Alcaldesa de Hialeah promete reducir impuestos, pese al impacto negativo de recortes anteriores
Mientras Hialeah se prepara para las elecciones de este otoño, la alcaldesa interina Jacqueline García‑Roves, quien aspira a permanecer en el cargo, promete reducir los impuestos a la propiedad, una medida política audaz que en el pasado sumió a la ciudad en dificultades financieras.
En una conferencia de prensa el martes, García‑Roves les dijo a residentes mayores de un complejo habitacional de Hialeah que planea reducir la tasa impositiva (millage) en un 1 %. Ese recorte podría ahorrarles en promedio $306 en el próximo año fiscal, o unos $25 por mes. Sin embargo, también reduciría los ingresos de la ciudad en aproximadamente $1.3 millones.
La última vez que Hialeah redujo su tasa impositiva fue en 2013, bajo el mandato del alcalde Carlos Hernández. Esa reducción disminuyó los ingresos municipales en $3.2 millones y dejó a la ciudad luchando por recuperarse.
En ese momento, la ciudad ya enfrentaba dificultades financieras, y la disminución en la tasa provocó consecuencias graves: despidos a nivel municipal, recortes salariales obligatorios, cierre de parques y bibliotecas, eliminación de pensiones y la partida de más de cien socorristas. Más de una década después, los efectos persisten: infraestructura deterioradas, piscinas cerradas y parques deteriorados. En los últimos tres años, sin embargo, la ciudad ha comenzado a atender reparaciones largamente postergadas: reapertura de piscinas, restauración de alumbrado e impermeabilización de techos, esfuerzos ampliamente descuidados durante la administración de Hernández.
A pesar de ese historial, García‑Roves insiste en que esta vez el resultado será diferente. Su antecesor, el exalcalde Esteban Bovo Jr., quien renunció en abril, se negó a reducir la tasa durante sus tres años en el cargo. Bovo desestimó la idea como “políticamente conveniente” en una ciudad firmemente republicana y calificó de “irresponsable” una propuesta del entonces concejal Bryan Calvo para reducir la tasa.
“¿Por qué no intentamos bajar la tasa —devolverle un poco de dinero a la gente— para que no tengan que lidiar con todos estos aumentos?”, preguntó Calvo en la primera audiencia presupuestaria de septiembre de 2024, meses antes de renunciar para postularse en las primarias republicanas para tesorero del condado de Miami-Dade, carrera que finalmente perdió.
En respuesta, Bovo advirtió al concejo el año pasado que recortar impuestos podría poner en peligro la estabilidad financiera a largo plazo de la ciudad. Calvo ahora compite por la alcaldía.
“Los alcaldes del pasado cometieron un error cuando bajaron la tasa porque todos querían superarse entre sí—‘puedo hacer más con menos’,” dijo Bovo al concejo en ese momento. “Así terminan hundiendo las pensiones, perdiendo empleados—no solo el personal general. Hemos invertido mucho en policía y bomberos, y aún perdemos personal capacitado. No se trata de complacer a los empleados, se trata de mantener seguros a los residentes. “Si este Concejo adoptara la posición irresponsable de bajar la tasa por conveniencia política, pondrían a la ciudad en déficit,” añadió.
Más de $18 millones en subsidios para residentes
García‑Roves también se compromete a proteger a los residentes del aumento de los costos de servicios públicos. Su plan incluye absorber el alza en las tarifas de agua y alcantarillado impuestas por el Condado Miami-Dade, estimadas en más de $12.5 millones para el próximo año fiscal. Además, propone eliminar la tarifa de franquicia—un impuesto incluido en la factura del agua y alcantarillado que genera unos $3.7 millones anuales—y cubrir un aumento de $852.000 en las tarifas de recolección de residuos sólidos. La tarifa de franquicia fue introducida por Hernández para ayudar a compensar la presión financiera causada por una reducción anterior en la tasa impositiva. En la última década, el concejo redujo gradualmente esa tarifa del 10 % al 4 %, y fue suspendida el año pasado bajo la administración de Bovo. Ahora, García‑Roves propone eliminarla completamente.
Las propuestas de García‑Roves reducirían los ingresos de la ciudad en más de $18.3 millones. Ella asegura que la ciudad puede financiarlo gracias a un superávit presupuestario reportado de más de $61 millones. Sin embargo, el presupuesto que propuso muestra solo $49.3 millones en reservas disponibles.
Durante la conferencia de prensa, García‑Roves dijo que pidió a cada director de departamento que reduzca sus costos “para traerme un ahorro del 5 %, mostrarme dónde van a ahorrar, cómo pueden ahorrar, y así se recuperará el dinero.” Cuando se le preguntó si los socorristas o los parques sufrirían recortes como hace una década, respondió que no—aunque no detalló qué departamentos serían afectados.
El presupuesto propuesto en el sitio web de la ciudad contempla gastos operativos por $471.7 millones, lo que representa una disminución del 11.8 % con respecto al año en curso, $13.8 millones menos que el presupuesto adoptado para 2025. Sin embargo, ese presupuesto asume que la tasa impositiva se mantenga sin cambios. Si la propuesta de García‑Roves para reducirla es aprobada por el concejo, el presupuesto se reduciría aún más.
García‑Roves dijo al Herald que el presupuesto propuesto no incluye la reducción de tasa porque la ciudad estaba elaborando el plan en base a lo que era realmente posible—no necesariamente lo más deseable. “Si va a suceder,” añadió, “tiene que decidirlo el concejo.”
Su propuesta requerirá el apoyo de al menos cuatro de los seis concejales durante las audiencias presupuestarias de septiembre. El concejo sigue dividido 3–3 tras la incapacidad de la alcaldesa interina en asegurar el nombramiento de un miembro que rompiera el empate.
Cuatro concejales están en campaña este año, incluido Jesús Tundidor, quien compite contra García‑Roves por la alcaldía. Algunos concejales, como Luis Rodríguez—en busca de reelección—y Mónica Pérez—reelegida en 2023—han criticado el impacto de la crisis financiera pasada en los parques y servicios de la ciudad.
Los otros dos concejales en la boleta electoral, Melinda De La Vega y Juan Junco, fueron nombrados el año pasado y ahora compiten por el mismo escaño. Ninguno ha abordado públicamente la crisis financiera del pasado, pero el año pasado todos los concejales—excepto Calvo—votaron a favor del presupuesto de entonces alcalde Bovo, que mantuvo la tasa impositiva sin cambios. Junco no era concejal en ese momento.
Adicional a los subsidios propuestos, Hialeah enfrenta una demanda de Miami-Dade por facturas impagas de agua y alcantarillado que ascienden a $18 millones. Aunque García‑Roves ha declarado públicamente que la ciudad no pagará la cantidad disputada, el resultado de la demanda podría aumentar las obligaciones financieras.
Eric Johnson, presidente del sindicato de bomberos de Hialeah—quien con frecuencia recuerda a los líderes municipales la crisis financiera tras la última reducción de la tasa—dijo al Herald que la propuesta de García‑Roves, si bien “suena bien como declaración política,” “[colocaría] a la ciudad en un déficit presupuestario, como lo hizo bajo Carlos Hernández, que dejó la ciudad en ruinas financieras.”
Johnson afirmó que la ciudad parece priorizar la política sobre el bienestar público—algo que, dijo, Bovo “se negó a hacer.”
“¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer hoy por un mañana financieramente segura?” preguntó Johnson. “¿Unos pocos dólares por hogar al año? ¿Vale la pena cerrar parques para nuestros niños? ¿Vale la pena reducir la seguridad pública, donde segundos podrían cambiar el curso de vidas?”
