Corte Suprema de EEUU toma dos casos que involucran propiedades confiscadas en Cuba
En un paso significativo, seis décadas después de que el gobierno de Fidel Castro confiscara todas las propiedades privadas en Cuba, la Corte Suprema accedió a aceptar dos casos que involucran demandas contra empresas cubanas y cuatro importantes líneas de cruceros con sede en Florida, acusadas de tráfico de bienes confiscados.
En una breve orden sin firma emitida el viernes, la Corte Suprema accedió a escuchar los casos presentados por la gigante petrolera Exxon y Havana Docks —una compañía que tenía una concesión sobre las instalaciones portuarias de La Habana— relacionados con la Ley Libertad de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton. Una disposición de la ley permite a los ciudadanos estadounidenses que tengan derecho a propiedades confiscadas por el gobierno cubano sin compensación reclamar daños y perjuicios a las empresas que se han beneficiado o han “traficado” con dichas propiedades.
Un fallo que respalde a Exxon y Havana Docks podría eliminar obstáculos importantes y facilitar la vía legal para demandas similares, en un momento en que la administración Trump busca aumentar la presión sobre el gobierno cubano.
De 1996 a 2019, sucesivos presidentes estadounidenses suspendieron la disposición en la ley Helms-Burton que otorgaba el recurso legal —el Título III— por motivos diplomáticos, ya que varios aliados de Estados Unidos, como Canadá y España, tienen inversiones en Cuba. Sin embargo, en 2019, el presidente Donald Trump promulgó esa parte de la ley durante su primer mandato. Desde entonces, se han presentado unas 45 demandas.
Sin embargo, la ley no había pasado la prueba de los tribunales, y los demandantes han enfrentado reveses debido a tecnicismos y al lapso de tiempo transcurrido.
Exxon fue la primera empresa estadounidense en demandar a las empresas estatales cubanas Cimex y Unión Cuba-Petróleo en 2019, por la explotación de estaciones de servicio confiscadas por el gobierno cubano. Sin embargo, tras años de costosos litigios, Exxon se topó con un obstáculo el año pasado cuando el tribunal de apelaciones del circuito de Washington D. C. dictaminó que las entidades cubanas no podían ser demandadas porque gozaban de inmunidad soberana extranjera.
En 2022, una jueza federal ordenó a Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian pagar más de 400 millones de dólares en daños y perjuicios a Havana Docks, la empresa estadounidense que tenía la concesión de las instalaciones portuarias de La Habana que utilizaron para el desembarco de pasajeros entre 2015 y 2019. Las instalaciones, algunas de las cuales fueron construidas por Havana Docks, fueron expropiadas sin compensación en 1960.
Sin embargo, dado que Havana Docks tenía una concesión de 99 años para el uso de los muelles e instalaciones portuarias, que expiró en 2004, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, anuló la sentencia, argumentando que la empresa no tenía participación en la propiedad en el momento del presunto tráfico.
En una opinión disidente que sirve como base de la petición de Havana Docks ante la Corte Suprema, el juez Andre L. Brasher citó un precedente que establece que, bajo la Ley Helms-Burton, se consideraba que los antiguos propietarios de propiedades confiscadas tenían un derecho de reclamación sobre dichas propiedades, en lugar de un derecho sobre la propiedad en sí.
“A diferencia del derecho concesional original de Havana Docks en los muelles, su reclamación no está limitada en el tiempo”, argumentó.
La Corte Suprema decidirá ahora si los demandantes deben demostrar que habrían sido propietarios o habrían tenido un derecho sobre la propiedad en cuestión de no haber sido confiscada por el gobierno cubano. Esta opinión, de confirmarse, excluiría a otros demandantes con derechos limitados en el tiempo, como las patentes. Y, en el caso interpuesto por Exxon, si las empresas estatales cubanas pueden evadir las demandas amparadas por la Ley Helms-Burton alegando inmunidad soberana extranjera.
El hecho de que el Tribunal Supremo haya acelerado el trámite de los dos casos, que involucran un asunto específico de política exterior, en lugar de los casos de alto perfil de interés nacional que suele manejar, es digno de mención, dijo John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, quien ha estado monitoreando las demandas amparadas por la Ley Helms-Burton.
El simple hecho de que los casos llegaran al Tribunal Supremo “tendrá un impacto inmediato en Cuba”, afirmó. “Las empresas nuevamente tendrán una razón para pausar e, independientemente de la decisión, algunas incluso podrían decidir que Cuba no vale la pena mientras la administración Trump esté a cargo”.
Kavulich también señaló que la inclinación conservadora del tribunal, sus fallos favorables a la administración Trump en varios asuntos y el hecho de que el Departamento de Justicia también esté apoyando a los demandantes no son señales favorables para el gobierno cubano.
“No es un buen día para el gobierno de Miguel Díaz-Canel”, dijo.
La política exterior podría ser central en las deliberaciones del Tribunal Supremo. La petición de Havana Docks, coescrita por Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de EE. UU., argumenta que la corte de apelaciones socavó “un pilar de las sanciones económicas estadounidenses contra Cuba, usurpó el papel de otras ramas del gobierno y anuló sus decisiones políticas”.
En una presentación en apoyo a Havana Docks, seis congresistas de Florida —el senador Rick Scott y los representantes Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, María Elvira Salazar y Carlos Giménez— escribieron que “la sentencia solicitada para su revisión invalida la Ley Libertad y socava la política exterior de nuestro país hacia Cuba”.
El gobierno de Trump también apoyó firmemente las solicitudes de Exxon y Havana Docks, declarando ante la Corte Suprema que revisar los casos redundaba en interés de la política exterior estadounidense.
“Estados Unidos tiene un interés imperioso en política exterior para garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen comunista de Fidel Castro reciban una compensación y para evitar que el gobierno cubano se beneficie aún más de sus fechorías”, declaró el Departamento de Justicia en un escrito de apoyo a Exxon. “Esta revisión se justifica especialmente ahora, durante un periodo en el que el presidente ha permitido que se tramiten demandas amparadas en el Título III, y en un momento en que Estados Unidos considera que dichas demandas podrían contribuir significativamente a los objetivos de política exterior estadounidense relacionados con Cuba”.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de octubre de 2025, 4:39 p. m..