Corte IDH escucha testimonios de horror sobre la cárcel venezolana El Helicoide
Durante más de 40 días, dijeron los exfuncionarios policiales venezolanos, dos de sus compañeros simplemente desaparecieron dentro de El Helicoide.
Ningún abogado podía encontrarlos. Ningún familiar sabía dónde estaban. Los guardias se negaban a responder preguntas.
Luego, una tarde, después de semanas sin ver la luz del sol, algunos de los detenidos fueron conducidos por un pasillo dentro de la extensa sede de la policía de inteligencia de Venezuela.
Lo que vieron allí, testificaron la semana pasada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía los persigue años después.
Acurrucado en posición fetal junto a una baranda estaba uno de los oficiales desaparecidos, César Mijares. Tenía la cabeza y los brazos envueltos en papel periódico y cinta adhesiva. Estaba esposado, apenas consciente y suplicando ayuda.
“Me están matando”, recordó haber escuchado gritar a Mijares el exfuncionario de PoliChacao Ángel Alfonso Sánchez Blanco. Chacao es uno de los principales municipios de Caracas.
Tortura sistemática
El testimonio, presentado durante una audiencia histórica ante el principal tribunal de derechos humanos del hemisferio, ofreció uno de los relatos públicos más detallados hasta ahora sobre lo que exdetenidos describen como torturas sistemáticas, desapariciones forzadas y persecución política dentro de El Helicoide, el notorio centro de detención en Caracas operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
En conjunto, los testimonios trazan un panorama más amplio de cómo el sistema judicial venezolano, según exdetenidos y sus abogados, evolucionó hasta convertirse en un instrumento central de represión política bajo el régimen socialista de Caracas: uno utilizado para criminalizar la disidencia, intimidar a los opositores y reforzar el control del gobierno sobre la sociedad.
Los exfuncionarios describieron tribunales que emitían órdenes de liberación ignoradas impunemente por agentes de inteligencia, fiscales que impulsaban casos sin pruebas y organismos de seguridad que utilizaban detenciones prolongadas, tortura y acusaciones públicas para imponer obediencia política.
Las audiencias también subrayaron cómo muchos de los funcionarios acusados de supervisar esos abusos siguen ocupando posiciones de poder hoy en día, incluso después de que el hombre fuerte Nicolás Maduro fuera capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses durante una operación en enero que desencadenó una dramática transición política en Venezuela.
Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia al frente de un gobierno interino respaldado por Washington como parte de lo que funcionarios estadounidenses describen como un proceso de transición gradual destinado a estabilizar el país, reabrir instituciones y encaminar a Venezuela hacia elecciones.
Pero para muchos de los exdetenidos, la nueva realidad política ha hecho poco para disipar los temores, ya que el aparato de seguridad responsable de años de represión permanece prácticamente intacto.
Cuando se le preguntó durante las audiencias quién consideraba el principal responsable de lo que le ocurrió, Sánchez Blanco señaló a Gustavo Enrique González López, la poderosa figura de inteligencia militar que simultáneamente se desempeñó como ministro del Interior y jefe del SEBIN durante la detención de los oficiales.
Según Sánchez Blanco, González López supervisó la maquinaria que permitió las detenciones arbitrarias, las torturas y el desacato a órdenes judiciales de liberación.
El tema ha cobrado renovada atención porque González López fue nombrado recientemente ministro de Defensa por Rodríguez, una decisión que, según críticos, demuestra cuán profundamente arraigadas siguen estando dentro de la estructura de poder venezolana las figuras vinculadas a violaciones de derechos humanos del pasado.
Rodríguez ha intentado públicamente distanciar a su gobierno interino de algunos de los símbolos más notorios de la represión asociados a la era Maduro.
A comienzos de este año, anunció que El Helicoide sería cerrado permanentemente y convertido en un sitio memorial dedicado a las víctimas de persecución política. Pero los testigos que comparecieron ante la corte dijeron que el cierre ha hecho poco para detener los abusos, argumentando que las operaciones de tortura y las detenciones arbitrarias simplemente fueron trasladadas a otras instalaciones militares y de inteligencia en todo el país.
Tortura prolongada
Varios exfuncionarios testificaron que las violaciones de derechos humanos continúan siendo generalizadas en Venezuela pese a la transición política, con detenidos aún incomunicados, torturados y privados del debido proceso en centros como Fuerte Guaicaipuro y Rodeo I.
Durante varios días, antiguos agentes de la Policía Municipal de Chacao describieron golpizas con bates de béisbol, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, hambre y meses de encarcelamiento pese a órdenes judiciales de liberación que, según ellos, funcionarios de inteligencia se negaban abiertamente a obedecer.
En entrevistas con el Miami Herald, abogados que representan a las víctimas dijeron que el proceso marcó un momento sin precedentes en la historia del tribunal regional porque fue la primera vez que la corte escuchó directamente denuncias relacionadas con presos políticos torturados dentro de El Helicoide.
“Esta es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce un caso relacionado con presos políticos y torturas en El Helicoide, en Venezuela”, dijo Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela.
La corte es una institución judicial autónoma con sede en San José, Costa Rica, establecida en 1979 para promover y proteger los derechos humanos en América Latina.
El caso, conocido como PoliChacao vs. Venezuela, se centra en la detención de 14 funcionarios arrestados tras el asesinato en 2016 del periodista oficialista Ricardo Durán.
Según el testimonio presentado ante la corte, los funcionarios se entregaron voluntariamente después de que altos funcionarios venezolanos acusaran públicamente a miembros de la Policía de Chacao —controlada por la oposición— de participar en el homicidio.
Pero varios testigos declararon que las autoridades nunca presentaron pruebas creíbles que los vincularan con el crimen.
En cambio, los exfuncionarios aseguran que se convirtieron en objetivos de una campaña política más amplia destinada a desmantelar uno de los cuerpos policiales más alineados con la oposición en Caracas durante un período de intensificación de las protestas antigubernamentales.
Sin protección legal
El exfuncionario Fred Armando Mavares Zambrano testificó que entre 18 y 21 agentes se presentaron en la sede de la policía de investigaciones criminales de Venezuela después de que el entonces ministro del Interior, Gustavo González López, anunciara en una rueda de prensa televisada que 14 funcionarios de PoliChacao serían acusados.
Según Mavares, los investigadores seleccionaron arbitrariamente cuáles oficiales permanecerían detenidos.
“Ni siquiera sabíamos quiénes se suponía que eran los 14 funcionarios”, testificó.
Los detenidos dijeron que pasaron sus primeros días durmiendo en el piso de un estrecho pasillo sin acceso a baños ni agua antes de ser trasladados a El Helicoide.
Lo que siguió, afirmaron, fue un descenso hacia un sistema donde las protecciones legales dejaron efectivamente de existir.
Sánchez Blanco describió haber sido llevado a una sala de interrogatorios que contenía cubetas con agua, bates de béisbol, dispositivos eléctricos, cinta adhesiva e insecticida en aerosol. Supuestamente, los funcionarios le exigieron grabar un video incriminando a otros policías y al entonces alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, un dirigente opositor que posteriormente huyó de Venezuela.
Cuando se negó, dijo Sánchez Blanco, los oficiales lo inmovilizaron con cinta adhesiva y papel periódico antes de golpearlo y asfixiarlo con bolsas plásticas mientras le rociaban insecticida y le aplicaban descargas eléctricas.
“Me dijeron que iba a pagar por ese muerto [el periodista oficialista] si no grababa el video”, testificó Sánchez Blanco.
Varios testigos dijeron que los abusos iban más allá de la tortura física.
Dentro de El Helicoide, los detenidos describieron vivir bajo luces fluorescentes blancas que nunca se apagaban, aislados de la luz solar e inciertos de si serían los siguientes en desaparecer.
Venus Soleil Medina Ferrer, una de las funcionarias detenidas en el caso, testificó que las mujeres eran mantenidas en condiciones extremas de hacinamiento, con comida descompuesta, escasez de agua y casi sin atención médica.
En un momento, dijo, 32 mujeres compartían celdas con apenas dos baños.
Los gritos provenientes de las salas de interrogatorio en los pisos superiores se convirtieron en parte de la vida diaria.
“Perdimos nuestra dignidad dentro de ese lugar”, testificó Medina Ferrer.
Las audiencias señalaron repetidamente a funcionarios venezolanos de alto rango como responsables políticos de la campaña de persecución, incluidos Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez —hermano de Delcy Rodríguez— y González López.
Los testigos también describieron cómo los tribunales venezolanos se volvieron impotentes una vez que los funcionarios de inteligencia decidían que los detenidos seguirían encarcelados.
Según los testimonios, los fiscales finalmente solicitaron la liberación de los oficiales al no encontrar pruebas suficientes.
Centro de represión política
Aunque los jueces emitieron órdenes de liberación, el SEBIN las ignoró de todos modos, dijeron los testigos.
Algunos detenidos permanecieron encarcelados durante más de un año después de que los tribunales ordenaran su libertad.
Los exfuncionarios respondieron con huelgas de hambre. Algunos se cosieron los labios.
Otros, como Mavares, eventualmente escaparon.
Ahora dispersos entre España, Alemania y otros países, los exfuncionarios dijeron ante la corte que perdieron carreras, hogares, matrimonios y años junto a sus hijos.
Uno de los oficiales que posteriormente regresó a Venezuela fue detenido nuevamente y actualmente permanece encarcelado en condiciones deterioradas, según Dávila.
Organizaciones de derechos humanos han acusado durante años a El Helicoide de funcionar como uno de los principales centros de represión política de Venezuela.
Pero las audiencias también marcaron algo distinto: sobrevivientes reconstruyendo públicamente, con extraordinario detalle, lo que aseguran ocurrió dentro de uno de los centros de detención más temidos de América Latina.
El caso ya fue revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Organización de Estados Americanos, la cual concluyó que el gobierno venezolano tiene responsabilidad internacional por las violaciones.
Las víctimas solicitan que la corte ordene reparaciones integrales, tratamiento médico y psicológico, garantías de no repetición y el cierre permanente de El Helicoide.
