Cuba anuncia nuevas restricciones al sector privado y límites a la venta al por mayor
El gobierno cubano anunció nuevas medidas, incluida límites al sector privado para ejercer el comercio mayorista, que según los funcionarios “corregirán las distorsiones económicas”, pero probablemente exacerbarán la escasez y empeorarán la inflación en medio de una grave crisis económica.
En un documento de 167 páginas publicado el lunes en la gaceta oficial cubana, el gobierno emitió varias leyes y regulaciones que imponen nuevos impuestos, requisitos burocráticos complicados y restricciones a las actividades de las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agrícolas y los trabajadores por cuenta propia, que forman el naciente sector privado de la isla.
Según las nuevas normas, que el primer ministro Manuel Marrero anunció durante una sesión de la Asamblea Nacional el mes pasado, las pequeñas y medianas empresas privadas, conocidas en español como mipymes, y las cooperativas podrán seguir importando bienes del extranjero para sus negocios. Sin embargo, solo podrán importar y vender bienes en el mercado mayorista si esa es su “actividad principal” declarada como empresa y solo “mediante contratos con participación de entidades estatales”.
En una lista oficial de 11.,88 empresas privadas y cooperativas existentes compilada por el Ministerio de Economía, solo una empresa privada tiene el “comercio al por mayor” declarado como su actividad principal.
Las medidas podrían alterar las cadenas de suministro en el sector privado, porque muchas empresas privadas han hallado rentable comprar bienes en el extranjero para abastecer no solo a sus propios negocios, sino también para vender a otros, incluidos a los trabajadores por cuenta propia. Muchos trabajadores autónomos también han ganado dinero rápido comprando y vendiendo al por mayor, pero las nuevas regulaciones, que entran en vigor en 30 días, también lo prohíben.
Las cifras oficiales revelan que el sector privado importó alimentos y otros bienes por valor de 1.300 millones de dólares en 2023, y otros 936 millones de dólares este año hasta junio, lo que supuso un salvavidas para la población cubana durante la peor crisis económica del país en muchas décadas.
Las regulaciones llegan después de que el gobierno impusiera el mes pasado controles de precios sobre algunos productos alimenticios vendidos por el sector privado, lo que ya está causando escasez.
El gobierno ni siquiera puede pagar los alimentos distribuidos a través de las cartillas de racionamiento, pero los dirigentes cubanos, que insisten en que las “empresas socialistas” estatales deben predominar en la economía, se han vuelto hostiles al rápido crecimiento del sector privado. Marrero ha acusado a los empresarios de evasión fiscal y se ha comprometido a aplicar controles más estrictos, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el futuro económico de la isla.
El sector privado se ha convertido en un formidable competidor del conglomerado conocido como GAESA, dirigido por los militares y que controla grandes sectores de la economía cubana. GAESA solía controlar la moneda extranjera que entraba al país en forma de remesas, dinero enviado por los cubanos en el extranjero a sus familias en la isla. Pero la administración de Donald Trump sancionó a la empresa militar que manejaba las remesas, y los cubanos en Miami encontraron otros canales informales para enviar dinero a sus familiares, lo que terminó ayudando a financiar empresas privadas.
Las tiendas del gobierno, incluidas las cadenas dirigidas por militares como TRD, tiene problemas para llenar sus estantes, mientras que las tiendas privadas están aumentando en todo el país.
Al limitar qué empresas pueden participar en la venta al por mayor y garantizar la participación estatal, el gobierno puede estar tratando de garantizar que los bienes comprados por el sector privado se vendan en tiendas gubernamentales o se utilicen para revitalizar las industrias estatales.
El economista cubano Pedro Monreal, que vive en España, dijo en X que las restricciones al comercio mayorista podrían favorecer a los grandes actores del sector privado con conexiones con el gobierno.
Sin embargo, el impacto de las restricciones aún no se entiende por completo porque el Ministerio de Comercio Interior aún no ha emitido sus regulaciones para implementarlas.
Las nuevas leyes también establecen que las empresas privadas deben usar sus cuentas corrientes bancarias cubanas para “todas” sus transacciones comerciales y usar solo la moneda local, el peso cubano, una medida anunciada por primera vez por Marrero el mes pasado que ha generado incertidumbre entre los empresarios cubanos.
Si se aplica, este requisito obstaculizaría la capacidad de las empresas privadas para pagar a proveedores en el extranjero. Actualmente, muchas utilizan cuentas bancarias en terceros países para pagar suministros porque los bancos cubanos no tienen dólares para respaldar esas operaciones y no permiten esas transferencias. Muchos dueños de negocios se han resistido a las normas que los obligan a solo aceptar pagos electrónicos de los clientes y consumidores porque necesitan efectivo para comprar dólares en el mercado negro para pagar suministros en el extranjero.
“En una primera lectura, estas nuevas leyes representan otro gran retroceso para la economía cubana”, dijo Ric Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, una organización cubanoamericana con sede en Washington que apoya al sector privado de la isla. “Crean mucha incertidumbre pero dejan claro que su objetivo no es el crecimiento económico o desarrollo del país. Parecen centrarse en obstaculizar el crecimiento del sector privado nacional y proteger los intereses de las empresas estatales de bajo rendimiento”.
Herrero también cree que las nuevas regulaciones envían un mensaje equivocado en un momento en que Estados Unidos e incluso aliados cubanos como Rusia y China desearían ver al gobierno avanzar con las reformas económicas.
En contra de los llamados a abrir el sector privado a la inversión extranjera, el nuevo decreto del gobierno exige que los dueños de las empresas sean cubanos con residencia permanente “efectiva” en la isla, descartando que los cubanos que viven en el exterior puedan ser propietarios legales de tales negocios. Algunos cubanoamericanos han tratado de eludir tales prohibiciones –y también las restricciones del embargo estadounidense– estableciendo negocios en Cuba bajo el nombre de familiares y amigos. Pero eso también está prohibido bajo la nueva ley por reglas que penalizan que los dueños de negocios actúen como testaferros en representación de otras personas.
Por primera vez, el gobierno permitirá a los extranjeros poseer negocios privados en Cuba, pero también deben ser residentes permanentes del país. Más importante aún, las reglas ni siquiera abordan la posibilidad de que estos negocios puedan recibir inversión extranjera, algo que la mayoría de los economistas coinciden en que es esencial para el desarrollo económico de la isla.
“Estas leyes también demuestran poca consideración del impacto negativo que tendrán en las relaciones exteriores de un país en quiebra que debería priorizar su integración a la economía mundial”, dijo Herrero.
Más restricciones al sector privado
Las nuevas regulaciones aumentan el número de actividades que están prohibidas para el sector privado, de 112 a 125. La mayoría de las profesiones, el turismo, la banca y todo lo relacionado con las telecomunicaciones o los medios de comunicación siguen estando fuera de lo permitido. Sin embargo, la lógica de algunas nuevas prohibiciones, como la prohibición de fabricar calzado ortopédico, no está clara.
Otras reglas, como la que exige que los productores de miel vendan solo al estado, parecen diseñadas para sofocar la competencia del sector privado. Otras normas dejarán a algunas empresas fuera de circulación de inmediato. Por ejemplo, las nuevas reglas prohíben a los profesores de idiomas, música y otras artes formar academias, algo que muchos ya han hecho.
El nuevo marco legal también añade trámites burocráticos para abrir un negocio, al exigir múltiples autorizaciones, incluida la aprobación previa de las autoridades municipales, lo que Herrero teme que pueda exacerbar la corrupción a nivel local.
El gobierno también eliminó los incentivos fiscales e impuso un impuesto adicional del 5% a la fuerza laboral para los trabajadores por cuenta propia, a quienes se les permite contratar hasta tres empleados.
Oniel Díaz Castellanos, quien dirige una empresa que ayuda a establecer negocios privados, dijo que muchas regulaciones no son nuevas y mantienen “prohibiciones absurdas, lamentables y contraproducentes”. Él cree que no cambiará mucho para los dueños de negocios en los próximos meses porque muchas normas vienen con un plazo de implementación de 180 días.
Aunque no sean “catastróficas” para el sector privado a corto plazo, las regulaciones van en contra de los objetivos declarados del gobierno de mejorar la economía.
“Mal andamos”, dijo.