¿Puertas abiertas para hacer negocios con Cuba? Riesgos en sistema sin garantías legales
La posibilidad de que los cubanos en el sur de Florida — y en otros lugares fuera de la isla — pudieran pronto invertir en negocios en Cuba y ser sus propietarios podría reducirse a poco más que una invitación y una fantasía.
En el camino de cualquier inversión y de los negocios que los exiliados cubanos quieran iniciar en la isla están las sanciones del gobierno de Estados Unidos y la enorme —y tortuosamente lenta— burocracia del gobierno cubano, dicen los expertos.
El 16 de marzo, el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, dijo que La Habana permitiría a los cubanos que viven en el extranjero invertir y ser propietarios de negocios en la isla. Afirmó que esas inversiones podrían destinarse a sectores antes vedados al sector privado cubano, incluida la infraestructura en ruinas del país.
Pero el mayor obstáculo al que se enfrentarían los cubanoamericanos, según personas familiarizadas con la burocracia cubana, es la ausencia de un marco legal que ofrezca garantías a los inversionistas. En Cuba no existe un estado de derecho que permita que los casos sean juzgados por un tribunal independiente, las leyes se cambian con frecuencia, y la confiscación forma parte del código legal y puede utilizarse como herramienta de represión, dijeron abogados conocedores de las leyes cubanas a el NuevoHerald.
Cuando Pérez-Oliva, quien también se desempeña como vicepresidente del Consejo de Ministros, dijo a NBC que Cuba está “abierta” a hacer negocios con empresas estadounidenses y con cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes, para algunos fue un rayo de esperanza. Al mismo tiempo, muchos exiliados notaron de inmediato que Pérez-Oliva no especificó en qué términos podrían invertir los cubanos en el exterior ni cuáles serían los requisitos.
Pérez-Oliva concedió una entrevista más larga ese mismo día al programa de la TV cubana Mesa Redonda. Dijo que los cubanos que viven en el extranjero podrían participar o ser propietarios de negocios en Cuba, ya sean privados o en asociación con empresas estatales, sin necesidad de residir en el país, bajo una ley cubana que incluye una categoría llamada “de inversores y de negocios.”
Pero sus explicaciones no disiparon los temores de empresarios e inversionistas que no ven cómo podrían hacer valer sus derechos en Cuba como dueños de pequeñas empresas o de proyectos de mayor envergadura destinados, por ejemplo, mejorar la infraestructura del país.
Ley aún no en vigor
El abogado cubano Eloy Viera Cañive, que ejerció la abogacía en la isla durante seis años antes de mudarse a Canadá, dijo que la ley migratoria a la que Pérez-Oliva aludió fue aprobada por el Parlamento del país en 2024, pero nunca se ha publicado en la Gaceta Oficial del gobierno, por lo que no puede considerarse en vigor.
La Ley de Inversión Extranjera de 2014, otro estatuto citado por Pérez-Oliva, está en vigor, pero durante mucho tiempo el gobierno cubano dijo que no permitía que residentes en el exterior invirtieran en Cuba.
“Hasta que un día cambiaron de parecer y dijeron que sí, aunque no ‘fomentaban’ la inversión de cubanos fuera de Cuba,” dijo Viera Cañive.
El gobierno cubano seguirá aplicando las mismas regulaciones que ha usado durante mucho tiempo a su discreción, añadió. El propio gobierno reconoce que solo se han establecido en Cuba dos empresas con capital de cubanos residentes en el extranjero bajo la ley de inversión extranjera, dijo Viera Cañive.
El abogado también señaló la falta de claridad sobre los requisitos para adquirir la condición de “residente inversor” o empresario que mencionó Pérez-Oliva. “Eso demuestra que no hay reglas claras en Cuba, y que pueden cambiar en cualquier momento, como siempre ha ocurrido,” afirmó.
Cambiar instituciones
El problema es institucional y muy difícil de cambiar, dijo Viera Cañive.
“La garantía que ofrece la ley cubana a un inversor es la posibilidad de comparecer ante un tribunal que no es independiente,” dijo Viera Cañive, consultor jurídico del medio El Toque.
Puso el ejemplo hipotético de un empresario de Miami que tiene una disputa con otra empresa privada en la isla o con una empresa estatal.
El conflicto tendría que resolverse mediante un sistema de arbitraje que existe únicamente dentro de los tribunales comerciales cubanos, en la Sala de lo Mercantil, que está presidida por jueces que forman parte de una estructura institucional que no es independiente.
“Ese sistema judicial responde al Estado cubano, que opera a través de directrices. Cuando el régimen cubano dice: ‘Esto es lo que se debe decidir,’ eso es lo que se decide, y ese es el principal problema para los inversionistas,” dijo Viera Cañive.
Cambios de leyes y confiscación
La abogada Laritza Diversent señaló las frecuentes modificaciones a las leyes cubanas como una señal de alarma importante para los inversionistas. El pequeño sector privado permitido en la isla en los últimos años, junto con el trabajo por cuenta propia, ha sufrido varios cambios legislativos desde 2019, señaló. Las leyes hasta ahora se han modificado para aumentar el control estatal.
Diversent dirige la organización legal Cubalex, que opera como entidad independiente y no gubernamental que ofrece asistencia legal gratuita a la ciudadanía y documenta violaciones de derechos humanos. Subrayó que la confiscación de bienes está presente en el código legal cubano.
Esa sola palabra puede helar la sangre de cualquier empresario en Miami, donde hay descendientes de tantas familias cuyos negocios fueron confiscados por el castrismo, incluidos pequeños comercios expropiados en 1968.
La confiscación de empresas puede llevarse a cabo por cualquier sospecha de tráfico de influencias, dijo Diversent, enumerando una de las razones que el régimen puede alegar.
No fue hasta la década de 1990, cuando la isla atravesó lo que llamó el “Período Especial” tras la caída de la Unión Soviética y el fin de sus subsidios, que el gobierno cubano permitió de nuevo el trabajo por cuenta propia y algunos oficios para cubrir necesidades básicas en medio de la crisis económica. En 2021, en medio de una profunda crisis relacionada con la pandemia de COVID-19, el régimen aprobó la existencia de pequeñas y medianas empresas junto con cooperativas privadas no agropecuarias
“La confiscación se ha usado como herramienta de control político y económico,” dijo Viera Cañive, citando ejemplos recientes de coacciones contra emprendedores cubanos.
Si el dueño de una pequeña empresa privada fija precios fuera de los establecidos por el gobierno, puede significar la pérdida de mercancía mediante confiscación, dijo Viera Cañive. Es lo que se llama una “venta forzada,” en la que el gobierno vende ese producto al precio que considere apropiado.
Cárcel para empresarios
El historial empresarial de la isla incluye varios casos de emprendedores cubanos —algunos de los cuales habían regresado a la isla desde Estados Unidos— y extranjeros que han sido condenados bajo la ley cubana. No importa que un empresario tuviera vínculos con la dirigencia o fuera amigo de Fidel Castro, como el chileno Max Marambio, quien en 2011 fue condenado en ausencia por un tribunal cubano a 20 años por fraude y falsificación de documentos bancarios, en un caso que involucró a un exministro cubano. Para entonces Marambio, que vivía en el extranjero al momento de su condena, había hecho negocios con el gobierno cubano durante 16 años y fue su socio en la empresa alimentaria Río Zaza.
El empresario canadiense Cy Tokmakjian fue arrestado en 2011 y en 2014 fue condenado a 15 años de prisión por cargos de soborno y delitos económicos. Fueron confiscados los negocios de transporte en Cuba de su empresa, Tokmakjian Group. Las autoridades cubanas exigieron $55 millones por su liberación, dijo en ese momento Lee Hacker, vicepresidente de finanzas de Tokmakjian Group. Tokmakjian fue liberado en 2015 tras cumplir tres años.
Uno de los casos más conocidos involucró al empresario cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, propietario de lo que llegó a conocerse como el “Costco cubano,” la tienda Diplomarket, que abrió en 2022 en las afueras de La Habana. Cuspinera Medina fue arrestado en junio de 2024 bajo acusaciones informales de evasión fiscal, tráfico de divisas y lavado de dinero. Un año después emitió una carta pública desde la prisión Combinado del Este en La Habana, donde denunció torturas psicológicas y manipulación judicial.
“Han fabricado un caso sin fundamentos para justificar la expropiación de mi negocio,” escribió Cuspinera Medina, afirmando que su detención fue una forma de frenar el crecimiento del sector privado.
Por múltiples razones, las autoridades pueden abrir una investigación contra un empresario, confiscar su negocio y bienes, y congelar fondos para que no pueda sacarlos del país, dijo Diversent.
El Estado cubano no puede ser demandado como en otros países, afirmó, calificando esa noción de “tema de películas de sábado por la noche.” Un empresario no puede contar con el sistema judicial cubano para defender sus intereses dentro del país, sea extranjero o nacional.
Otro punto importante: según las leyes cubanas vigentes, los que salieron de Cuba deben reingresar a la isla usando un pasaporte cubano, y no se reconoce ninguna otra ciudadanía, lo que significa que serán tratados como cubanos por las autoridades de la isla, sujetos a la ley isleña sin posibilidad de recurrir a servicios consulares extranjeros.
Viera Cañive cree que una razón por la que la Ley de Migración no ha entrado en vigor es que forma parte de un paquete legislativo que incluye una nueva Ley de Ciudadanía que permite a los cubanos que viven en el extranjero renunciar a su ciudadanía cubana. Esos cubanos podrían entonces entrar en la isla con el pasaporte del país en el que se han nacionalizado.
“El régimen no quiere perder el control político sobre sus emigrados,” dijo.
Tierras para cultivar y urbanizar
Otra preocupación para inversionistas extranjeros: los obstáculos para adquirir tierras para desarrollo urbano. El deterioro de los edificios, los constantes derrumbes que liberan espacios para nueva construcción y el mal estado de la infraestructura claman por inversión.
Pero no es tarea fácil, porque todos los terrenos urbanizados son oficialmente propiedad del gobierno. “Un edificio puede ser de propiedad privada, pero el terreno, una vez que el edificio desaparece, es propiedad del Estado,” dijo Viera Cañive.
Hay muy poca tierra en zonas urbanas en Cuba que pueda asignarse para construcción. Existen algunos solares vacíos y parcelas muy pequeñas en manos privadas, en las que se podrían negociar acuerdos con sus dueños, dijo el abogado.
Lo primero que se necesita, afirmó, es actualizar el registro de la propiedad para saber qué parcelas pueden usarse para construcción.
Otros exiliados quizá en algún momento quieran regresar a Cuba y comprar una finca para contribuir al desarrollo agrícola de la isla. Ese es otro ámbito en el que los sueños chocan con la realidad del Estado cubano, que posee el 80% de las tierras cultivables.
“Habría que reformar la constitución, que dice que la titularidad de la tierra es irreversible, que nunca puede volver a manos privadas una vez que es estatal,” dijo Diversent.
El modelo de propiedad en Cuba tendría que cambiar, dijo Viera Cañive. El gobierno solo ha concedido parcelas de tres caballerías —unos 100 acres— en calidad de arrendamientos a largo plazo.
La modernización del sistema agrícola y la meta de poner la tierra a producir también se ven entorpecidas por limitaciones legales. El Estado tiene el derecho preferente de compra de la tierra primero a un precio inferior al del mercado informal. Y las leyes de herencia son complicadas: si los agricultores quieren dejar tierras a sus hijos, solo pueden heredar los que hayan trabajado la tierra durante determinados años.
“No vale la pena mecanizar parcelas de tres caballerías,” dijo Viera Cañive. “Se necesitan tierras extensivas para que den rendimiento.”
Otro obstáculo para empresarios e inversionistas es que en Cuba todos los bancos son propiedad del Estado. Eso permite al gobierno controlar la política bancaria y evitar que las empresas saquen su dinero del país. Desde noviembre, cientos de empresas extranjeras en Cuba no han podido retirar o transferir al exterior fondos de sus cuentas bancarias cubanas.
¿Puertas abiertas?
Desde que Pérez-Oliva anunció que Cuba estaría abierta a inversiones de cubanos en el extranjero y sus descendientes, tanto el gobierno cubano como la administración Trump han hecho comentarios que podrían complicar cualquier esfuerzo por aliviar tensiones. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo la semana pasada que las medidas anunciadas por Cuba “no son lo suficientemente drásticas” para resolver los problemas económicos de la isla y que Cuba necesita un cambio de liderazgo.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel adoptó entonces un tono beligerante en respuesta a comentarios del presidente Donald Trump de que podría “tomar” la isla en cualquier momento. “Ante el peor de los escenarios, Cuba tiene una certeza: cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia inexpugnable,” dijo Díaz-Canel.
Desde el lado estadounidense, los empresarios que quieran tener negocios en Cuba necesitarían autorización del Departamento del Tesoro y del Departamento de Comercio de EE. UU., que hacen cumplir el embargo estadounidense sobre la isla.
Bajo la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso en 1996, el levantamiento del embargo está condicionado a la existencia de un gobierno democrático en Cuba, y ningún presidente puede levantarlo hasta que se cumpla ese requisito.
Viera Cañive dijo que, pase lo que pase con lo que haya dicho un ministro, sigue siendo precario que los cubanoamericanos inviertan en la isla hasta que haya cambios significativos en la legislación cubana.
“Deben tener claro que en Cuba no existe un contexto jurídico ni instituciones que ofrezcan garantías,” afirmó. “No basta con que un ministro venga y diga que van a abrir las puertas. Institucionalmente, no ha cambiado nada.”
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2026, 0:14 p. m..
