Investigan a firma de Miami por millones vinculados con presuntos cleptócratas venezolanos
Nacido en Japón y criado en Europa, Justin Lowe es la personificación del hombre de negocios internacional. Graduado de la London School of Economics y con cuatro idiomas, Lowe vive con su esposa argentina, una diseñadora de joyas, en un rascacielos decorado con arte y con vistas al enclave más moderno de Miami, Coconut Grove.
Aunque tiene una formación más prosaica, Mark Coffey también conoce el mundo de las inversiones de alto riesgo. Es la quintaesencia del sur y procede de Hickory, Carolina del Norte, una ciudad conocida por sus fabricantes de muebles clásicos americanos, donde Coffey estudió en una pequeña universidad de artes liberales.
Ya habían trabajado juntos una vez, así que en 2019 Lowe reclutó a Coffey para que se uniera a Avenir Private Advisors, una nueva firma de gestión con sede en Miami que aspiraba a cultivar una clientela de prósperos inversionistas de Estados Unidos y del extranjero. Como jefe de cumplimiento, la función de Coffey era garantizar que Avenir cumpliera las reglas como asesor de inversiones y que el dinero de sus clientes estuviera limpio: no contaminado por la corrupción cleptocrática, el contrabando de drogas u otras actividades ilegales.
A los pocos meses de su contratación, según Coffey y en una denuncia que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), sonaron las alarmas por la administración de Avenir de una cuenta de $70 millones controlada por una oscura compañía de seguros de Barbados. Energy Risk Indemnity (ERI) era, por mucho, el mayor cliente de Avenir. Tal y como se expone en la denuncia, Coffey sospechaba que ERI había desviado ilegalmente el dinero de la notoriamente corrupta compañía petrolera nacional de Venezuela, al igual que en tantos casos penales federales en los que se acusa a venezolanos bien conectados de trasladar fondos gubernamentales malversados al sur de la Florida y a otras partes de Estados Unidos.
Las espinosas preguntas de Coffey conducirían a su despido, a la denuncia ante la SEC y a una investigación penal federal por parte del Departamento de Justicia sobre las acusaciones del complejo lavado de dinero internacional.
Además de Lowe, el elenco de personajes bajo escrutinio federal incluye a un misterioso empresario venezolano que está detrás de la empresa de Barbados y que puede o no ser un fugitivo de delitos financieros internacionales; bancos de Europa y África sospechosos en anteriores escándalos de lavado de dinero; dos gigantes estadounidenses de la inversión, Morgan Stanley e Interactive Brokers; y un empresario francés de linaje aristocrático que era socio de Lowe y tenía un curioso plan para comprar la empresa de Barbados con su propio dinero.
Las acusaciones de posibles violaciones de valores y de lavado de dinero contenidas en la denuncia de la SEC parecen girar en torno a una interrogante: ¿Sabían Lowe y el copropietario de Avenir, Jean-Francois de Clermont-Tonnerre, que los millones de ERI podían proceder de contratos ilícitos con la compañía petrolera nacional de Venezuela? Eso haría que el dinero fuera sucio y estuviera fuera de los límites de los sistemas bancarios y de valores de Estados Unidos, según la ley federal.
Coffey y sus abogados argumentan que sí, citando alertas oficiales de lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, otras advertencias, reportes publicados en los medios de comunicación y registros del gobierno que se remontan a años atrás, así como correos electrónicos y mensajes de texto relacionados con Lowe que fueron proporcionados al Miami Herald.
En una entrevista en la que explicaba su denuncia, Coffey dijo que sospechaba que el cliente de Avenir, ERI, había obtenido millones de los contratos gubernamentales con la compañía petrolera nacional de Venezuela y que su propietario podría haber ocultado ese dinero por todo el mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos y, en última instancia, Mauricio, una isla frente a la costa de África. Allí es donde ERI finalmente transfirió casi $70 millones después de liquidar su cuenta en Estados Unidos en Interactive Brokers en 2019.
“Todo fue una actividad muy sospechosa”, dijo Coffey al Herald a principios de este mes.
Sus abogados dijeron que la conducta de Lowe “no era propia de un error inocente”.
“Los registros muestran que Lowe era consciente de que los fondos de ERI eran de alto riesgo y aun así procedió con el francés a transferir los fondos”, dijeron los abogados de Coffey, Patrick Mincey y Phil Brewster. “Si Coffey no hubiera dicho nada, todo indica que Lowe y De Clermont-Tonnerre probablemente seguirían involucrados en un esquema similar de lavado de dinero en la industria de valores de Estados Unidos”.
Lowe y De Clermont-Tonnerre, un inversor y filántropo que era copropietario de Avenir, insisten en lo contrario, diciendo que hicieron su “debida diligencia” sobre ERI y sus fondos. “Hicimos nuestro trabajo”, dijo Lowe al Herald.
Ambos pintan a Coffey como un ex empleado descontento con Avenir que busca dinero por su denuncia ante la SEC, una posibilidad si la agencia presenta cargos civiles y cobra alguna multa. Ambos acusaron a Coffey de buscar venganza arrastrando a Lowe, De Clermont-Tonnerre y a otros en lo que llaman una investigación federal injustificada.
Lowe dijo que toda la experiencia le hizo perder la confianza en el sector de la inversión en valores. Avenir Private Advisors dejó de hacer negocios en 2020. “Salí del negocio el año pasado”, dijo. “Nunca voy a volver”.
Conocer a tu cliente es la ley
En la última década, las autoridades estadounidenses han intensificado los procesos contra empresarios estadounidenses y extranjeros sospechosos de realizar transacciones corruptas, especialmente relacionadas con contratos gubernamentales. Los beneficios de la malversación se trasladan a menudo a través de empresas ficticias extraterritoriales y a cuentas bancarias estadounidenses para ocultar a los verdaderos propietarios de los fondos, como se ilustra en una serie de artículos titulada Pandora Papers que se publicó este mes.
En los últimos años, funcionarios y empresarios venezolanos han sido objetivos frecuentes de los fiscales federales. Docenas han estado implicados en casos de corrupción y lavado de dinero en el extranjero, relacionados con miles de millones de ingresos del petróleo desviados ilegalmente a Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo, donde los cleptócratas han tratado de ocultar el botín comprando de todo, desde lujosos condominios en el sur de la Florida hasta coches exóticos, joyas y obras de arte. Para subrayar la corrupción que reina en Venezuela, el gobierno estadounidense llegó a prohibir a cualquier persona en Estados Unidos hacer negocios con la compañía petrolera estatal, conocida como PDVSA.
Según la legislación estadounidense, principalmente la Ley de Secreto Bancario de los años 70, las instituciones financieras, los corredores de valores y los asesores de inversión también están obligados a establecer programas para evaluar los riesgos de aceptar nuevos clientes con fondos sospechosos. Si no detectan, reportan o impiden el lavado de dinero, los bancos y los corredores pueden enfrentarse a sanciones civiles o a cargos penales.
John Byrne, director de AML RightSource, con sede en Cleveland, una empresa internacional especializada en el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero, dijo que “conocer al cliente es esencial” para proteger a la comunidad de inversores y a la sociedad en su conjunto.
“Los numerosos elementos de la Ley de Secreto Bancario, y las leyes relacionadas, se promulgaron para garantizar que cualquier entidad con una huella financiera comprenda el origen de los fondos y hacia dónde se dirigen”, dijo Byrne al Herald. “Las instituciones financieras entienden que existe una obligación legal, y francamente moral, de proteger a la sociedad de cualquier movimiento de fondos ilícitos”.
Por lo tanto, cualquier gran cantidad de dinero que se mueva a través de los mercados financieros globales con vínculos a la compañía petrolera nacional de Venezuela es probable que atraiga el escrutinio. El dinero de ERI, con sede en Barbados, ciertamente lo hizo.
El mes pasado, el Wall Street Journal fue el primero en publicar un reportaje sobre la denuncia de Coffey y la investigación penal federal sobre Avenir, sus propietarios, Interactive Brokers, Morgan Stanley y otros por su manejo de los fondos de ERI. Los registros obtenidos por el Herald también confirman las investigaciones federales en curso sobre valores y lavado de dinero.
La SEC en Washington DC, y la fiscalía federal en Charlotte, que está investigando las acusaciones de Coffey, declinaron hablar de sus investigaciones o hacer comentarios para este reportaje.
Las dos grandes empresas nacionales de inversión en valores que habían manejado anteriormente los millones de ERI defendieron su supervisión. Morgan Stanley, la empresa de servicios financieros con sede en Nueva York, dijo que no ha sido acusada por el gobierno de haber actuado mal en el caso.
“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y reglamentarias y tenemos procesos rigurosos para garantizar su cumplimiento”, le dijo Morgan Stanley al Herald.
Interactive Brokers declinó hacer comentarios para el reportaje del Herald, pero dijo al Journal que “está comprometido con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables”.
Un largo y sinuoso rastro de dinero
El caso de ERI, como mínimo, muestra cómo los millones sospechosos pueden ser barajados por todo el mundo, supuestamente buscando un lugar de lavado. Puede ser un reto rastrear el origen de los fondos, pero había muchas banderas rojas revoloteando alrededor de ERI.
Mucho antes de convertirse en el mayor cliente de Avenir, ERI estaba en el radar de los reguladores financieros de Estados Unidos y otros países. Se sospechaba que la empresa, junto con otras firmas ficticias, había desviado hasta $2,000 millones procedentes de negocios supuestamente corruptos con la petrolera venezolana, según reportes publicados y registros oficiales.
Esa enorme suma se depositó inicialmente en la Banca Privada de Andorra, en el pequeño principado europeo, según la división reguladora del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN. En 2015, el FinCEN emitió una alerta pública sobre el banco andorrano, calificándolo de “institución financiera extranjera de principal preocupación en materia de lavado de dinero”. La alerta —disponible para las instituciones financieras y el público— también citaba a “terceros venezolanos que lavan dinero”, aunque no mencionaba al ERI, a su propietario ni a nadie más por su nombre.
En 2016, Morgan Stanley señaló por primera vez a ERI en lo que se conoce como un “reporte de actividad sospechosa” (SAR) que se presentó a FinCEN, detallando “un nexo de cleptocracia o corrupción pública de alto nivel” entre empresarios venezolanos con conexiones políticas y el banco andorrano que implicaba el “lavado de dinero”.
El reporte de Morgan Stanley nombraba a ERI y a su propietario, Luis Mariano Rodríguez Cabello, un gestor de negocios descrito como “asociado clave del magnate petrolero [venezolano]” Diego José Salazar Carreño. Salazar, que supuestamente realizó muchos tratos con el gobierno venezolano, es descrito en el reporte como primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de PDVSA durante mucho tiempo y ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.
Según el SAR, Morgan Stanley informó que la cuenta de ERI recibió $107.5 millones en 15 transferencias bancarias desde el banco de Andorra entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, una parte de esos $2,000 millones en ganancias vinculadas al “escándalo de lavado de dinero” del banco andorrano y a un “esquema de sobornos que involucra a funcionarios del gobierno”.
Aunque el reporte e Morgan Stanley al Departamento del Tesoro de Estados Unidos era condenatorio, también era confidencial, sellado a la vista del público hasta que se filtró el año pasado a los medios de comunicación. El Herald recibió una copia del reporte de Morgan Stanley, pero Lowe dijo que no tenía conocimiento de él ni de sus alegaciones cuando Avenir administraba la cuenta de inversión de ERI en 2019.
En 2017, sin embargo, la conexión de ERI con Venezuela se hizo pública. La administración del presidente Nicolás Maduro arrestó a Salazar por cargos de corrupción después de que su primo, Ramírez, el ex presidente de PDVSA, rompiera con el gobierno de Maduro y abandonara el país. El propietario de ERI, Rodríguez, que para entonces vivía en España y era considerado un fugitivo en Venezuela, también era buscado en relación con el mismo caso de soborno y malversación, según los reportes publicados. Al año siguiente, las autoridades andorranas acusaron a Salazar, Rodríguez y a un puñado de ex funcionarios venezolanos de alto rango de corrupción y de dirigir lo que se sospechaba que era dinero del petróleo robado a través del banco privado andorrano, según los registros gubernamentales y reportes publicados.
No fue posible contactar a Salazar, Rodríguez y la oficina del ERI en Barbados para que hicieran comentarios para este reportaje. Rodríguez, que controlaba la cuenta del ERI, sigue siendo un hombre un poco misterioso, ya que su paradero y su situación legal no están exactamente claros. A pesar de los reportes de los medios de comunicación sobre los cargos financieros en Andorra y Venezuela —que normalmente atraerían el escrutinio de los departamentos de cumplimiento de las empresas de inversión—, los abogados venezolanos y españoles de Rodríguez dijeron en declaraciones al Herald que nunca se ha enfrentado a cargos penales en ningún lugar.
Después de que Morgan Stanley cerrara la cuenta de ERI en 2016, Rodríguez retiró posteriormente los fondos, pero los mantuvo con el mismo corredor de valores que había manejado la cuenta de la compañía mientras estaba en Morgan Stanley. El corredor, Sócrates Cruz, también había tenido problemas con su empleador por un asunto no relacionado con ERI. Renunció a Morgan Stanley por no revelar información sobre sus inversiones inmobiliarias en Colombia y Miami, según los registros de la SEC. Cruz no pudo ser contactado para hacer comentarios.
En 2018, Cruz llevó la cuenta de ERI de Rodríguez a Capital Guardian Wealth Management, una firma asesora de inversiones que entonces era copropiedad de Lowe y De Clermont-Tonnerre. El empresario francés, descendiente de una familia noble, había estado en un internado con Lowe en Suiza y también conocía al propietario venezolano de ERI, Rodríguez.
Pero ese mismo año, la división de corretaje de Capital Guardian enfrentó a los organismos de control financiero por un asunto que también tenía relación con Venezuela. Fue expulsada de FINRA, una organización estadounidense sin ánimo de lucro encargada de proteger a los inversores y que regula los mercados de valores y de divisas. A Capital Guardian se le prohibió prestar servicios de corretaje por no haber pagado una multa de $125,000 impuesta por FINRA por haber movido sospechosamente dinero dentro y fuera de cuentas de clientes que tenían bonos del gobierno venezolano, según los registros de FINRA.
Tras ese revés, Lowe y De Clermont-Tonnerre crearon una nueva empresa de inversión, Avenir Private Advisors, para hacerse cargo de la cuenta de ERI. Avenir colocó entonces unos $70 millones de los fondos de ERI en diversas inversiones con el mayor corredor de valores en línea del país, Interactive Brokers.
Aumentan dudas sobre cumplimiento de la normativa
Para ayudar a la nueva firma a navegar por la complejidad de las leyes financieras, en 2019 Lowe recurrió a un antiguo colega, Coffey, que tenía varias licencias de valores y experiencia como oficial de cumplimiento. Coffey había trabajado para la antigua empresa de Lowe, Capital Guardian, como asesor de inversiones desde una oficina en Hickory, Carolina del Norte, aunque rara vez se habían cruzado.
No pasó mucho tiempo antes que las preguntas comenzaran a acumularse, según Coffey y su denuncia ante la SEC.
Ese verano, Coffey confrontó a Lowe por una serie de cinco transferencias bancarias a cuentas extranjeras, entre ellas al paraíso fiscal de Mauricio, según los documentos presentados en la investigación de la SEC. El resultado fue la liquidación de casi todos los fondos de ERI bajo la gestión de Avenir. Las transferencias ascendieron a un total de $68.6 millones, según la denuncia de Coffey ante la SEC.
En la denuncia ante la SEC y en las entrevistas, Coffey dijo que vio una serie de “banderas rojas de alerta” –las grandes transferencias bancarias, el uso de un tercer banco extranjero y los orígenes sospechosos de los fondos de ERI– consideradas como posibles señales de lavado de dinero.
Lowe rechazó esas acusaciones en entrevistas con el Herald. Dijo que él y De Clermont-Tonnerre habían investigado a ERI y a su propietario, Rodríguez, antes de hacerse cargo de su cuenta de valores. A pesar de la cobertura informativa anterior, Lowe dijo que no sabía nada de los tratos sospechosos de ERI con el gobierno venezolano. La alerta del FinCEN, emitida a través de la oficina de información pública de la agencia en 2015, sobre una trama de lavado de dinero en la que estaban implicados empresarios venezolanos no identificados y el banco andorrano tampoco hizo saltar las alarmas. La alerta más preocupante de Morgan Stanley, que sí daba nombres, permaneció sellada en su momento.
“No supe hasta después de los hechos que [Rodríguez del ERI] tenía problemas con el gobierno venezolano”, dijo Lowe al Herald.
En marzo de 2019, justo antes de que Avenir aprobara la primera transferencia de fondos del ERI al extranjero, un mensaje de texto que Lowe envió parece contradecir esa línea de tiempo. En un chat grupal de WhatsApp proporcionado al Herald por Coffey, Lowe expresó su preocupación por el propietario de ERI, diciendo a los asociados de Avenir que “Luis [Rodríguez] está en la lista de los más buscados por [el presidente venezolano] Maduro y han estado tratando de extraditarlo desde España sin éxito, ya que simplemente se oponía al gobierno”.
Al preguntarle sobre ese mensaje de texto, Lowe dijo que veía los problemas de Rodríguez en Venezuela como “políticos”. Dijo que simplemente estaba transmitiendo información “nueva para mí” que había escuchado de Cruz, el corredor de valores que había llevado la cuenta de ERI a Avenir.
Pese a la preocupación suscitada en ese texto, Lowe y De Clermont-Tonnerre empezaron a autorizar transferencias de fondos de ERI en Interactive Brokers en Estados Unidos a bancos en Europa y Mauricio, según la denuncia de la SEC y Lowe.
Los abogados de Coffey citaron registros corporativos, estados financieros y correspondencia para argumentar que Lowe, De Clermont-Tonnerre y Rodríguez colaboraron para mover los fondos de ERI fuera de Estados Unidos.
Sumando a las sospechas de Coffey, él y sus abogados dijeron que el propósito detrás de las transferencias de ERI a los bancos extranjeros en 2019 era permitir que Rodríguez vendiera su compañía al socio de Lowe, De Clermont-Tonnerre, y a otro comprador. La denuncia de Coffey ante la SEC alega que la venta fue “totalmente financiada por” Rodríguez.
Los abogados de Coffey dijeron que De Clermont-Tonnerre utilizó el dinero de ERI que tenía en Interactive Brokers para “comprar” la empresa a Rodríguez en una serie de transacciones que tenían la apariencia de “estratificación”. Según los expertos, se trata de una técnica habitual en las tramas de lavado de dinero, con transacciones diseñadas para ocultar los vínculos con el propietario original de los fondos.
Fuera de Avenir
Coffey dijo que se serenó lentamente durante el verano de 2019 en North Carolina, y finalmente planteó sus preguntas ese agosto después de que Lowe regresara de un viaje de verano de la familia extendida a Europa. Más allá de las transferencias de ERI y el plan de De Clermont-Tonnerre para comprar la compañía de Barbados, Coffey también dijo que estaba preocupado por una comisión de gestión adicional de $2 millones que ERI pagó a Avenir, una cantidad inusualmente grande por menos de un año de servicios.
Al mes siguiente, Lowe viajó a Carolina del Norte para una reunión sobre las cuestiones de cumplimiento.
Después de la reunión no concluyente, Coffey dijo que seguía preocupado por las posibles transacciones ilegales, por lo que canceló el acceso de Lowe a las cuentas de Avenir en Interactive Brokers y otras dos empresas de valores, Raymond James y Charles Schwab. Lowe dijo que le sorprendieron las acciones de Coffey.
Coffey dijo que luego rechazó las instrucciones para hacer una última transferencia de $2 millones de Interactive Brokers al banco de Mauricio e inmediatamente después se puso en contacto con la SEC a finales de septiembre de 2019. Al mes siguiente, Lowe despidió a Coffey, acusándolo en una carta de administrar mal la firma, violar los deberes fiduciarios y fabricar acusaciones de fraude.
En su denuncia ante la SEC, presentada en diciembre de 2019, Coffey acusa a Lowe, De Clermont-Tonnerre, Rodríguez e Interactive Brokers de cometer violaciones de valores, incluyendo la aceptación de fondos ilícitos de ERI y no presentar la documentación adecuada en las transferencias bancarias a un banco de terceros, junto con la recepción de honorarios de gestión excesivos como “sobornos” para ayudar en las transacciones.
Avenir defiende la ‘diligencia debida’
Tanto Lowe como De Clermont-Tonnerre insisten en que actuaron de buena fe y nunca violaron a sabiendas ninguna ley financiera.
Lowe defendió su conducta y respondió por su viejo amigo. Negó que ERI hubiera pagado comisiones excesivas o que Avenir hubiera tramado eludir cualquier prohibición de valores de Estados Unidos sobre el manejo de dinero vinculado a la compañía petrolera nacional venezolana. Dijo que ERI había transferido los fondos desde su cuenta de Interactive Brokers a las cuentas bancarias extranjeras de la empresa bajo el mismo nombre corporativo y que no estaba tratando de ocultar nada sobre la transacción.
“Creemos que actuamos con la debida diligencia conforme a la Ley de Asesores de Inversión”, declaró al Herald.
Un portavoz de De Clermont-Tonnerre también argumentó que el empresario francés adoptó las medidas adecuadas para determinar que ERI era “legítima”.
“Siempre hemos llevado a cabo nuestros negocios de forma ética y de acuerdo con los requisitos legales”, dijo el portavoz en un comunicado. “La diligencia debida en curso, incluyendo varias garantías de terceros y divulgaciones legales, nos ha satisfecho constantemente de que esta era una cuenta legítima”.
El portavoz también dijo que su cliente estaba seguro de que el propietario de ERI, Rodríguez, no era perseguido por problemas legales, proporcionando una declaración de un abogado de Caracas que afirma que Rodríguez no fue investigado o acusado por “la comisión de cualquier delito en la Unión Europea” y que la solicitud de extradición de Venezuela para él desde España fue negada en 2019.
“Luis Mariano Rodríguez no tiene antecedentes penales”, escribió un abogado venezolano en la declaración de marzo de 2021. “Tampoco ha sido sometido a prisión preventiva”.
El portavoz de De Clermont-Tonnerre también proporcionó una declaración de noviembre de 2018 de un abogado español de Rodríguez, diciendo que “mi cliente no tiene ninguna orden de detención en España” y “está residiendo libremente en su casa en Madrid”. Reportes más recientes sugieren que Rodríguez también podría estar viviendo en Líbano.
En cuanto a la investigación de la SEC, Lowe dijo que había estado en contacto con su oficina regional de Miami a principios de 2020, y que creía que su investigación de Avenir había concluido porque no había tenido noticias de la agencia durante más de un año.
Pero en una carta de marzo de 2020 dirigida a Lowe, los examinadores de la SEC le advirtieron que, aparte de un asunto de honorarios de gestión no relacionado con la cuenta de ERI, “no debería concluir que ninguna de las actividades [de Avenir] ... cumple plenamente con las leyes federales de valores”.
El redactor de El Nuevo Herald Antonio María Delgado contribuyó a este artículo.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de octubre de 2021, 1:19 p. m..