Política de mano dura contra inmigrantes comenzó el verano pasado

El presidente Donald Trump inauguró la semana pasada una política de mano dura contra los inmigrantes, ordenando la construcción inmediata de un muro en la frontera con México, frenando la entrada de refugiados, visitantes y otros viajeros y amenazando a las ciudades santuario con la pérdida de fondos federales.

Pero el endurecimiento de la política migratoria en realidad comenzó sigilosamente el verano pasado aún bajo el mandato del presidente Barack Obama, quien antes de dejar el cargo inició el giro de línea dura con la sorpresiva derogación de la política de pies secos/pies mojados que acogía a los cubanos sin visa.

Es claro que los acuerdos migratorios de Obama con Cuba en sus últimos días en el poder y las órdenes ejecutivas de Trump en sus primeros días en la Casa Blanca, han hecho de la inmigración-- quizás por primera vez en la historia del país --el eje central de todo lo que atañe a Estados Unidos, desde decisiones empresariales hasta decisiones sobre si viajar al extranjero.

Lo que está pasando es aún más notable porque ocurre en aeropuertos y puestos fronterizos donde los viajeros demorados, detenidos o a quienes se les prohíbe entrar están sujetos a la autoridad básicamente irrestricta de agentes fronterizos, quienes no dan acceso a abogados porque teóricamente los extranjeros aún se encuentran fuera del país y por ende sin plenos derechos constitucionales.

Pero lo que ocurrió el fin de semana en aeropuertos y puestos fronterizos fue muy similar a lo que sucedió el 12 de enero, cuando Obama revocó pies secos/pies mojados, dejando varados fuera de Estados Unidos a miles de cubanos sin visa para entrar al país.

Aunque muchos cubanos cifraron sus esperanzas en que Trump revirtiera las acciones de Obama, esto no ha ocurrido. Al contrario, la mano dura migratoria de Trump se amplió contra miles de otros viajeros cuando el viernes el nuevo presidente firmó su histórica orden ejecutiva prohibiendo temporalmente la entrada a refugiados y a viajeros de por lo menos siete países mayormente musulmanes.

Luego que la decisión de Trump causó caos y confusión, funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunciaron una modificación de la nueva política: que esta no afectaría más a los viajeros que lleguen con tarjetas verdes (green cards) de residencia permanente-- aunque estos aún podrían ser demorados para un escrutinio más a fondo de sus antecedentes.

COMENZARON A RECHAZAR VIAJEROS EN 2016

Un indicio o preludio de la crisis migratoria se notó por primera vez el verano pasado.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes han descubierto evidencia de que por lo menos desde julio del año pasado los agentes migratorios asignados a puestos fronterizos desde San Diego, California hasta Brownsville, Texas empezaron a rechazar la entrada de centroamericanos, mexicanos y algunos cubanos-- aún si existir entonces ninguna orden ejecutiva sobre estos viajeros.

Una extensa queja enviada por el grupo American Immigration Council (AIC) a DHS el 13 de enero muestra cómo decenas de centroamericanos y mexicanos que huían de sus países fueron rechazados en diferentes puestos fronterizos.

Una denuncia separada contenía el testimonio de un cubano quien también fue bloqueado en un puesto fronterizo frente a Tijuana, México, en julio del 2016. El cubano, quien se identificó como el ingeniero Alain González, le envió un mensaje al reportero Mario Vallejo de Univisión 23 el 12 de julio del 2016 informándole que había tratado de entrar a Estados Unidos por un puesto fronterizo frente a Tijuana y que los funcionarios estadounidenses lo habían rechazado.

“Estimado Sr. Mario Vallejo“, dice el mensaje, “estoy en la frontera Tijuana San Diego en la garita migratoria de San Ysidro y los oficiales de emigración se negaron a darme asilo político a través de la Ley de Ajuste Cubano violando una ley del Congreso norteamericano”.

Cuando Vallejo le preguntó que fue lo que los funcionarios migratorios le habían dicho, González respondió: “Que tienen muchas solicitudes. Que debo ir a un asilo en México y ahí esperar a que las autoridades mexicanas me manden”.

Una vocera de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Jackie Wasiluk, negó en un mensaje a el Nuevo Herald que hubiera habido algún cambio de política.

“Tenemos personas de muchas nacionalidades que arriban al puerto de entrada de San Ysidro y que no tienen los documentos legales requeridos para entrar a los Estados Unidos y procesamos cada individuo caso por caso”, dijo Wasiluk.

Pero lo que le pasó a González es similar a lo que le ocurrió a un ex policía mexicano que también intento cruzar la frontera por el mismo lugar un día antes-- el 11 de julio del 2016.

El mexicano, identificado en la queja de AIC solamente por las iniciales L.R.G, se presentó en la garita de San Ysidro para pedir asilo por sentirse perseguido por sicarios de un cartel de narcotráfico en México.

Debido a heridas sufridas en una agresión, L.R.G. se encontraba en una silla de ruedas esperando ser atendido, según la queja de AIC.

“Le mostré al funcionario los papeles del hospital y que estaba pidiendo asilo para mi padre”, según la hija de L.R.G. citada en la queja. “El funcionario dijo ‘no estamos aceptando a nadie más’ ”.

L.R.G. y su hija intentaron cruzar varias veces por San Ysidro y una garita cercana en Otay Mesa, pero en ninguna los aceptaron y tuvieron que regresar a México, según la denuncia.

De acuerdo con la queja de AIC, lo mismo les ocurrió a muchos centroamericanos que se acercaban a las garitas migratorias a lo largo de la frontera desde julio hasta finales del 2016.

“No ha habido ningún cambio de política que afecte los procedimientos de asilo, que se basan en la ley internacional encaminada a proteger algunas de las personas más vulnerables y perseguidas”, dijo Mucia Dovalina, vocera de CBP en Laredo, Texas. “No toleramos ningún tipo de abuso”.

Además de limitar la entrada de refugiados, Trump también ha amenazado con cortar fondos federales a las llamadas ciudades santuario que se rehúsan a colaborar con autoridades migratorias.

Debido a esa amenaza, el jueves el alcalde Carlos Giménez de Miami-Dade ordenó a todos los reclusorios condales a colaborar con ICE y cumplir con sus solicitudes de no liberar bajo fianza a extranjeros que pudieran ser deportables.

Esta historia fue publicada originalmente el 30 de enero de 2017, 1:15 p. m. with the headline "Política de mano dura contra inmigrantes comenzó el verano pasado."