El oro ilegal que pasa por Miami es una ‘amenaza directa’ a la seguridad nacional, dice Rubio

En la audiencia de una subcomisión del Senado el jueves, el senador Marco Rubio dijo que la minería ilegal de oro en América Latina es una “amenaza directa” a la seguridad nacional de Estados Unidos que se ha vuelto “mucho más lucrativa que el narcotráfico”, y que miles de millones de dólares en oro sucio entran a los mercados del consumidor estadounidense a través de Miami.

“Si no controlamos este problema tendremos un enorme costo humano”, dijo Rubio, citando la gran cantidad de males que genera la minería ilegal, como el tráfico de personas, la corrupción, enfermedades, envenenamiento con mercurio, el tráfico de drogas, la deforestación de la cuenca del Amazonas y el enriquecimiento de poderosos grupos delictivos y de gobiernos como el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero los consumidores en Estados Unidos compran productos de oro, o que contienen oro sin saber quién sale perdiendo. El metal se usa no solamente en la industria de las joyas, sino también en la fabricación de dispositivos electrónicos. Rubio dijo que 58% de las importaciones de oro en Estados Unidos es de América Latina. Miami, el puerto de entrada estadounidense más cercano a la región, lidera desde hace mucho la entrada del oro.

“Desafortunadamente, mi comunidad se ha convertido en un importante punto de entrada para esta actividad”, afirmó Rubio. “[Ese oro] se refina, se usa para hacer joyas, para componentes de los dispositivos electrónicos que compramos, y buena parte de ese metal no se sabe de dónde salió”.

Para alimentar la demanda de oro, mineros pobres de toda la cuenca del Amazonas talan zonas protegidas de bosques y usan mercurio, un metal muy tóxico, para separar el metal de la roca. Estos mineros ilegales viven en campamentos peligrosos, donde impera la malaria, las enfermedades de transmisión sexual y otros males. Las mujeres y niños se ven forzados a participar en el comercio sexual a beneficio de los mineros.

Una serie de reportajes del Herald en 2018, titulada Oro sucio, dinero limpio, destacó la crisis. La serie, que fue finalista del Premio Pulitzer, mostró cómo el oro se ha convertido en el ingrediente secreto de los narcotraficantes, grupos armados y otros delincuentes latinoamericanos, que financian la minería ilegal para lavar dinero.

La serie del Herald se centró en un caso de lavado de dinero de $3,600 millones presentado por fiscales federales contra corredores de metales preciosos de Miami que trabajaban para una compañía de oro de Dallas que vendió oro a casi 70 grandes empresas, entre ellas Apple, General Motors y IBM. Los fiscales también encausaron a corredores peruanos de oro que alegaron tenían vínculos con el narcotráfico, entre ellos un destacado empresario limeño conocido como Peter Ferrari.

Después de la publicación de la serie, Rubio exhortó a la administración del presidente Donald Trump a investigar el lavado de dinero en el comercio de oro.

En la audiencia, Rubio dijo que quería “reconocer los reportajes investigativos del Miami Herald, que arrojaron luz sobre el tema, y en particular sobre cómo el oro sucio se negocia en el sur de la Florida”.

El senador federal floridano preside la Subcomisión sobre las Américas de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Rubio dijo que espera que un proyecto de ley que él patrocinó con los senadores demócratas Ron Wyden, de Oregon, y Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, puede dificultar las operaciones con oro ilegal. La iniciativa exige que las compañías pantalla y de responsabilidad limitada, que muchas veces usan los delincuentes para ocultar sus activos, tienen que identificar a sus dueños verdaderos al Departamento del Tesoro federal.

Una versión del proyecto de ley fue aprobada en la Cámara en octubre.

En la audiencia del jueves declararon cinco funcionarios del Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional, la Policía de Inmigración y Aduanas y el FBI. Cada uno habló de los destructivos efectos de largo alcance de la minería ilegal de oro, especialmente en naciones como Perú, Colombia y Venezuela. Sus testimonios también abordaron la extensa participación de compañías estadounidenses en esa industria.

“Las organizaciones delictivas transnacionales muchas veces usan empresas estadounidenses para aprovecharse de las normas y exportar ilegalmente oro extraído ilegalmente a Estados Unidos y lavar miles de millones de dólares de operaciones delictivas en América Latina”, dijo Regina Thompson, subdirectora adjunta del FBI.

Thompson dijo que la minería ilegal ha tenido un gran auge durante los últimos 10 años, en momentos que los grupos delictivos reconocieron los beneficios de invertir en el lucrativo sector del oro. La funcionaria citó la participación del Cartel de Sinaloa, así como dos grupos armados colombianos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ambas designadas grupos terroristas por Estados Unidos.

A diferencia de la cocaína, los delincuentes que se dedican al comercio del oro ilegal pueden presentar el metal como legítimo mediante el soborno de funcionarios para generar títulos falsos de minas y documentos de aduanas. Todo esto hace que sea “virtualmente imposible” seguir la pista al metal, dijo Patrick J. Lechleitner, subdirector del ICE para Operaciones Internacionales e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Expertos dicen ahora que el oro ilegal genera más ganancias que la cocaína para los grupos delictivos. Los narcos usan el dinero de la droga para comprar y vender oro, lo que los hace parecer empresarios legítimos. En Colombia, la cantidad de dinero generada por la minería ilegal se calcula en $2,400 millones, según cifras presentadas en la audiencia. Otros metales preciosos, como el coltán, que se usa en dispositivos electrónicos, también son explotados por grupos delictivos.

Los efectos negativos de la minería ilegal van mucho más allá de los delitos transnacionales. En tierra, los mineros de subsistencia invaden parques nacionales en la cuenca del Amazonas, destruyen los bosques a un nivel sin precedentes y envenenan ríos y arroyos con el uso del mercurio.

En la mayor región minera de Perú, “con siete veces el área de la ciudad de Miami”, el área ya está deforestada, dijo Richard Glenn, subsecretario adjunto de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos Policiales del Departamento de Estado.

El oro también es valioso para países aislados de los mercados internacionales por motivo de sanciones.

Hace unos meses, el Nuevo Herald reportó que un consorcio liderado por el gobernante venezolano Nicolás Maduro está saqueando la industria minera del país. Fuentes dicen que la operación genera más de $1,500 millones para Maduro y su círculo íntimo. Los fondos son cruciales para el régimen de Maduro, que necesita mantener la lealtad de los militares, y ya no puede depender de la abrumada industria petrolera. En alianza con un grupo internacional de periodistas, el Herald documentó cómo parte de ese oro ilegal venezolano se envió a Miami a través de Colombia, Aruba y Curazao. Recientemente, dos venezolanos se declararon culpables tras ser arrestados en el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale con $5 millones en oro ilegal oculto en la nariz de un avión privado.

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos de las Américas del Departamento de Estado, dijo que 90% de las personas que trabajan en una de las regiones mineras de Venezuela tienen en el cuerpo niveles excesivos de mercurio. Filipetti agregó que la salud de las mujeres y niños de la zona también sufre y que la incidencia del sida y el VIH se ha disparado.

Con la intervención de Maduro en el comercio del oro, dijo Filipetti, la violencia entre los mineros y los militares ha aumentado, lo que ha llevado a “incontables fosas colectivas con un número desconocido de víctimas”.

Grupos sin fines de lucro han hecho esfuerzos por establecer prácticas de minería sustentable en América Latina, reforestar zonas dañadas y aumentar la conciencia en Estados Unidos sobre el llamado oro de sangre. Y Perú recientemente cerró su mayor mina ilegal, un área devastada de 40 millas cuadradas en medio de la selva amazónica. Conocida como el “Plan Mercurio”, la operación gubernamental ha llevado a una seria desaceleración económica en la provincia Madre de Dios, que depende de la minería, así como un aumento en la delincuencia, lo que ilustra la dificultad que enfrentan los líderes políticos para restringir el comercio ilegal de oro.

Rubio dijo el jueves en la audiencia que es importante que agencias estadounidenses que participan oficialmente en el combate a la minería ilegal que indiquen qué están haciendo para combatir el problema y cuáles son los retos que quedan.

“Tenemos que hacer lo posible de nuestra parte para dificultar que ese oro llegue aquí; que el sur de la Florida sea un punto de entrada de tanto de ese oro es una gran preocupación para mí”, dijo Rubio en una entrevista después de la audiencia.

Aunque Rubio se centró en cómo las agencias policiales y la diplomacia pueden combatir la minera ilegal, el senador Ben Cardin, demócrata por Maryland y el miembro de más rango de su partido en la subcomisión, llamó la atención sobre la complicidad de las compañías norteamericanas que usan oro.

Cardin dijo que esas compañías deben ser sometidas a un mayor escrutinio y transparencia en su cadena de suministro, e incluso sugirió que el Congreso pudiera aprobar una prohibición a la importación de oro, algo que reconoció pudiera infringir acuerdos comerciales y afectar la economía.

“Si no podemos solucionar esto así, buscaremos otras formas”, dijo Cardin. “Francamente, no creo que contamos con la colaboración de entidades comerciales en este país. No creo que compartan suficiente preocupación sobre este asunto, se preocupan más en la rentabilidad que en lo que están contribuyendo a suceder.

“Hemos identificado un problema”, agregó. “No sé si hemos identificado una respuesta”.