Asilo por violencia doméstica ayuda menos de lo esperado
Después de todo, Araceli Bonilla tuvo suerte.
Si un juez federal de inmigración hubiera escuchado su caso unos meses antes, la historia de esta madre hondureña de 37 años, a quien le propinaron repetidas golpizas que la dejaron en el hospital, así como amenazas de muerte y trauma psicológico, el tribunal probablemente no hubiera podido ayudarla.
La mujer todavía tiene cicatrices en un brazo, que su pareja le quemó con un hierro; debajo de las cejas, donde se lesionó con un anillo, y en un dedo, que casi pierde por una cortadura con un cuchillo de cocina.
Pero un fallo histórico del principal tribunal federal de inmigración del país el año pasado ofreció a algunas víctimas de la violencia doméstica, como Bonilla, un camino para quedarse en Estados Unidos legalmente.
“Siento como si me hubiera ganado la lotería”, dijo Bonilla. En noviembre del 2014 el tribunal la autorizó a quedarse.
Muchos expertos en asilo consideraron el fallo de agosto del 2014 algo histórico, conocido como A-R-C-G por iniciales de la mujer que presentó la demanda, un salto importantísimo para los que huyen del feminicidio, la violencia de género rampante que prevalece en buena parte de América Latina. Pero un año después del fallo, los solicitantes enfrentan disparidades amplias en los tribunales.
Un estudio de fallos judiciales recientes en casos de asilo por violencia doméstica ha hecho que los defensores de las víctimas digan que los resultados dependen del lugar donde está ubicado el tribunal en cuestión y si el solicitante tiene abogado.
Aproximadamente dos de cada cinco decisiones conocidas de violencia doméstica han sido rechazados desde el caso, según información preliminar compilada por el Centro para Estudios de Género y Refugiados, adscrito a la Facultad Hastings de Leyes de la Universidad de California.
El gobierno federal no reporta las decisiones de los jueces de inmigración en casos de violencia doméstica, lo que dificulta seguir los casos en todo el país. El Centro de Estudios de Género y Refugiados almacena el mayor número de casos de asilo por violencia de género.
El Centro ha recogido casi 90 decisiones sobre violencia doméstica desde el caso A-R-C-G. Aunque la cifra no es muy grande, han comenzado a identificarse patrones que muestran el significado y las limitaciones de la decisión, según un informe del centro sobre el tema, que publicará este mes la organización Southwestern Journal of International Law, un centro de estudios de derecho comparado e internacional.
De los más de 1,600 casos de asilo por violencia doméstica en que los abogados han solicitado la asistencia del Centro, ha habido 89 decisiones. Aunque a 43 les otorgaron asilo o alguna forma de ayuda, los tribunales rechazaron 35 y el resto fueron enviados de regreso a la corte.
“No quiero restarle importancia a esto, pero [las consecuencias del fallo) no han sido significativas”, dijo Blaine Bookey, codirector jurídico del Centro y autor del reporte. “A-R-C-G fue un avance muy positivo al reconocer la violencia doméstica como base para el asilo. Pero esa decisión no ha solucionado todos los casos”.
Consecuencias importantes
La interpretación jurídica tiene importantes consecuencias en materia de políticas. Si estas mujeres —muchas madres viajan con niños pequeños— que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica cumplen los requisitos para ser declaradas refugiadas, pudieran tener derecho a una protección especial. Pero miles siguen internadas en controvertidos centros de detención para familias que el gobierno del presidente Barack Obama reactivó el año pasado para desalentar la llegada de más inmigrantes.
En el centro de detención familiar de Dilley, Texas, aproximadamente la mitad de las 500 madres internadas alegan que son víctimas de violencia doméstica, dijo Brian Hoffman, abogado de inmigración de Ohio que lidera un esfuerzo para ayudarlas, llamado CARA Family Detention Pro Bono Project.
La mayoría de las detenidas son de Guatemala, Honduras y El Salvador, que llegaron el año pasado como parte de una ola de más de 100,000 familias migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica.
Funcionarios federales de inmigración no respondieron a preguntas específicas sobre las implicaciones del fallo A-R-C-G, pero dijeron que esas solicitudes se deciden caso por caso en dependencia de los hechos particulares y las leyes y normas aplicables.
Pero el reto del gobierno norteamericano al determinar quién es un refugiado genuino y quién trata sencillamente de quedarse en el país se complica más a medida que la situación de las mujeres centroamericanas empeora.
La región batalla desde hace mucho tiempo con la violencia de género en calidad de delito que no es castigado por las autoridades. Según un informe del 2014 de la organización Small Arms Survey, un grupo independiente de investigación con sede en Ginebra, Suiza, más de la mitad de los 25 países con el índice de feminicidio más elevado están en América Latina. El Salvador tiene el más alto, Guatemala ocupa el tercer lugar y Honduras el séptimo.
El alto comisionado de la ONU para los Refugiados advirtió en octubre que las mujeres centroamericanas seguirán huyendo de sus países debido a la violencia de género, incluida la violencia doméstica.
El informe “Women on the Run” [Mujeres que huyen], documenta los casos de miles de mujeres del llamado Triángulo Norte que huyen de una ola de violencia de género alimentada por pandillas transnacionales.
A algunos grupos les preocupa que la decisión del tribunal haya debilitado el programa de asilo creado para proteger a las que enfrentan persecución.
Y aunque la violencia doméstica ciertamente debe condenarse, la decisión de los tribunales de inmigración no es la mejor forma de abordar el asunto a nivel mundial, dijo Jessica Vaughan, directora de Estudios de Política en el Centro de Estudios de Inmigración, un instituto de investigaciones de Washington que apoya un mayor control sobre la inmigración.
“A largo plazo, tiene el potencial de diluir el significado del asilo”, dijo Vaughan. “Cualquiera que huya de una situación incómoda, desagradable o difícil pudiera cumplir entonces los requisitos del asilo”.
El fallo del caso A-R-C-G, tomado hace poco más de un año por el principal tribunal de inmigración del país, debía poner fin a casi dos decenios de batallas judiciales sobre si las mujeres víctimas de abuso son un grupo sujeto a persecución y por lo tanto tienen derecho al asilo a tenor con las leyes de inmigración estadounidenses. La Junta de Apelaciones de Inmigración en Falls Church, Virginia, falló que una madre guatemalteca de 41 años quien fue golpeada y violada repetidas veces por su esposo debía recibir asilo por razones de violencia doméstica.
En el caso de Lilian Oliva Bardales, quien tenía abogado, fue deportada a Honduras anteriormente este año tras pasar ocho meses en un centro de detención de Texas con su hijo de 4 años.
Al igual que Bonilla, Oliva huyó de Honduras porque una antigua pareja la amenazaba con un arma, la violó y le dijo que le iba a quitar su hijo.
El juez que escuchó el caso opinó que no tenía derecho al asilo porque no estaba casada con su pareja, según uno de los abogados.
Desesperada y con miedo, la mujer de 19 años se cortó las muñecas en el centro de detención. Seis días después, la deportaron a ella y a su hijo. Los dos se quedaron con familiares que viven en Tegucigalpa, a varias horas de camino de la localidad montañosa donde vivía antes. No le dijo a nadie que había regresado, ni siquiera a su padres. Le preocupaba que el padre de su hijo se enterara que había regresado.
Este otoño, Oliva huyó nuevamente, esta vez a Europa.
“Tenía que marcharme, no podía seguir ocultándome”, dijo en una entrevista desde Europa.
Su nuevo abogado, Bryan Johnson, ha logrado desde entonces que su caso se vuelva a abrir en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones indicó que Oliva pudiera cumplir las condiciones de protección por razones de violencia doméstica.
Para Hoffman, el fallo A-R-C-G quizás no sea perfecto, pero ha allanado a cierto punto el camino para las víctimas de la violencia doméstica.
Un ciclo de violencia
Bonilla conoció a su futura pareja durante su primer viaje a Estados Unidos. El hombre había emigrado de El Salvador. Ambos trabajaban en un restaurante en las afueras de Washington, D.C. Él como cocinero, ella de camarera.
A Bonilla le gustó la atención que el hombre le daba. Era dulce, era un buen trabajador y le prometió ayudarla a ella y sus hijos.
Al principio, la vida parecía marchar sobre ruedas, y la pareja tuvo dos hijos más. Pero él tenía un carácter explosivo y no podía controlarse. No le gustaba cuando ella se le enfrentaba. Una vez le pegó y la dejó inconsciente, tras golpearla en la cabeza con su teléfono celular cuando ella le pidió que no llegara borracho a la casa.
Al día siguiente, el hombre le prometió que no le volvería a hacer daño.
“Pero era mentira”, dijo.
Cuando se enfermó su madre, Bonilla fue a Honduras para ayudar. El hombre se unió con ella allí. Pero se volvió más paranoico. En ocasiones, la encerraba junto a los niños para que no pudiera salir. En 2012, tomó una parrilla de la estufa hirviente donde ella estaba cocinado tortillas y se la pegó a un brazo. Ella llamó a la policía hondureña.
“No les importó para nada”, dijo. “Me dijeron que era el padre de mis hijos”.
Los resultados varían
El aumento de menores sin acompañantes y de familias de América Central que comenzó el año pasado ha incrementado la acumulación de documentos de casi medio millón de casos en las cortes de inmigración. Para recibir asilo en EE.UU., los solicitantes deben demostrar que tienen un temor bien fundamentado de que son perseguidos debido a “raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un determinado grupo social o tener una opinión política”.
Qué solicitante tiene más posibilidades de quedarse en el país a menudo depende de los antecedentes del juez, en qué parte del país se ventila el caso y si la persona tiene abogado, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.
Los jueces de la corte de inmigración de Miami por el Centro de Detención de Krome rechazaron más del 92 por ciento de las solicitudes de asilo hechas entre el 2009 y el 2014, en tanto la mitad de los jueces de la corte de inmigración de Nueva York aprobaron el 80% de las solicitudes de asilo, según TRAC.
Pero si una solicitante no tiene un abogado, tiene pocas posibilidades de obtener éxito, según los datos. Sólo al 1.5 por ciento de las mujeres que viajaron con niños y que no tenían abogado se les permitido quedarse en suelo norteamericano, de acuerdo con TRAC. Las mujeres que tienen abogado se les ha permitido permanecer en el país más del 26 por ciento de las veces.
Esta historia fue publicada originalmente el 1 de enero de 2016, 2:06 p. m. with the headline "Asilo por violencia doméstica ayuda menos de lo esperado."