Familias de Tampa piden indemnización por confiscaciones en Cuba

Meyer Lansky era un mafioso que tenía en Cuba un casino donde a los norteamericanos les encantaba ir a jugar.

Burke Osborne Hedges, quien operaba una empresa textil grande, era un jefe admirado que ofrecía servicios médicos gratis y buenos salarios a sus empleados.

A pesar de sus diferencias, los dos hombres fueron metidos en el mismo saco por Fidel Castro como símbolos del gobierno corrupto que acababa de derrocar, estadounidenses que amasaron grandes riquezas a costa de los cubanos.

Cinco décadas después, mucho después que ambos fallecieron, los dos hombres y sus descendientes que viven en la zona de Tampa Bay han quedado nuevamente vinculados por su relación con Cuba.

Las familias desean agregar propiedades que una vez tuvieron en la isla a las reclamaciones por valor de $1,900 millones presentadas por ciudadanos estadounidenses por activos confiscados por el gobierno comunista.

Lo que distingue las reclamaciones de Lansky y Hedges es que las dos no cumplieron la fecha tope establecida por el gobierno federal para certificar sus pérdidas. Ahora los gobiernos de Cuba y Estados Unidos negocian un pago único para cubrir las pérdidas certificadas.

Sin embargo, las dos familias rechazan la idea de que es demasiado tarde para exigir el pago.

“Si no luchamos, es lo mismo que decir que está bien tomar algo que no es tuyo”, dijo Burke Francisco Hedges, vecino de St. Petersburg nacido en Puerto Rico cuyo padre, Burke Osborne Hedges, huyó de Cuba y dejó el imperio textil de la familia 1959. “Nosotros somos guerreros. No vamos a dejar de pelear”.

La familia Hedges perdió más de 20 propiedades por un valor de $50 millones, incluida una textilera y una finca.

Lansky, el gangster neoyorquino nacido en Rusia inmortalizado como el personaje Hyman Roth en la películo El Padrino II, perdió el Hotel Habana Riviera y el casino que había allí. Su reclamación es por unos $8 millones.

Si esas pérdidas se incluyeran en la lista de 5,913 reclamaciones certificadas por el gobierno estadounidense, la de Hedges ocuparía el lugar 12 por su valor. La de Lansky quedaría entre las primeras 40.

Pero la viuda de Burke Osborne Hedges, Maritza Hedges Smith, y su hijo, Burke Francisco Hedges, quienes ahora viven en la zona de St. Petersburg, recientemente solicitaron al gobierno de Estados Unidos la oportunidad para presentar una reclamación.

Los herederos de Lansky —su hija Sandra Lombardo y su nieto Gary Rapoport, quienes viven en Tampa— han pedido la misma oportunidad. Durante siete meses la respuesta ha sido negativa.

“El gobierno sencillamente me dijo: ‘Mala suerte’ ”, dijo Rapoport. “Estoy furioso. Parece que la protección de los ciudadanos por parte del gobierno sólo es válida hasta cierta fecha”.

Sin embargo, Rapoport se siente alentado de saber que otra familia con tanto en juego se ha unido a la causa, y dijo que espera que otros sigan el mismo ejemplo para presionar al gobierno federal.

Ninguna de las dos familias pudo explicar por qué no presentaron la reclamación a tiempo.

Pero eso no debe importar, dijo Jason Poblete, abogado de Virginia especializado en las políticas entre Estados Unidos y Cuba.

Hasta 1972, la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras aceptó pruebas de pérdidas por concepto de propiedades nacionalizadas en Cuba.

Posteriormente, del 2005 al 2006, la comisión se reunió para tomar en cuenta propiedades confiscadas en Cuba después de 1967.

Eso fijó el precedente de que el programa de reclamaciones puede reabrirse, dijo Poblete.

“Es una señal a los inversionistas y gobiernos extranjeros de que Estados Unidos defiende a sus contribuyentes, no importa el tiempo que haya pasado, de cualquier gobierno que les confisque propiedades sin la debida compensación”, dijo.

Un factor que pudiera complicar las reclamaciones de las familias Hedges y Lansky es una cláusula en la Constitución de Cuba que prohíbe la compensación a cualquier aliado del ex presidente Fulgencio Batista, derrocado por la revolución de los Castro.

Cuba pudiera alegar que esa prohibición se aplica a las familias en cuestión.

Meyer Lansky trabajó con varios aliados, entre ellos Santo Trafficante Jr., de Tampa, para convertir La Habana en el principal destino caribeño para el juego. Lansky también fue conocido por convertir el crimen organizado en Estados Unidos, de una operación regional a un sindicato nacional.

La familia Hedges desestima la noción de que sus éxitos en Cuba estuvieron relacionados con Batista.

Y para ello mencionan artículos publicados en los años 1940 en las revista Fortune y Reader’s Digest, que decían que la empresa de la familia, textilera Ariguanabo, era la mayor de Cuba antes que Batista fuera presidente y era conocida por tratar bien a sus empleados.

“La compañía era muy querida”, dijo Smith, la viuda de Hedges. “No era un enemigo”.

Otra complicación es la ciudadanía.

Smith nació en Cuba. Su fallecido esposo, Burke Osborne Hedges, nació en Nueva York, tenía doble ciudadanía cubana y estadounidense y fue embajador de Cuba en Brasil.

Según las leyes de inmigración estadounidenses a finales de los años 1950, tomar un cargo en el gobierno cubano pudiera haberlo hecho perder la ciudadanía estadounidense.

Para certificar una reclamación, las propiedades tenían que pertenecer a alguien que fuera ciudadano estadounidense en el momento de la pérdida.

“Mi papá nunca hizo dejación de su ciudadanía y voy a pelear por eso”, dijo Burke Francisco Hedges.

Pero incluso si no sale bien parado, pudiera tener otras opciones.

Bajo la Ley Helms-Burton de 1996, firmada por el entonces presidente Bill Clinton y que codificó el embargo a Cuba, una cláusula conocida como Título III, permite a cubanoamericanos, así como a ciudadanos estadounidenses, presentar demandas civiles contra compañías que usen propiedades expropiadas con fines de lucro.

Todos los presidentes norteamericanos desde entonces han suspendido el Título III, presumiblemente para evitar demandas de estadounidenses contra compañías de naciones aliadas que hacen negocios con Cuba.

El Riviera, en La Habana, es ahora un hotel estatal.

Las pérdidas de los Hedges incluyen una finca de 30,000 acres en la provincia de Pinar del Río. La familia no sabe qué hay ahora en esos terrenos.

El gobierno cubano, o los inversionistas actuales o futuros, pueden decidir por cuenta propia compensar las familias para evitar problemas jurídicos en caso que un presidente norteamericanos decida algún día activar el Título III, dijo Poblete.

Otra ruta que pudieran tomar los reclamantes es invocar una política estadounidense que permite la suspensión de la inmunidad soberana de que disfrutan los gobiernos extranjeros en casos en esos gobiernos hacen algo que afecte los intereses comerciales estadounidenses. Esto permitiría a los norteamericanos a presentar demandas contra países en tribunales civiles.

“Confiscar una empresa propiedad de alguien en Estados Unidos cae bajo esto”, dijo Charles Camp, abogado de Washington DC especializado en disputas comerciales internacionales. “Lo difícil sería cobrar.

Si Cuba fuera declarada culpable y no pagara, los reclamantes pudieran tratar de confiscar cualquier cosa de valor del gobierno de la isla que llegue a Estados Unidos, como transferencias de dinero, o productos como habanos y ron.

Esto significa que incluso si se levanta el embargo, estos productos quizás no lleguen a las tiendas en Estados Unidos hasta que la situación se solucione.

Pero nadie espera que las familias Hedges y Lanky lo sientan por los consumidores estadounidenses.

“Mi familia creó algo”, dijo Burke Francisco Hedges. “Castro se lo robó. Queremos que nos lo devuelvan”.

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de julio de 2016, 4:33 p. m. with the headline "Familias de Tampa piden indemnización por confiscaciones en Cuba."