¿Está su nombre en la lista? El tiempo para demandar por bienes perdidos en Cuba puede acabarse
A su llegada al poder en 1959, Fidel Castro negó ser comunista pero comenzó lo que sería el más amplio proceso de nacionalizaciones en el hemisferio occidental.
En nueve años, confiscó, expropió y estatalizó toda la propiedad privada, hasta que no quedó un solo vendedor ambulante. Muchos de los cubanos que perdieron sus propiedades terminaron exiliados en Estados Unidos. Y el gobierno revolucionario estaba tan orgulloso de su radicalismo que publicó varias listas con los nombres de muchos de ellos.
Seis décadas después esas listas pueden jugarle una mala pasada al gobierno cubano y servir de evidencia en las cortes estadounidenses del amplio proceso de confiscaciones llevado a cabo por Castro. Gracias a una sorprendente decisión de la administración de Donald Trump de mayo del 2019, los herederos de esas propiedades puedan reclamar en las cortes federales compensación de las compañías “que trafiquen con propiedades robadas,” debido a la activación por primera vez del derecho a demandar bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
Los objetivos son compañías cubanas, estadounidenses y extranjeras que ahora operan negocios en propiedades previamente incautadas por el gobierno cubano sin pagar compensación a sus dueños originales.
En 1972 y luego en 2006, una comisión independiente del Departamento de Justicia certificó 5,913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses por la nacionalización de propiedades que tienen un valor que ronda los $8,500 millones, incluyendo los intereses. Estas reclamaciones han quedado en el aire, en espera de una solución. Un intento de negociación con el gobierno cubano durante el breve deshielo de las relaciones bajo la administración de Barack Obama no llegó a ninguna parte.
Más de un año después de la decisión de Trump, los expertos dudan que la ruta judicial proporcione una solución definitiva para muchos de estos titulares de reclamaciones. El litigio probablemente se prolongará durante años, costará millones de dólares y deberá enfrentar desafíos legales con respecto a la interpretación de la ley.
Gigantes estadounidenses como Exxon han decidido arriesgarse. Su demanda contra una empresa cubana que ahora utiliza una de sus antiguas refinerías forma parte de las 29 demandas presentadas desde mayo del año pasado. Entre las propiedades en litigio se encuentran el aeropuerto y el puerto de La Habana, el puerto de Santiago de Cuba, una importante refinería, un banco, una productora de tabaco y codiciados metros de playas que ahora albergan hoteles manejados por compañías cubanas y extranjeras.
Pero la mayor parte de las demandas provienen de cubanoamericanos, cuyos casos no fueron escuchados por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras porque no eran ciudadanos estadounidenses cuando Castro confiscó sus propiedades familiares. El Título III remedia eso.
“Estoy agradecido a la administración actual por permitir que el Título III de la Ley Helms Burton se active. Espero que el Título III detenga a las compañías que estén considerando hacer negocios con el gobierno cubano”, dijo José Miguel Infante Núñez, heredero del Banco Núñez, que fue nacionalizado en 1960. Él y otros miembros de la familia están demandando por $792 millones al banco francés Société Générale, al que acusan de “traficar” con su propiedad por realizar operaciones con el Banco Nacional de Cuba. Société Générale ha impugnado las acusaciones en lo que pinta ser una larga batalla legal.
“Espero que el Título III detenga a las compañías que estén considerando hacer negocios con el gobierno cubano’‘, dijo Núñez en una declaración por escrito enviada a el Nuevo Herald. Asimismo, dijo que esperaba que la medida contribuyera a acelerar la democratización de Cuba.
Aunque no hay señales de esto último, al menos dos compañías francesas ya cancelaron contratos para modernizar el aeropuerto de la Habana y el antiguo sistema ferroviario cubano.
Pero dada la incertidumbre sobre los resultados de las próximas elecciones presidenciales, puede que quede poco tiempo para presentar una de estas demandas. El candidato demócrata Joe Biden no ha revelado su posición sobre este tema, pero ha prometido revertir algunas de las políticas de Trump hacia Cuba.
Para que un caso tenga éxito, debe involucrar al “demandante idóneo” y el “objetivo perfecto”, o sea, una compañía sobre la que las cortes federales tengan jurisdicción, que tenga activos en los Estados Unidos y que realice actividades que puedan ser interpretadas como “tráfico” con una de estas propiedades confiscadas, dijo Pedro Freyre, abogado de la firma Ackerman que ha asesorado a compañías demandadas, tales como Carnival, Latam y Expedia.
La ley, por ejemplo, impide reclamaciones por propiedades cuyo valor era menor de $50,000 al ser confiscadas. La ley también excluye a miles de cubanos cuyas casas fueron confiscadas por el gobierno de Castro, a menos que estas estén ocupadas “por un funcionario del gobierno cubano” o el Partido Comunista.
Para los cubanoamericanos sin reclamaciones certificadas el camino “es más difícil porque hay que establecer la titularidad, o sea, si de verdad es dueño de esa reclamación”, explicó Freyre.
Ahí es cuando los documentos resultan útiles.
Las listas
Una ley de 1959 prohibió la confiscación de propiedad privada. Aún así, incluyó varias excepciones para dar cuenta de los potenciales enemigos de la nueva revolución, incluidos los colaboradores del antiguo régimen de Batista y los “contrarrevolucionarios”, los que enriquecieron en el gobierno anterior, personas o compañías que “cometieron delitos contra la economía nacional”, abandonaron el país para “evitar la acción de los tribunales revolucionarios”, o conspiraban contra el gobierno revolucionario en el extranjero.
En junio de 1960, el periódico El Mundo publicó una lista de casi 1,500 personas cuyos bienes habían sido confiscados por el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, encargado de investigar a ex miembros del gobierno y personas cercanas a Fulgencio Batista, el dictador cubano derrocado por Castro y sus guerrilleros que huyó del país en la madrugada del 1 de enero de 1959.
Si no puede ver las bases de datos a continuación, por favor, pulse aquí.
La lista es un raro documento en el que el gobierno cubano admite no solo haber llevado a cabo las expropiaciones, sino que incluye los nombres de los afectados, los cuales tuvieron muy pocos recursos legales para impugnar los decomisos. En la actualidad, el gobierno cubano restringe el acceso a este tipo de documento histórico.
La nota del periódico con el titular “Relación Completa de las Personas Cuyos Bienes han sido Confiscados” no aclara de qué delitos específicos fueron acusados las personas en la lista ni cómo fue llevado a cabo el proceso de investigación.
El documento incluye nombres de oficiales de la policía nacional cubana como Conrado Carratalá Ugalde y Esteban Ventura Novo, cuyos crímenes bajo Batista habían sido ampliamente documentados. También se incluyeron políticos leales al ex dictador y sus familias. Pero el gobierno también se apoderó de los activos de críticos tempranos de Castro como Carlos Márquez Sterling, quien dirigió la comisión que redactó la Constitución progresista de 1940, se postuló contra un candidato respaldado por Batista en las elecciones presidenciales de 1958 y creó la escuela cubana de periodismo.
También es posible que muchos miembros de la élite cubana nombrados en la lista huyeron de la isla, temiendo por sus vidas pues Castro comenzó a ejecutar a personas acusadas de colaborar con el régimen anterior. El gobierno también confiscó sus propiedades, ya sea que pudiera probar que cometieron delitos o no.
El aeropuerto de La Habana
El Mundo también publicó una lista de más de 250 personas expropiadas y empresas que habían sido confiscadas hasta esa fecha, principalmente inmobiliarias, constructoras, compañías inversionistas y de medios de comunicación.
El primer nombre en esa lista es el de Fulgencio Batista. Otro de los nombres mencionados es el de José López Vilaboy, un empresario acusado por el gobierno revolucionario de actuar como testaferro de Batista en varios negocios. López Vilaboy y la esposa de Batista, Marta Fernández Miranda, también controlaban la mayoría de las acciones del Banco Hispano Cubano.
Agentes del gobierno de Castro confiscaron todas sus propiedades, incluido el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Su hijo, José Ramón López Regueiro, se quedó en Cuba y no volvió a ver a su padre, quien se exilió en Estados Unidos. Seis décadas después, López Regueiro, quien hora reside en Miami y es ciudadano estadounidense, ha demandado compensación de las aerolíneas American Airlines y Latam por el uso del aeropuerto.
Aunque las estrechas relaciones de López Vilaboy con Batista están bien establecidas, López Regueiro niega las acusaciones en contra de su padre.
“Para Cuba, o estás con el gobierno o eres malo, y si eres malo eres ladrón”, dijo López Regueiro en una entrevista con el Nuevo Herald. “Para el gobierno cubano nadie tenía propiedades, todas eran robadas. Ellos sí se han robado todo. Se adueñaron de la isla e hicieron de la isla su finca particular”.
López Vilaboy compró el aeropuerto a través de la Compañía de Aeropuertos Internacionales S.A. (CAISA). Latam se ha defendido cuestionando la validez de la reclamación presentada por su hijo porque este “no había alegado si [López] Vilaboy era el dueño de todas o de un por ciento de las acciones de CAISA”.
Detalles sobre hechos que sucedieron 60 años atrás son difíciles de probar en una corte, sobre todo cuando el gobierno que llevó a cabo las confiscaciones también incautó muchos títulos de propiedad y documentos financieros a los que luego restringió el acceso.
Pero Guillermo Jiménez, un comandante del Ejército Rebelde devenido historiador, obtuvo acceso a documentos que no son públicos, como los libros de accionistas, informes bancarios, registros mercantiles y comerciales, para escribir el compendio más amplio sobre las compañías cubanas anteriores a 1959.
En el libro “Las Empresas de Cuba,” que es difícil de encontrar en la isla y se vende por $200 en Amazon, Jiménez señala que CAISA “era propietaria y operadora del Aeropuerto Internacional José Martí” y “propiedad casi total de José López Vilaboy, su presidente”, quien poseía $3,290 000 del capital de $4 millones de la compañía.
Todas las tierras, empresas y bancos en manos del Estado
En respuesta a la activación del Título III, el gobierno cubano ha dicho que a los reclamantes cubanos se les confiscaron sus propiedades debido a actividades criminales, no debido a nacionalizaciones. Por tanto, no tienen derecho a indemnización.
Pero las expropiaciones a los ciudadanos cubanos no pararon con los decomisos de los bienes de quienes supuestamente cometieron crímenes, delitos con fondos públicos o recibieron favores del gobierno anterior. Rápidamente el cerco comenzó a ampliarse para incluir a empresarios y dueños de grandes extensiones de tierras o “latifundios”, identificados como representantes de la burguesía nacional y enemigos de la revolución.
“Aunque era joven, recuerdo vívidamente cuando Castro llegó al poder en 1959. Más que nada, recuerdo la forma en que Castro intentó dividirnos”, declaró Infante Núñez, heredero del Banco Núñez, que fue nacionalizado en 1960. “Las familias que poseían tierras, como la mía, fueron llamadas latifundistas, y me avergoncé sin entender lo que había hecho mal. Mis amigos, cuyos padres no eran dueños de la tierra, de repente no eran mis amigos”.
“En la escuela, aquellos cuyos padres dieron la bienvenida a la revolución proclamarían en voz alta el fin de una era y la llegada del socialismo”, dijo Núñez en un testimonio escrito enviado a el Nuevo Herald.
La familia de Concepción Beltrán nunca fue notificada de que sus propiedades —tierras dedicadas al cultivo de caña y de tabaco en Pinar del Río— habían sido nacionalizadas por el gobierno revolucionario después de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria en mayo de 1959. Las tierras habían estado en posesión de la familia desde finales del siglo diecinueve.
“Mi novio y mi papá fueron a montar a caballo en la finca, fue como un 16 de septiembre [de 1959], y cuando llegaron el interventor les dijo, ‘Ustedes no pueden estar aquí, ya eso no les pertenece´”, dijo Beltrán. El gobierno también se quedó con 42 caballos y otra finca de cultivo de tabaco.
La ley de Reforma Agraria prometía una compensación en bonos redimibles a los 20 años, pero solo se aprobó una emisión de 100 millones de pesos en septiembre de 1959. La mayoría de los terratenientes expropiados nunca recibieron dinero.
“La ley de la reforma agraria decía que serían expropiadas las tierras y serían compensadas las familias, cosa que nunca sucedió. No ofrecieron ningún tipo de compensación… fue un total robo de las propiedades”, dijo Beltrán. “Nos quedamos sin nada, sin ningún tipo de entrada económica”.
“No se podía conseguir trabajo ni nada porque todo era del gobierno”, señaló Beltrán, quien llegó a Miami en agosto de 1961 “con 10 centavos”, dijo, lo justo para hacer una llamada telefónica y avisar a sus familiares.
En octubre de 1960, el gobierno cubano aprobó la ley 890 que dispuso la “nacionalización mediante la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales,” así como las fábricas, almacenes y depósitos.
“Todo gobierno tiene el derecho a expropiar a sus ciudadanos pero tiene que compensar a esos ciudadanos adecuadamente”, comentó Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en el exilio y quien abogó por la implementación del Título III de la ley Helms-Burton.
“Lamentablemente nunca llegó la legislación posterior” que debía establecer esa compensación, agregó.
Entre las justificaciones para la expropiación, la ley 890 cita que muchas de las grandes empresas privadas del país “han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución”, por lo cual era necesario “adoptar fórmulas que liquiden definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo”.
Desde fábricas de chocolate y molinos de harina hasta 11 de los principales cines del país aparecen en esta lista de 381 empresas que no “se podrán adaptar jamás a la realidad revolucionaria de nuestra Patria”, según la legislación.
La ley 890 ordenó la intervención de 105 centrales azucareros, 18 destilerías (entre ellas las de José Arechabala, el productor original del ron Havana Club) y seis productoras de bebidas alcohólicas, entre ellas la compañía Ron Bacardí.
Bacardí aún no ha presentado ninguna demanda en las cortes estadounidenses amparada en la ley Helms-Burton, pero envió un comunicado a el Nuevo Herald en el que advierte que “no dudará en desafiar a todas las personas y empresas que realicen actividades comerciales, usen o se beneficien de nuestras propiedades confiscadas ilegalmente en Cuba”.
“Bacardí, como muchas otras, es una compañía que perdió todas sus propiedades cubanas por confiscación ilegal sin compensación”, destaca el comunicado. “Apoyamos el derecho y la capacidad de las personas afectadas para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas”.
También en octubre de 1960, el gobierno nacionalizó la banca cubana, que fue absorbida por el Banco Nacional de Cuba. Entre los expropiados estuvo el Banco Núñez, el segundo más importante de la isla, con 22 sucursales y valorado en $8 millones. El gobierno supuestamente ofreció a su fundador, Carlos Núñez Pérez, $10,000 como compensación.
Para 1968, cuando Castro ilegalizó el resto de los pequeños negocios en manos privadas, casi toda la economía del país pasó al control del Estado, desde el comercio exterior hasta la venta callejera de fritas.
El país aún no se ha recuperado de la estatalización forzosa.
Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres
Esta historia fue publicada originalmente el 26 de octubre de 2020, 7:00 a. m. with the headline "¿Está su nombre en la lista? El tiempo para demandar por bienes perdidos en Cuba puede acabarse."