Resistiendo las reformas, Cuba anuncia aumentos de precios y restricciones al sector privado
Los cubanos pronto enfrentarán otra vuelta de tuerca, esta vez en el surtidor: un aumento en el precio de la gasolina del 528% a partir de febrero.
En una encrucijada entre reformas de mercado más amplias que podrían poner en peligro su control del poder o redoblar los esfuerzos para salvar la economía socialista de planificación centralizada que ha empobrecido a Cuba durante seis décadas, el gobierno cubano eligió el guión más familiar.
En medio de la peor crisis económica en varias décadas, el liderazgo cubano ha anunciado un plan de austeridad, que incluye recortes en los subsidios a los alimentos en la cartilla de racionamiento y mayores precios del combustible, el transporte, la electricidad y el gas licuado, junto con mayores restricciones a las pequeñas y medianas empresas privadas, en otra señal de que el gobierno se resiste a los llamados a abrir significativamente la economía.
El nuevo precio de la gasolina fue anunciado el martes por la noche por funcionarios cubanos en directo por televisión, junto con un aumento del 180 % en las tarifas de trenes y autobuses interprovinciales.
Debido a que los salarios y las pensiones estatales son abismalmente bajos en Cuba, con salarios mensuales promedio de 15 dólares y pensiones aún más bajas, cualquier recorte en los subsidios o aumento de precios es particularmente preocupante para la amplia porción de la población que no recibe remesas de familiares en el extranjero o no tiene otros formas de acceder a dólares.
Varias medidas también impactarán a las nuevas empresas privadas, conocidas como mipymes. Estas incluyen un aumento del 25% en las tarifas eléctricas para los mayores consumidores, el fin de los beneficios fiscales y mayores tarifas de importación de bienes finales que probablemente elevarán aún más los precios de los alimentos en medio de una inflación récord de tres dígitos.
Estas y otras medidas para “estabilizar” la economía fueron anunciadas por primera vez en la última sesión de la Asamblea Nacional a finales de diciembre por el Primer Ministro Manuel Marrero.
En particular, el gobierno parece decidido a limitar el crecimiento de las empresas privadas y al mismo tiempo intenta utilizar el acceso del sector privado al capital y a la financiación extranjera para reactivar la producción local de las empresas estatales.
Marrero dijo que el gobierno quiere que el sector privado importe más materias primas que luego las empresas estatales podrían utilizar en la producción local. El Primer Ministro también manifestó la intención de crear más empresas mixtas entre el Estado y las mipymes y aprovechar la mejor posición del sector privado para buscar capital o crédito en el exterior para negociar financiamiento de negocios que involucren a empresas estatales. Todo ello imponiendo controles fiscales más estrictos al sector privado y eliminando incentivos.
“Hemos tomado medidas para que el gobierno abra la economía y que este proceso no se concentre en las pequeñas empresas sino en las empresas estatales socialistas”, afirmó.
En medio de críticas generalizadas en las redes sociales y por parte de varios economistas, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió las medidas y negó enérgicamente durante la misma sesión de la Asamblea Nacional que el gobierno estuviera tratando de implementar un “paquete [de políticas] neoliberal ni una cruzada contra las mipymes”.
Sin proporcionar detalles completos, Marrero también habló sobre implementar cambios para que una mayor parte del dinero que los cubanos en el exterior envían a sus familiares pase por el sistema financiero oficial cubano. Si tienen éxito, esos esfuerzos podrían dañar aún más al sector privado, que ha estado aprovechando las remesas que ingresan al país a través de canales alternativos para financiar sus negocios.
El Primer Ministro también dijo que el gobierno quería controlar el precio del dólar —que se cambia a 120 pesos por dólar en un mercado oficial restringido pero se vende en la calle a 275 pesos—, pero no dijo cómo lo haría.
El plan anunciado siguió a la intervención del Ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, quien pintó un panorama sombrío de la economía del país en 2023, que, según dijo, se contrajo otro 1 o 2 % en 2023.
Pero Gil insistió en que el gobierno no estaba considerando “más privatizaciones”. Estamos hablando de fortalecer la empresa estatal socialista, regular los precios, todo para preservar los logros sociales de la revolución”.
Marrero también dijo que el gobierno daría prioridad a la inversión extranjera, especialmente en la producción de alimentos, pero no anticipó ningún cambio en la legislación sobre inversión extranjera.
Varios economistas cubanos creen que las medidas empeorarán las dificultades que enfrentan los cubanos para encontrar alimentos y obtener servicios esenciales, y no solucionarán los diversos problemas del país: una caída aguda de la productividad en casi todos los sectores de la economía, pero más preocupante en la agricultura, una inflación disparada, una deuda externa estimada en el 20% del PIB de Cuba, escasez de alimentos, medicinas y gasolina y una infraestructura desmoronada incapaz de proporcionar electricidad regular y otros servicios, incluida atención médica de calidad.
“Nadie debe esperar nada de la efectividad de las medidas que se implementarán para lograr la recuperación de la economía, porque seguirán basadas en el modelo económico comunista,” escribió en su blog Cuba Economía, Elías Amor, economista cubano radicado en España. La generación de riqueza, empleo y productividad, escribió, no se puede lograr simplemente “haciendo ajustes en la distribución de los recursos, sino centrándose en la producción, la actividad privada, los derechos humanos, los derechos de propiedad y el mercado como instrumento de asignación de recursos”.
En una dura reprimenda al plan del gobierno, Juan Triana, un economista que vive en la isla, escribió el miércoles en el sitio de noticias OnCuba que las medidas probablemente contribuirían a “la elevación de la inflación, al incremento de la dolarización y a una mayor devaluación del peso cubano”.
También cuestionó las restricciones al sector privado y por qué el gobierno no incluyó otras medidas correctivas necesarias, como la reducción de los miles de millones de dólares gastados en la construcción de nuevos hoteles para turistas, muchos de los cuales permanecen vacíos, o la reducción de la burocracia estatal.
Culpar a Estados Unidos
Como era de esperar, en discursos en la Asamblea Nacional y el 1 de enero, durante las celebraciones de los 65 años de la Revolución Cubana, los líderes cubanos culparon de la debacle económica al embargo estadounidense, una narrativa que han forjado durante décadas de mala gestión económica.
Si bien no es la razón principal de los problemas económicos de la isla, la mayoría de los economistas coinciden en que las sanciones estadounidenses han agravado la crisis, y un grupo de legisladores demócratas, encabezados por el representante James P. McGovern (D-MA), escribió una carta al presidente Biden a principios de año pidiéndole que sacara a Cuba de la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo.
La inclusión de Cuba en la lista conlleva “restricciones y sanciones” financieras que son un “factor contribuyente significativo” a la crisis actual, escribieron.
Otros activistas y académicos han pedido a la administración de Joe Biden que coopere con las organizaciones internacionales para aumentar la ayuda humanitaria a la isla, especialmente alimentos y suministros sanitarios.
Pero los expertos coinciden en que nada menos que reformas más amplias pueden sacar a la isla y a su gente de esta terrible situación.
Entre quienes presionan contra tales cambios se encuentran algunos de los líderes más longevos del país, una dinámica de poder que se muestra más claramente en la edición del 2 de enero del periódico del Partido Comunista Granma.
Una fotografía de Díaz-Canel, rodeado por el general Raúl Castro, quien está formalmente retirado pero sigue siendo la máxima autoridad en el país, y dos comandantes de la vieja guardia en sus 90, Ramiro Valdés y José Ramón Machado Ventura, dominó la portada del periódico con el titular: “La unidad es nuestra principal arma estratégica”.
Castro, de 93 años, pronunció el discurso central el 1 de enero, en el que instó a los reunidos en la ceremonia en Santiago de Cuba a valorar la unidad política “más que las niña de nuestros ojos”.
El Herald informó recientemente sobre las divisiones en el gobierno cubano respecto de hasta qué punto abrir el país al mercado. Pero Castro citó a su hermano, Fidel Castro, para negar que hubiera “contradicciones generacionales en la Revolución” o que la generación anterior de líderes se estuviera “aferrando a cargos”.
Envuelto en la retórica enrevesada habitual en estos discursos, lanzó un último recordatorio: que los militares y las fuerzas de seguridad eran leales al gobierno comunista y estaban dispuestos a actuar cuando se les amenazaba.
“Hoy puedo afirmar que ante cualquier amenaza o debilidad sus combatientes no renunciarán a continuar siendo, junto al Partido, el alma de la Revolución”, dijo.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de enero de 2024, 3:09 p. m..