Cae red del sur de Florida que obtuvo $34 millones en ayudas del gobierno durante la pandemia
En el punto más crítico de la pandemia, un grupo de residentes del sur de la Florida aprovechó las ayudas federales de emergencia y solicitó más de $34 millones en préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) para afrontar la crisis de salud pública.
Ahora, seis miembros de ese grupo han sido acusados formalmente de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero, luego de que la SBA aprobara más de 90 préstamos comerciales a través de distintos bancos entre 2020 y 2021, informaron fiscales federales el jueves.
Un gran jurado federal presentó cargos contra Elaine A. Escoe, de 40 años; Alfred L. Davis, de 51; Gino J. Jourdan, de 37; Cher L. Davis, de 53; Latoya T. Clark, de 39; y James G. McGhow, de 69, por presuntamente idear un plan para obtener fondos federales de ayuda por COVID-19 para sus negocios en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
Según la acusación, las solicitudes de préstamo incluían números de empleados, gastos de nómina e ingresos empresariales falsificados, junto con documentos tributarios y extractos bancarios fabricados.
Como resultado, la SBA autorizó desembolsos por unos $29 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), además de millones adicionales en otras ayudas federales, que los acusados supuestamente usaron para gastos personales, según explicó el fiscal federal Jonathan Bailyn. De ser declarados culpables, podrían enfrentar varios años de prisión.
Desde el inicio de la pandemia, más de 3,200 personas han sido acusadas de fraude en todo el país —incluyendo a más de 250 en el sur de la Florida, la región más golpeada por este tipo de crímenes— por robar más de $1,700 millones de los programas de préstamos aprobados por el gobierno, según el Departamento de Justicia. El Congreso destinó cerca de $800,000 millones en préstamos de emergencia para ayudar a las empresas a cubrir la nómina y otros gastos esenciales.
Uno de los primeros casos de fraude en la región fue el de Andre Lorquet, cuya investigación condujo a los fiscales federales hasta el grupo de seis personas que ahora enfrentan cargos.
Antes de la pandemia, Lorquet había fundado una empresa llamada Miami ENT, y tras la declaración de emergencia nacional en marzo de 2020, obtuvo $4.4 millones en préstamos PPP y otras ayudas federales, que usó para comprar dos autos Tesla, un Lamborghini Urus y un Porsche Panamera GTS, según la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Durante su audiencia de sentencia el año pasado, el fiscal Bailyn describió a Lorquet como un criminal codicioso que se aprovechó de su país en uno de sus momentos más vulnerables. Lorquet fue condenado a seis años de prisión.
“Estábamos en medio de una pandemia y una crisis nacional”, dijo Bailyn. “Muchos vieron esto como una oportunidad para ayudar; este acusado lo vio como una oportunidad para explotar y lucrarse”.
