Caos por el coronavirus en Puerto Rico capta la atención en Washington
El caos, los cambios en el gabinete y contratos cuestionables que han plagado la respuesta al coronavirus en Puerto Rico han llamado la atención en Washington.
El lunes, el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, envió a la gobernadora Wanda Vázquez una carta de cinco páginas y una larga lista de preguntas.
Entre las respuestas que la poderosa comisión solicita es conocer por qué la secretaria de Salud Concepción Quiñones de Longo, y la jefe de Epidemiología de la isla, Carmen Deseda, renunciaron el mes pasado. Además, la comisión quiere información sobre contratos por valor de $40 millones para comprar kits de pruebas del coronavirus.
Pero las preocupaciones de la comisión van mucho más allá de la crisis de salud actual. En la carta, Grassley pide a Vázquez entregar investigaciones sobre “posibles malversaciones por parte del gobierno“ durante los últimos cuatro años. Entre los informes que la comisión busca están las investigaciones sobre contratos otorgados después del huracán María en 2017, la adquisición por parte del gobernador anterior de un SUV valorado en $245,000, la supuesta politización del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y una demanda sobre la falta de información pública sobre los fallecimientos después de huracanes recientes.
“Desafortunadamente, ha habido revelaciones preocupantes sobre la estabilidad del liderazgo del sistema de salud de Puerto Rico, así como una falta clara de rendición de cuentas sobre los contratos y compras del gobierno”, dijo Grassley, citando artículos en el Miami Herald y otros medios de prensa. “Estas revelaciones son las más recientes entre numerosas pruebas que demuestran fallas similares en los esfuerzos de reconstrucción del gobierno de Puerto Rico tras la mayor mora en el pago de la deuda municipal en la historia de Estados Unidos y varios desastres naturales devastadores”.
La carta llega en momentos que Puerto Rico, un territorio estadounidense de 3.2 millones de habitantes, enfrenta fallas en su respuesta al coronavirus. A pesar de ganarse aplausos por cerrar los negocios no esenciales e imponer un toque de queda el 16 de marzo, la isla ha batallado para aumentar la cantidad de pruebas que administra e implementar un programa viable de seguimiento de contactos.
Hasta el lunes, la isla había reportado 1,252 casos y 62 muertes por el coronavirus. Pero esa información no es fiable. La semana pasada, el nuevo secretario de Salud, Lorenzo González, reconoció que algunos pacientes se han contado dos y tres veces en las estadísticas. Su despacho ha dijo que pronto planea generar estadísticas fiables.
Incluso así, la isla a sometido a pruebas a menos de 12,000 personas, lo que significa el menor índice per cápita de pruebas en cualquier estado del país. Durante las últimas noches, en la capital, San Juan, se han escuchado numerosos toques de cazuelas en momentos que la población exige más pruebas.
González tomó la dirección del Departamento de Salud el mes pasado después que Quiñones de Longo renunció tras ocupar el cargo menos de dos semanas. Cuando renunció, dijo que estaba preocupada por la forma en que se otorgaron algunos contratos, en particular uno de $38 millones para comprar kits de pruebas rápidas a una pequeña firma de construcción llamada Apex.
La Legislatura de Puerto Rico está realizado su propia investigación sobre cómo la compañía ganó el contrato para entregar los kits, incluso mientras la compra fue cancelada debido a demoras en las entregas y porque las pruebas no tienen la aprobación de la DA.
González también ha descubierto otros problemas, como millones de dólares en medicinas que vencieron almacenadas en instalaciones del estado.