan hecho de mala fe para tratar de desmoralizarnos, aun cuando es perfectamente probable que sea eso lo que ellos están haciendo”.

Implementar un acuerdo de paz después de más de 50 años de conflicto civil seguramente presentaría dificultades. Después de todo, muchos de los problemas subyacentes que llevaron al derramamiento de sangre, tales como el poco caso a las áreas rurales y la falta de presencia gubernamental, no se pueden resolver de la noche a la mañana.

Pero los obstáculos en este momento tan temprano del proceso han creado dudas, admitió Rafael Pardo, el jefe “post-conflicto” de la administración.

Pardo dijo que toda una serie de problemas –las lluvias y los cambios en el año fiscal, entre otros– han causado demoras que “le han hecho mucho daño… a toda la confianza en el proceso [de paz]... Hemos tenido mil problemas que no son excusables en ningún sentido”.

Pero los problemas no deberían eclipsar los éxitos del acuerdo, dijo. Desde que se aprobara finalmente el pacto el 24 de noviembre, casi 7,000 guerrilleros se han agrupado pacíficamente en 26 zonas “de transición”, la tasa de homicidio de Colombia es la más baja en 40 años, y el país continúa siendo aclamado como un rayo de luz en un mundo desgarrado por las guerras.

Además, las FARC y el gobierno están trabajando juntos para eliminar las minas terrestres y reducir la siembra de coca. “La implementación está trabajando”, dijo.

El alto mando de la guerrilla ha dejado pasar las demoras, diciendo que vale la pena esperar por la paz. Pero hay otros problemas que preocupan a los guerrilleros.

Meses atrás, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret reportó que 156 líderes comunitarios y activistas en defensa de los derechos humanos habían sido asesinados del 1º de enero del 2016 al 1º de marzo del 2017. Algunos de los muertos son familiares de miembros de las FARC, y personas que se consideran alineadas con las opiniones políticas de los guerrilleros.

Eso está creando temores entre estos de que las FARC estén siendo blanco de una campaña de asesinatos en un momento en que sus miembros están deponiendo las armas y regresando a la vida civil como partido político. Esta preocupación tiene precedentes: hasta 3,500 miembros de Unión Patriótica, un partido político respaldado anteriormente por las FARC, fueron asesinados en las décadas de 1980 y 1990.

Adrián Reyes, un guerrillero de cabello gris, se ha mantenido sin contactar a su familia desde 1985, cuando se unió a las FARC. Pero aunque está en un campamento lleno de teléfonos celulares, él se ha resistido a llamarlos por miedo a pintar una diana en las espaldas de sus seres queridos.

“Todavía no es hora de contactarme con mi familia”, dijo, “porque hay riesgo de que les hagan daños a ellos”.

Aunque las FARC ha dejado decenas de miles de víctimas a su paso, no está claro quién podría estar usándolos como blanco a ellos y a sus partidarios. Una posibilidad es que se trate de grupos rivales tratando de meterse a la fuerza en los lucrativos comercios de la coca y la minería que los guerrilleros han abandonado.

En su informe sobre los asesinatos de líderes sociales, Negret dijo que “una de las causas principales de este fenómeno es la pretensión por parte de grupos armados ilegales de ocupar el territorio del que las FARC se han retirado”.

De acuerdo con un informe de inteligencia militar publicado por el periódico El Tiempo de Colombia, como mínimo 6,000 actores armados están todavía sueltos. Entre ellos hay miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de tendencia izquierdista, pandillas criminales como los Urabeños cuyas raíces se remontan a organizaciones paramilitares de derecha, y unos 400 miembros disidentes de las FARC que no se unieron al acuerdo de paz. Ese grupo rebelde de las FARC, que está concentrado cerca de la región de Guaviare, ha asumido la responsabilidad por el secuestro el 4 de mayo de un trabajador de las Naciones Unidas.

Mientras que los negociadores de la guerrilla y el gobierno pasaban cuatro años estableciendo el acuerdo de paz en La Habana, uno de los puntos que más atractivo lo hicieron para la comunidad internacional fue que la paz terminaría con el tráfico de la coca, la materia prima para la cocaína.

Pero desde que el acuerdo entrara en vigor, las cosechas de coca han aumentado estratosféricamente, y Colombia, una vez más, es la principal productora de coca del mundo. Sólo en el 2016, las cosechas de coca aumentaron en un 20 por ciento, de acuerdo con la Oficina Nacional de Política de Control de la Droga. Los críticos culpan el aumento de las concesiones hechas a los guerrilleros durante las negociaciones, incluyendo la suspensión de las fumigaciones aéreas.

A principios del presente mes, Santos estuvo en un poblado llamado Pueblo Nuevo, donde en un acto simbólico arrancó una planta de coca y la reemplazó con una de yuca para lanzar un programa piloto brindando efectivo y entrenamiento a los granjeros que hagan el cambio de cosecha.

Hablando con un grupo de periodistas extranjeros, Santos dijo que la paz sigue siendo la respuesta a la guerra de las drogas. Santos dijo que el hecho de que las FARC estén ahora colaborando para convencer a las comunidades de erradicar la coca, representa un “cambio fundamental” en la guerra contra las drogas.

“Ahora, con el proceso de paz, tenemos por primera vez una oportunidad de contar con una solución estructural, una solución a largo plazo porque estamos dando una alternativa a los campesinos que están plantando la coca”, dijo.

Esta historia fue publicada originalmente el 30 de mayo de 2017, 8:26 p. m. with the headline "Se agota la paciencia con las dificultades del proceso de paz en Colombia."