Ex fiscales federales exponen posibles delitos en la saga de Hope Florida

Un legislador republicano conmocionó al mundo político de Florida al acusar a representantes de la administración del gobernador Ron DeSantis de cometer delitos federales al desviar $10 millones de un acuerdo del Medicaid a actividades políticas el año pasado.

Nadie ha sido acusada, y funcionarios de la administración DeSantis han negado haber actuado mal. Sin embargo, cuatro ex fiscales federales declararon al Herald/Times que el representante Alex Andrade podría tener una sólida base legal.

Al menos ocho cargos federales, desde robo de fondos gubernamentales hasta lavado de dinero, podrían investigados relacionados con el dinero que pasó por la Fundación Hope Florida, dijeron.

Esos estatutos podrían conllevar penas de décadas de prisión. Los ex fiscales afirmaron que cualquiera que malversara fondos del Medicaid podría verse envuelto en una trampa.

Si el gobierno federal investigará o no es otra cuestión.

Los ex fiscales federales, que trabajaron 86 años en conjunto para el Departamento de Justicia, provienen de ambos partidos políticos y analizaron la saga para el Herald/Times. Entre ellos están un ex agente del FBI que se convirtió en fiscal federal adjunto, un ex líder de la sección de fraude del departamento, un ex jefe de narcóticos del Departamento de Justicia que ayudó a redactar las leyes gubernamentales contra el lavado de dinero, y un ex subdirector de la sección de decomiso de bienes y lavado de dinero del departamento.

Los cuatro dijeron que, basándose en la información que ha surgido hasta ahora sobre los $10 millones, hay pruebas suficientes para que el Departamento de Justicia inicie una investigación.

“Una vez que hay fondos del Medicaid, francamente, esos fondos pertenecen al estado y no a las organizaciones benéficas ni a los comités de acción política”, dijo Charles Blau, quien, como fiscal federal, se dirigió a un grupo de trabajo contra el lavado de dinero en Miami. “Por lo tanto, creo que estarían listos para una investigación por lavado de dinero”.

La pregunta central es si los $10 millones fueron dinero del Medicaid.

El año pasado, el estado llegó a un acuerdo discreto con Centene, el gigante de Medicaid, por $67 millones por sobrefacturación de medicamentos recetados en el programa estatal de salud para floridanos de bajos ingresos. Como parte de ese acuerdo, la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHA) recibió $57 millones y ordenó a Centene que enviara los $10 millones restantes a la Fundación Hope Florida, una organización benéfica estatal que apoya una iniciativa liderada por Casey DeSantis para que los floridanos dejen de recibir ayuda gubernamental.

La organización benéfica envió $5 millones cada una a dos organizaciones sin fines de lucro. Posteriormente, las organizaciones contribuyeron con al menos $8.5 millones a un comité político dirigido por el entonces jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier, quien se opuso a la iniciativa electoral del año pasado para legalizar la marihuana recreativa. Posteriormente, el comité de Uthmeier envió $10,5 millones al Partido Republicano de Florida y $1,1 millones al comité político de DeSantis.

DeSantis, Uthmeier y otros funcionarios estatales han declarado que los $10 millones no provenían del Medicaid, sino de una donación benéfica aparte de la compañía. Uthmeier es ahora procurador general de Florida.

El portavoz de DeSantis, Bryan Griffin, dijo que la “narrativa es falsa”.

Una vez más, el Tampa Bay Times está impulsando una narrativa que busca clics en lugar de hechos”, declaró. “Su activismo no tiene límites”.

El portavoz de Uthmeier, Jeremy Redfern, dijo que “la narrativa es una tontería”.

“Estoy seguro de que sus ex fiscales, cuidadosamente seleccionados y ávidos de atención, les dijeron todo lo que querían oír, pero desafortunadamente para su narrativa, las agencias del orden público no están considerando las desquiciadas teorías conspirativas del representante estatal”, dijo Redfern en un comunicado.

Ex fiscales federales y expertos en Medicaid declararon al Herald/Times que el razonamiento del estado de que los $10 millones no era dinero de Medicaid. Andrade ha dicho que los registros muestran que la administración DeSantis está reembolsando al gobierno federal su parte del acuerdo con base en los $67 millones.

Independientemente de lo que se haya devuelto, tomar $10 millones de un acuerdo de Medicaid para otras multas es probablemente un delito, dijeron los ex fiscales.

“Hay un argumento muy sólido aquí… de que esta conducta está estafando no solo a Florida, sino también a Estados Unidos”, dijo Stefan Cassella, ex fiscal federal durante 30 años, especializado en fraude al Medicaid y lavado de dinero.

Ocho posibles delitos

Con base en lo que se sabe sobre el movimiento de dinero entre organizaciones, los investigadores podrían explorar ocho cargos potenciales, según Scott Newton, ex agente del FBI y ex fiscal federal.

“La presunta conducta sugiere posibles violaciones de varias leyes federales sobre delitos graves”, declaró Newton al Herald/Times en un comunicado.

Los estatutos relacionados con el correo y el fraude electrónico son los más utilizados al investigar delitos financieros, porque el gobierno solo tiene que demostrar que el correo o la comunicación electrónica se usó de alguna manera durante un plan para estafar, dijo.

Andrade afirmó que Uthmeier indicó a las dos organizaciones sin multas de lucro que solicitaron subvenciones de $5 millones a la Fundación Hope Florida pocos días después de la donación. Mensajes de texto que Andrade obtuvo y compartidos con el Herald/Times muestran que la fundación transfirió $5 millones a una de las organizaciones sin fines de lucro días después. Se desconoce si se utiliza el Servicio Postal o empresas de transporte como UPS o FedEx en alguna de las transacciones.

“La defensa tendría la difícil tarea de defender la sincronización de dos supuestas ‘solicitudes de subvención’ casi textuales y demostrar que la serie de transferencias subsiguientes no se realizó para ocultar un fraude que implicara el envío y la conversión de fondos públicos para beneficio político personal”, dijo Newton.

Robo de programas que reciben fondos federales y robo de dinero del gobierno también podrían aplicarse, ya que los $10 millones provienen de un programa que recibe fondos federales, dijo.

“Los funcionarios públicos no pueden malversar intencionalmente fondos públicos para propio beneficio”, afirmó Newton. Añadió que la ley contra el robo de programas que reciben fondos federales se usa a menudo para enjuiciar a los funcionarios estatales que roban fondos públicos.

Las acusaciones también podrían dar lugar a cargos de fraude médico. Los fondos del Medicaid no pueden desviarse a organizaciones que luchan contra la pobreza, la cesación de la drogadicción y la recuperación, las propuestas electorales sobre el consumo recreativo de marihuana ni a actividades políticas, afirmó Newton.

“Un fiscal federal que investiga estas acusaciones podría fácilmente concluir que los fondos del acuerdo de Centene provenían del Medicaid”, dijo Newton, “y luego investigar si la serie posterior de transferencias de millones de dólares fue estafa”.

Newton dijo que otros posibles cargos incluyen conspiración para estafar a Estados Unidos, conspiración para cometer fraude postal y lavado de dinero.

‘De ninguna manera se puede ignorar’

Paul Pelletier, quien alguna vez dirigió la sección de fraude en la división penal del Departamento de Justicia, coincidió con la evaluación de Newton sobre las leyes federales que podrían haber violado.

“Cualquier malversación de fondos federales para la salud es un delito potencial”, dijo Pelletier. “Las agencias estatales claramente no tienen permitido distribuir los fondos de salud como quieran”.

Que el gobierno federal investigue el caso podría depender de las prioridades de la secretaria de Justicia Pam Bondi y de la relación a veces fría de DeSantis con el presidente Donald Trump.

Andrade afirmó que la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Florida debería investigar. La semana pasada, declaró que creía que Uthmeier y el abogado de la fundación, Jeff Aaron, “participaron en una conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico”. Aaron ha negado haber cometido nada indebido.

Un portavoz de la oficina, que no tiene un fiscal federal a cargo, se negó a hacer comentarios.

Blau, quien ayudó a crear e implementar las leyes federales contra el lavado de dinero mientras trabajaba en Miami en casos de narcotráfico de alto perfil en la década de 1980, dijo que la cantidad de dinero involucrada —$10 millones— es “tan grande que no habrá forma de ignorarla”.

DeSantis ha calificado los $10 millones como “la guinda del pastel” del acuerdo de Centene con el estado.

“Simplemente no lo entiendo”, dijo Blau. “Si formaba parte de un acuerdo con el Medicaid, entonces los $10 millones no deberían haber sido enviados a una organización benéfica. Deberían haber sido devueltos al estado de Florida”.

Dijo que el caso sería el motivo principal para una investigación del un jurado de instrucción y supuso que podría haber múltiples testigos que se podría hace que declararan a favor de la fiscalía.

“Cuando me alejo de esto y lo veo desde una perspectiva neutral”, dijo Blau, parece que hay suficiente evidencia para que este caso sea investigado a nivel federal”.

Esta historia fue publicada originalmente el 1 de mayo de 2025, 10:44 a. m. with the headline "Ex fiscales federales exponen posibles delitos en la saga de Hope Florida."