Gobierno de Cuba habla por primera vez de su preso político más notable
En medio de una campaña internacional para la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, el periódico del Partido Comunista de Cuba, Granma, dedicó un inusual editorial el miércoles a atacar al preso político y a la embajada de Estados Unidos en La Habana.
Bajo los gobiernos de Fidel y Raúl Castro, y de su actual sucesor, Miguel Díaz-Canel, los nombres de muy pocos disidentes y opositores han aparecido en la prensa oficial, controlada por el estado, en un intento de privarlos de visibilidad pública. Pero la intensa campaña internacional, con llamados de Amnistía Internacional, organizaciones regionales y políticos de varios países para que liberen a Ferrer, parece haber forzado al gobierno a responder con sus propias acusaciones dirigidas contra un usual objetivo: Estados Unidos.
Granma acusó a Estados Unidos de dirigir “una nueva campaña de calumnias y descrédito contra Cuba” y utilizar como pretexto “la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer, agente asalariado al servicio de Estados Unidos, con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y contra la legalidad.”
El periódico del partido también acusó a la embajada de Estados Unidos en La Habana de ser el “vehículo fundamental de atención, orientación y financiamiento de la conducta” de Ferrer y a su encargada de negocios, Mara Tekach, de intentar “reclutar mercenarios” y “desacreditar la gestión del Gobierno cubano y a la Revolución”.
Granma, sin embargo, no incluyó el nombre de la diplomática estadounidense en el artículo.
Ferrer, el líder de la principal organización opositora de la isla, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido junto a otros siete activistas el 1 de octubre en la sede de esa organización en Santiago de Cuba.
El gobierno lo mantuvo preso 39 días antes de presentar cargos, lo que viola las leyes del país. También denegó un recurso de habeas corpus para su liberación.
Según la fiscalía cubana, Ferrer y tres activistas están acusados de haber causado “lesiones graves” a una persona identificada como Sergio García González en la sede de UNPACU el 20 de septiembre. Según Granma, García González los acusó de “haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza que lo dejó en condiciones de ingreso hospitalario”.
Pero en la grabación de una conversación entre un miembro de la UNPACU y y Maribel Cabreja, la esposa de García González, ella dice que su esposo le había dicho que las lesiones se debían a un accidente en una moto.
Cabreja también confirmó que agentes de la Seguridad del Estado estaban presionando a García González para que achacara las lesiones a una golpiza recibida en la sede de la UNPACU. “Así mismo”, dijo Cabreja en la grabación de la llamada telefónica publicada por esa organización y la Fundación Nacional Cubano Americana.
Granma dijo que Ferrer había recibido la visita de familiares “como corresponde según las normas para su situación legal”, pero las autoridades cubanas impidieron que su esposa pudiera verlo en varias ocasiones. En una breve visita a fines de octubre, la esposa de Ferrer, Nelva Ortega Tamayo, dijo que el opositor había bajado mucho de peso y le había mostrado marcas de lesiones y torturas, según narró a el Nuevo Herald.
Granma dijo que tenía pruebas de la “trayectoria delincuencial y de conducta violenta totalmente ausente de motivaciones políticas” de Ferrer, pero no presentó ninguna.
La detención de Ferrer ha provocado una fuerte reacción internacional y críticas de Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, el secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y más recientemente de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová.
Bajo intensa represión dentro de la isla, muchas organizaciones opositoras reciben apoyo financiero de organizaciones de exiliados cubanos como la Fundación. El gobierno de la isla regularmente acusa a los disidentes de ser “mercenarios” y agentes de Estados Unidos.
En los últimos años, disidentes y activistas han denunciado nuevos métodos de represión, como las prohibiciones de viajes, la fabricación de delitos comunes, arrestos arbitrarios temporales y presiones para emigrar que han sido exitosos en limitar protestas y otras actividades de organizaciones como las Damas de Blanco.
Pese a las presiones, la Unión Patriótica de Cuba se mantenía activa, sobre todo en el oeste del país, organizando algunas protestas públicas y utilizando las redes sociales para publicar denuncias sobre la situación en esas provincias.
Esta no es la primera vez que el gobierno de la isla intenta encarcelar a Ferrer o acusarlo de un delito común.
Ferrer fue activista del Movimiento Cristiano de Liberación y uno de los 75 opositores arrestados durante la llamada Primavera Negra en el 2003. Fue liberado en el 2011 bajo una variante de libertad condicional, un estatus que el gobierno ha utilizado en varias ocasiones para impedirle salir del país y arrestarlo en varias oportunidades.
En agosto del año pasado, el gobierno arrestó a Ferrer y lo acusó de intento de asesinato de un oficial del Ministerio del Interior. Ferrer y otros testigos de los hechos dijeron que el agente se abalanzó ante el auto que conducía el opositor. Según los documentos de la fiscalía, el agente solo había sufrido “escoriaciones en el brazo”.
Ferrer fue liberado unas semanas después, luego de otra campaña internacional que no llegó a las páginas del periódico oficial. En esta ocasión, no parece que el opositor correrá con la misma suerte. Granma informó que estaba “pendiente de juicio”.
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Esta historia fue publicada originalmente el 20 de noviembre de 2019, 4:11 p. m. with the headline "Gobierno de Cuba habla por primera vez de su preso político más notable."